Por Clara Riveros, corresponsal de Hoy24 en Bogotá
El 3 de enero de 2026 introdujo un giro abrupto en la ya prolongada crisis venezolana. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, retomando una acusación formal presentada en 2020. El anuncio llegó pocas horas después de que el presidente Donald Trump reivindicara una operación “a gran escala” en territorio venezolano. La secuencia no es menor: fuerza, captura anunciada y judicialización inmediata conforman un tríptico que desplaza el conflicto a un terreno inédito.
La imputación —conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armamento— expone a los acusados a penas que van de veinte años a cadena perpetua. En términos estrictamente jurídicos, Estados Unidos se apoya en el principio de jurisdicción extraterritorial aplicado a delitos que, según su tesis, afectan a su seguridad nacional. En términos políticos, el mensaje es otro: Washington eleva la confrontación a la categoría de proceso penal como instrumento de presión estratégica.
Este paso reordena el tablero. Hasta ahora, la disputa había oscilado entre sanciones económicas, aislamiento diplomático y episodios de fuerza encubierta o declarada. Al anunciar un juicio federal contra un jefe de Estado en ejercicio —a quien, además, no reconoce como legítimo—, Estados Unidos cruza un umbral simbólico. La justicia deja de ser un telón de fondo para convertirse en relato central. Y cuando la justicia se narra como victoria política, el margen para la mediación se estrecha.
Para Venezuela, la reacción es previsible: denuncia de agresión, movilización interna y cierre de filas. El discurso del asedio externo encuentra aquí un argumento potente. Para América Latina, la inquietud es mayor. La región arrastra una memoria larga de intervenciones y operaciones extraterritoriales; la judicialización de un conflicto político revive temores que parecían archivados. El riesgo no reside solo en el precedente, sino en la normalización de la excepcionalidad.
Europa observa con cautela. La afirmación de cargos penales de alcance máximo, sin confirmaciones independientes plenas sobre la captura anunciada, plantea un dilema diplomático: respaldar la narrativa estadounidense implica asumir una lógica de hechos consumados; cuestionarla exige pruebas y tiempos que la urgencia política no siempre concede. En ese intersticio, la prudencia se convierte en estrategia.
Conviene separar planos. La existencia de una acusación formal desde 2020 es un hecho. La reivindicación pública de una operación militar y la promesa de un juicio inmediato son, por ahora, afirmaciones políticas que deberán sostenerse en procedimientos verificables. Confundir ambos planos erosiona la credibilidad del derecho y alimenta la sospecha de su uso instrumental.
El fondo del asunto es más amplio que el destino judicial de una pareja presidencial. Se trata de saber si el orden internacional admite que la justicia penal, diseñada para proteger garantías, se emplee como palanca de poder en conflictos geopolíticos. La eficacia inmediata puede resultar tentadora; el costo a largo plazo, elevado. Porque cuando el derecho se convierte en arma, deja de ser refugio.
En las próximas horas y días, las confirmaciones —o los silencios— serán decisivos. Si el proceso avanza con pruebas, garantías y control judicial, el debate se desplazará a la legalidad. Si queda atrapado en la retórica, el episodio pasará a engrosar la lista de momentos de ruptura que redefinen, para bien o para mal, las reglas del juego internacional. En cualquier caso, el 3 de enero de 2026 ya quedó marcado como el día en que la justicia dejó de ser solo tribunal y se volvió escenario.
