El ministro de Cultura israelí plantea retirar la nacionalidad a dos cineastas que denuncian en un documental los ataques contra civiles palestinos, mientras responsables del Gobierno presionan al sector cultural y avanzan en una reforma de los medios. Al mismo tiempo, la policía rechaza investigar por incitación al genocidio discursos televisivos que reclaman bombardear Gaza indiscriminadamente o expulsar a su población.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu intensifica su ofensiva contra las voces israelíes que cuestionan la actuación del Ejército en Gaza. El último episodio tiene como protagonistas a los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, cuyo documental NAZA acaba de recibir el Premio del Jurado y una ovación excepcional en la Mostra de Venecia. El ministro de Cultura, Miki Zohar, ha respondido planteando la posibilidad de retirarles la nacionalidad israelí y acusándolos de «traición al Estado». La película recoge testimonios de miembros de los servicios de inteligencia que sostienen que operaciones militares israelíes habrían atacado deliberadamente a civiles palestinos.
Zohar ha invocado una disposición legal que permite revocar la nacionalidad cuando una persona haya cometido un acto de «deslealtad hacia el Estado de Israel». Se trata de una medida excepcional que hasta ahora se ha utilizado en supuestos relacionados con actos, ayuda o incitación al terrorismo. El ministro considera NAZA una película «despreciable» y acusa a sus autores de buscar los «aplausos de los antisemitas del mundo entero». La amenaza llega después de meses de enfrentamiento entre el responsable de Cultura y una parte del cine israelí que ha convertido la ocupación y la guerra en objeto de sus películas.
El cine crítico, en el punto de mira
Abraham y Szor ya habían sufrido las críticas de Zohar por No Other Land, el documental sobre la colonización israelí en Cisjordania que ganó el Óscar en 2025. El ministro calificó entonces el premio de «momento triste para el mundo del cine» y pidió a los responsables de filmotecas e instituciones culturales israelíes que boicotearan la obra. La ofensiva no quedó limitada a las declaraciones públicas y terminó alcanzando también los mecanismos de financiación del sector.
Zohar, ministro de Cultura y Deportes desde 2022, interrumpió en 2025 la financiación pública de los premios Ophir, los principales galardones cinematográficos israelíes. La decisión coincidió con el reconocimiento como mejor película de The Sea, un drama protagonizado por un niño palestino que debía representar posteriormente a Israel en la carrera hacia los Óscar. El Gobierno ha convertido así la financiación cultural en otro terreno de enfrentamiento con las producciones que proyectan una imagen del país alejada del relato defendido por el Ejecutivo.
La presión ha aumentado durante los últimos meses. A comienzos de julio, Zohar promovió para las primarias del Likud un vídeo de campaña que parodiaba a cineastas críticos mostrándolos mientras organizaban falsas atrocidades contra palestinos. El ministro aprovechaba la pieza para prometer una reorientación de los fondos públicos que impidiera que el cine continuara, según su formulación, ensuciando la imagen del Ejército israelí. Los profesionales del sector sufren al mismo tiempo el creciente boicot internacional relacionado con la guerra de Gaza.
Llamamientos a bombardear sin distinción
El rigor que el Gobierno pretende aplicar a las expresiones críticas contrasta con el tratamiento recibido por discursos radicales contra los palestinos en la televisión israelí. El canal 14, convertido en uno de los principales altavoces mediáticos de la derecha que respalda a Netanyahu, ofrece regularmente espacio a responsables políticos, periodistas y tertulianos que defienden posiciones extremas sobre Gaza.
Entre ellos se encuentra Yaakov Bardugo, una de las figuras del canal y elegido para ocupar un puesto con posibilidades de resultar electo en la candidatura de Netanyahu. «Debemos bombardear sin distinción», afirmó al referirse a Gaza. Bardugo lamentó que el Ejército distinguiera entre objetivos y añadió que hacerlo no le parecía «una buena cosa». No es el único ejemplo de discursos de esta naturaleza difundidos por la cadena.
Un periodista llegó a expresar su indiferencia ante la posibilidad de que los habitantes de Gaza murieran de hambre. Otro invitado sostuvo que «la mayor justicia» llegaría cuando el enclave quedara «libre de gazatíes». Las expresiones se producen mientras el Gobierno israelí mantiene una fuerte presión sobre quienes cuestionan públicamente la conducta de sus Fuerzas Armadas y responsables políticos recurren a acusaciones de deslealtad o antisemitismo contra los críticos.
La policía no investigará la incitación al genocidio
Tres organizaciones no gubernamentales israelíes denunciaron ya en 2024 algunos de estos discursos por considerar que podían constituir incitación al genocidio, una conducta castigada también por la legislación penal israelí. La policía judicial ha comunicado ahora al Tribunal Supremo que no abrirá una investigación sobre las denuncias. La decisión adquiere especial relevancia porque el cuerpo policial se encuentra bajo la responsabilidad política del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.
La negativa tiene además una posible dimensión internacional. Israel ha esgrimido ante la Corte Internacional de Justicia la existencia de mecanismos internos para perseguir penalmente los llamamientos al genocidio como parte de su defensa frente al procedimiento abierto por la guerra de Gaza. La decisión policial de no investigar los discursos denunciados puede entrar en tensión con ese argumento, según las interpretaciones jurídicas recogidas tras conocerse la respuesta de las autoridades.
La batalla por el relato alcanza también a la estructura del sistema audiovisual. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, miembro del Likud, ha conseguido que una controvertida reforma de los medios supere su primera lectura parlamentaria. Sus críticos consideran que los cambios aumentarán la influencia gubernamental sobre el sector y reducirán la independencia de los organismos reguladores, en un momento especialmente sensible por la proximidad de las elecciones israelíes.
NAZA llegará a los cines suizos el 30 de septiembre, pocos días antes del aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y en plena campaña para las elecciones israelíes del día 27. Su repercusión ha trasladado fuera de Israel un debate que también atraviesa al país. Los testimonios de integrantes de sus propios servicios de inteligencia y de antiguos militares cuestionan aspectos de la actuación en Gaza, mientras quienes los llevan a la pantalla afrontan acusaciones de traición, amenazas sobre su ciudadanía y campañas desde el propio Gobierno.
