La publicación del último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas coloca al gobierno israelí bajo la acusación más devastadora del derecho internacional: la de genocidio. No se trata de un término lanzado a la ligera, sino de una categoría jurídica con implicaciones profundas para la legitimidad del Estado y para el sistema internacional.
El documento, presentado por Navi Pillay, veterana jueza de tribunales internacionales, afirma que desde octubre de 2023 las fuerzas israelíes han cometido cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención de 1948. El informe sostiene que las autoridades israelíes han desplegado un patrón de acciones que, según la Convención de 1948, corresponde a actos genocidas. La acusación apunta directamente a Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y a responsables de Defensa, señalados como instigadores de una estrategia que habría provocado la muerte de cerca de 65.000 personas y el desplazamiento masivo de una población que sobrevive en condiciones de hambruna.
Israel ha respondido con la previsibilidad acostumbrada, calificando el informe de sesgado y de reproducir propaganda de Hamás. Sin embargo, el peso político de una comisión de la ONU —aunque no sea un tribunal— abre un nuevo frente. El informe se convierte en insumo para procesos en curso ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, donde Israel ya enfrenta órdenes de detención y medidas cautelares. En este contexto, cada nueva evidencia y cada testimonio recopilado alimentan una narrativa jurídica difícil de ignorar.
La acusación de genocidio no se limita a un choque semántico. Define los términos del debate global y condiciona las posturas de gobiernos que hasta ahora habían optado por el silencio o la ambigüedad. América Latina, con voces como las de Lula da Silva, Gustavo Petro o Andrés Manuel López Obrador, ha situado la cuestión en el centro de la política internacional. Europa, en cambio, sigue dividida entre la solidaridad histórica con Israel y la presión creciente de sociedades civiles que exigen un alto el fuego inmediato.
El informe obliga también a interrogar la eficacia del sistema multilateral. Si la comunidad internacional admite que en Gaza se desarrolla un genocidio y no toma medidas más allá de la retórica, la credibilidad del orden internacional basado en normas queda gravemente erosionada. Pillay advierte sin rodeos que guardar silencio frente a estas evidencias equivale a complicidad.
La guerra en Gaza ha puesto en crisis la arquitectura de derechos humanos diseñada después de 1945. Los principios que surgieron como salvaguarda contra los horrores del siglo XX se ven sometidos a prueba en pleno siglo XXI. La pregunta que plantea la ONU es incómoda, pero ineludible: si la comunidad internacional no actúa frente a un genocidio en curso, ¿qué sentido conserva entonces la noción misma de justicia internacional?
Israel enfrenta hoy algo más que una batalla militar o diplomática. Se enfrenta a un juicio moral y jurídico que afecta su posición en el mundo y que redefine la manera en que los pueblos entienden los límites del poder.
