El Gobierno tripartito de la primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir convocó un referéndum para el 29 de agosto sobre si Islandia debe reanudar las conversaciones de adhesión con la Unión Europea, congeladas desde 2015. La consulta, adelantada un año por la presión geopolítica de la Administración Trump sobre Groenlandia, se anuncia muy reñida. Las encuestas muestran una sociedad prácticamente dividida por la mitad, con la política pesquera europea y la soberanía nacional como principales argumentos del bando del no.
Los 397.000 habitantes de Islandia tienen una cita con las urnas el 29 de agosto para responder a una pregunta de alcance histórico: si el país debe reanudar las conversaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) que el Gobierno conservador congeló en 2013 y que acabaron formalmente en 2015. El referéndum, convocado por el Gobierno tripartito de la primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, no decide la adhesión directa, sino únicamente si se retoman las negociaciones; de prosperar ese primer paso, un segundo referéndum decidiría el ingreso definitivo. La consulta estaba prevista para 2027, pero las tensiones geopolíticas generadas por el acoso de la Administración Trump a Groenlandia llevaron al Ejecutivo a adelantarla un año.
Los sondeos revelan una sociedad casi partida en dos. Una encuesta del diario islandés Morgunbladid da una parca mayoría a favor de reanudar las negociaciones, con el 52% frente al 48% en contra. Otra del semanario económico Vidskiptabladid, que preguntaba directamente sobre la adhesión a la UE, arroja un 54% en contra y un 46% a favor. Eiríkur Bergmann, politólogo de la Universidad Bifröst y director del Centro de Estudios Europeos del mismo centro, describe el estado del debate: «La pertenencia a la UE ha sido durante décadas un tema muy controvertido. Los islandeses están prácticamente divididos al respecto, y en muchos sentidos se ha convertido en un tema un tanto tóxico, con mucha distorsión y desinformación que circulan».
Groenlandia, Trump y la arquitectura de seguridad europea
El catalizador más reciente del debate islandés es el acoso de Donald Trump a Groenlandia, el territorio autónomo danés cuya anexión el presidente estadounidense ha sugerido en varias ocasiones. En enero, Trump llegó a mencionar Islandia en un discurso en Davos confundiéndola con su vecina ártica, lo que provocó un sobresalto momentáneo en Reikiavik antes de que se aclarara el error. Aunque la alarma pasó rápido, el episodio evidenció la vulnerabilidad de una isla que, siendo miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1949, carece de fuerzas armadas propias y depende de un acuerdo bilateral de 1951 con Washington para su defensa.
Bergmann señala que el contexto geopolítico ha introducido una dimensión nueva en el debate islandés sobre la UE: «Por primera vez, Islandia está empezando a debatir la UE en términos de seguridad y defensa, cuestiones que nunca antes habíamos asociado a la UE». La debilidad percibida de la garantía de defensa estadounidense bajo Trump y el papel creciente de la UE como arquitecto de su propia seguridad están empujando a una parte del electorado islandés a considerar el ingreso comunitario como un seguro estratégico. Grétar Thór Eythórsson, politólogo de la Universidad de Akureyri, subraya la dificultad del equilibrio que maneja el Gobierno: «Hay políticos que dicen que debemos acercarnos más a Europa, pero nadie quiere insultar a Estados Unidos, y es difícil encontrar el equilibrio entre ambas cosas».
El principal obstáculo: la política pesquera de la UE
Los defensores del sí reconocen abiertamente que el mayor obstáculo para el ingreso es la política pesquera de la UE. El bacalao y el capelán representan cerca de dos tercios de las capturas islandesas, y la pesca y el procesamiento del pescado constituyen un pilar fundamental de la economía nacional. El temor del bando del no es que Islandia tuviera que aceptar íntegramente la política pesquera comunitaria, lo que implicaría compartir sus caladeros con los demás Estados miembros. «La gente está preocupada por si Islandia tendría que aceptar y seguir al cien por cien la política pesquera de la UE», señala Eythórsson.
Desde el bando del sí se apunta a una posible solución: la creación de una zona administrativa separada para las pesquerías islandesas dentro de la UE, que mantuviera el control sobre esos caladeros en manos de las autoridades nacionales. Bergmann advierte de que sin una fórmula de ese tipo el camino hacia la adhesión estaría cerrado: «Sin una solución así, el Gobierno nunca firmará el acuerdo de adhesión ni lo someterá a referéndum, porque sería inútil. Los islandeses jamás lo aceptarían». La cuestión pesquera ha sido el nudo gordiano de la relación de Islandia con la UE desde los primeros tanteos de adhesión, y sigue siendo el factor que más condiciona la opinión pública en la isla.
Una sociedad dividida y una soberanía muy reciente
El trasfondo emocional del debate no es menor. Islandia logró el autogobierno en 1904 y se independizó plenamente de Dinamarca en 1944, durante la ocupación aliada de la isla. Ser una república independiente es, en la memoria colectiva islandesa, un logro relativamente reciente que condiciona la lectura de cualquier propuesta de integración supranacional. «En la mentalidad de los islandeses está muy arraigado ser un Estado soberano, porque somos una república independiente solo desde 1944; hay temor a que la UE nos engulla», resume Eythórsson.
Pese a ese escepticismo histórico, las relaciones con Bruselas han sido siempre funcionales. Desde 1994, Islandia participa del mercado único a través del Espacio Económico Europeo (EEE), y forma parte del área Schengen desde 2001. El país ya pidió el ingreso en la UE en 2009, durante la crisis financiera, antes de que el gobierno conservador elegido en 2013 congelara esas negociaciones. El referéndum del 29 de agosto no cierra ese capítulo: solo pregunta si vale la pena reabrirlo.
