La Administración de Donald Trump ha activado una nueva fase de su política proteccionista que amenaza con encarecer las exportaciones españolas a Estados Unidos, sobre todo en sectores industriales clave. Washington ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para reconstruir su política arancelaria tras la invalidación judicial del mecanismo anterior, con gravámenes de entre el 10% y el 12,5% que amenazan con duplicarse o triplicarse para los exportadores españoles.
La nueva vía arancelaria se justifica bajo el paraguas de una investigación sobre la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de 60 economías, entre ellas la Unión Europea (UE). Para los exportadores españoles, la medida vuelve a introducir la inquietud de un mercado en el que hasta ahora se aplicaban aranceles reducidos a buena parte de sus productos. De aplicarse tal y como se ha anunciado, la medida amenaza con duplicar e incluso triplicar los gravámenes de exportación a Estados Unidos, según los primeros análisis recogidos por medios españoles.
El alcance final, sin embargo, no está aún claro. Para Judith Arnal, investigadora principal de Economía del Real Instituto Elcano, no se trata de una nueva escalada comercial, sino de un cambio en la base jurídica con la que la Casa Blanca pretende sostener el esquema arancelario anterior. «El verdadero coste de toda esta política es más incertidumbre para las empresas», advierte Arnal, que no descarta que se produzca un nuevo recurso judicial contra estas tasas ante los tribunales estadounidenses.
Una nueva vía jurídica para el proteccionismo
El mecanismo utilizado hasta ahora, amparado en la Sección 122 de la misma ley, tenía carácter temporal tras la invalidación parcial del paquete arancelario del llamado Día de la Liberación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Sección 301, en cambio, permite imponer aranceles de forma más duradera cuando se considera que un país incurre en prácticas «desleales, injustificables o discriminatorias», y ya había servido de base para los gravámenes impuestos a China durante el primer mandato de Trump. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión al considerar que Washington busca presionar a otros gobiernos para que adopten medidas similares contra los productos elaborados con explotación laboral. «Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo», declaró Greer.
Aunque el diseño definitivo del esquema sigue sin estar del todo claro, los primeros análisis de expertos nacionales e internacionales ya dibujan un mapa de ganadores y perdedores, no solo entre países sino también entre sectores económicos. La Secretaría de Estado de Comercio de España ha confirmado la mecánica técnica del impacto: cuando el arancel previo de nación más favorecida sea inferior al 10%, se impondrá un recargo adicional hasta alcanzar exactamente ese umbral; por el contrario, si el producto ya soporta una tasa igual o superior al 10%, el recargo adicional será de cero.
Un mapa de ganadores y perdedores
Esta regla aritmética genera una fractura inmediata en el tejido productivo español, al dividir a las empresas entre las que sufren un encarecimiento súbito y las que encuentran un respiro inesperado. En cualquier caso, deja a la UE en desventaja competitiva respecto a otros países que no están incluidos en la amplia lista divulgada por Washington. Prueba del caos arancelario es que Trump amenazó además con otra tanda de aranceles incrementados sobre la UE por la multa que la Comisión Europea impuso al gigante estadounidense Google por obstruir la competencia, lo que añade una capa adicional de tensión a la relación comercial transatlántica.
A la espera de más concreciones, la Cámara de Comercio de España identifica a la industria química, los bienes de equipo, los componentes industriales y la manufactura de fundición como los sectores más damnificados. Al operar tradicionalmente con aranceles muy bajos, a menudo inferiores al 5%, la obligación de escalar hasta el 10% neto supone que estas empresas vean duplicados o incluso triplicados sus costes de entrada en el mercado estadounidense de la noche a la mañana. Brasil, uno de los países más afectados por la nueva ronda, ya ha calificado la medida estadounidense de «arbitraria e injustificada» en un comunicado oficial de su Gobierno, en una reacción que anticipa el frente de disputas judiciales y diplomáticas que Washington podría enfrentar.
El problema añadido de la falta de reacción individual
El problema se agrava por la falta de capacidad de reacción individual, pues la aduana estadounidense aplicará estos cobros de forma automática por código de producto, lo que impide que cualquier exportador español pueda evitar la tarifa presentando certificados de trabajo regulado o buenas prácticas por su cuenta. A pesar de la severidad del esquema, la Secretaría de Estado de Comercio señala que la lista de exenciones se ha ampliado ligeramente para mitigar algunos daños, sumando el corcho y los diamantes a los beneficios que ya tenían las aeronaves, sus componentes, los medicamentos genéricos y los principios activos farmacéuticos, bienes expresamente excluidos según el listado de Washington.
En una paradoja, los datos ofrecen una lectura menos negativa para España que para otros socios comunitarios. Según el organismo independiente Global Trade Alert, el país se encuentra entre los que salen relativamente bien parados con el nuevo esquema, con una reducción de la tasa arancelaria efectiva de entre uno y 1,5 puntos porcentuales. La razón está en que el nuevo sistema impide acumular determinados gravámenes, lo que ofrece cierto margen de alivio a un tejido exportador que, de todos modos, seguirá enfrentando una incertidumbre estructural mientras persista la amenaza de nuevos recursos judiciales contra el mecanismo arancelario estadounidense.
