El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que Madrid llevará al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la propuesta de retirar las restricciones impuestas a la presidenta encargada venezolana tras la aprobación de una ley de amnistía. La medida supone un nuevo paso en la estrategia diplomática española de acompañar la transición política en Venezuela, aunque la propia ley aprobada excluye a exiliados y militares, lo que ha generado dudas sobre su alcance.
El Gobierno español ha dado un paso significativo en su política hacia Venezuela al anunciar que promoverá en el seno de la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país desde que Nicolás Maduro fue capturado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizó el anuncio desde Barcelona, donde participaba en la presentación de la Estrategia Española para Asia-Pacífico 2026-2029, y lo vinculó directamente a la aprobación, el mismo día, de una ley de amnistía para presos políticos en la Asamblea Nacional venezolana.
«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también», declaró Albares. Con esa lógica, el ministro justificó la decisión de incluir el asunto en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) previsto para el próximo lunes, donde España podrá exponer su posición ante los ministros de los demás Estados miembro.
La amnistía que abre la puerta
La Asamblea Nacional venezolana aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que permite revisar de manera inmediata los casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2025. La norma establece un plazo de 15 días para que los tribunales examinen y otorguen las medidas correspondientes. Según la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela permanecen encarcelados 644 presos políticos, aunque en las últimas semanas se han producido más de 400 excarcelaciones en el marco de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado. Albares calificó la aprobación de «buena noticia» y destacó que se hubiera alcanzado por unanimidad, con el respaldo incluso de los diputados opositores.
La figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mediador habitual entre Madrid y Caracas, ha sido señalada como clave en las negociaciones previas a esta amnistía. El Ejecutivo español mantiene canales de comunicación directa con las autoridades venezolanas y ha apostado de manera constante por una salida pactada a la crisis política que atraviesa el país sudamericano desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La petición española ante la UE
Albares precisó que la solicitud se presentará de forma oficial en el CAE del próximo lunes, aunque subrayó que tener un punto en la agenda no garantiza por sí solo un debate o una votación formal entre los Veintisiete. El ministro recordó además que, cuando la UE establece sanciones individuales, «siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto», lo que en su opinión refuerza la coherencia de la petición española respecto a Rodríguez, que actualmente ocupa la jefatura del Ejecutivo venezolano.
Delcy Rodríguez encabeza una lista de 69 personas a las que la UE vetó la entrada en territorio Schengen y les congeló los activos por considerarlas «responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela». Su nombre ya era conocido en España antes de esas sanciones: en enero de 2020, cuando era vicepresidenta, protagonizó el llamado Delcygate al aterrizar en el aeropuerto de Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio europeo, lo que obligó al entonces ministro José Luis Ábalos a reunirse con ella en la zona de tránsito. La posibilidad de retirarla de esa lista negra, adelantada hace un mes por varios medios, ha generado controversia tanto en la oposición venezolana como en algunos socios europeos.
Las sombras del texto aprobado
Pese a la valoración positiva del Gobierno español, la ley de amnistía venezolana presenta limitaciones que han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición. La norma excluye a quienes participaron en «acciones armadas o de fuerza», lo que deja fuera a 174 militares —de unos 600 presos políticos aún en prisión— acusados de delitos de rebelión. También quedan excluidos quienes hayan sido condenados por «delitos de odio», una categoría que en la práctica ha sido utilizada para criminalizar a ciudadanos que criticaron al Gobierno a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp.
La disposición ha sido interpretada como una trampa dirigida contra figuras de la oposición en el exilio, como María Corina Machado o Leopoldo López, a quienes el Ejecutivo de Rodríguez acusa de «promover, instigar o facilitar acciones armadas». Ambos líderes quedarían, por tanto, excluidos de sus beneficios. El propio Albares reconoció desconocer el detalle del texto en el momento de su declaración, aunque manifestó su deseo de que la norma sea «lo más amplia posible». Ante esta situación, instó a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección» y a crear las condiciones necesarias para que los aproximadamente 200.000 venezolanos residentes en España que así lo deseen puedan regresar a su país.
