El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado la expulsión del embajador nicaragüense Mauricio Carlo Gelli y de otro diplomático acreditado en Madrid como represalia por la salida forzada del jefe de la delegación diplomática española en Managua. La decisión responde a la expulsión del embajador español Sergio Farré Salvá, quien apenas llevaba veinte días en el cargo tras ser nombrado en diciembre pasado.
El Gobierno español ha ordenado este domingo la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y de otro diplomático acreditado en la Embajada nicaragüense «en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua», según confirmaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La decisión constituye una respuesta inmediata a la expulsión decretada por el régimen de Daniel Ortega contra el embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y su número dos, Miguel Mahiques Núñez, en un movimiento diplomático sin precedentes recientes entre ambos países.
La expulsión resulta especialmente llamativa por la brevedad del mandato del embajador español, que apenas llevaba veinte días en el cargo. Farré Salvá, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre y presentó sus cartas credenciales a comienzos de este mes, por lo que su actividad diplomática en el país había sido muy limitada. Desde las redes sociales de la Embajada española le habían dado la bienvenida el pasado 13 de enero, destacando que este 2026 se cumplen ciento setenta y cinco años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense no ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos de la expulsión, anunciada este domingo mediante una notificación oficial que ha supuesto el descabezamiento total de la Embajada española en Managua. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, respondió aplicando el principio de reciprocidad diplomática, una práctica habitual en las relaciones internacionales cuando un país expulsa sin justificación al representante diplomático de otro Estado.
Deterioro progresivo de las relaciones bilaterales
Las tensiones entre España y Nicaragua han sido constantes en los últimos años, con varios episodios que han marcado el progresivo deterioro de las relaciones bilaterales. En agosto de 2021, con Albares recién llegado al Ministerio de Exteriores, el Gobierno español llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba la «continua intromisión» de España en los asuntos internos de Nicaragua.
El régimen de Ortega utilizó en aquella ocasión referencias a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) o a Cataluña para criticar al Gobierno español, acusándolo de injerencia. El Ejecutivo español rechazó de forma «tajante» las acusaciones del Gobierno nicaragüense y mantuvo a su embajadora fuera del país durante varios meses. Las relaciones se restablecieron posteriormente con nuevos nombramientos de embajadores en 2023, aunque la tensión de fondo nunca desapareció completamente.
En 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes. Ante esta situación, España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua, en un gesto de solidaridad con las víctimas de la represión del régimen que generó nuevas fricciones con Managua.
El punto de mayor tensión parlamentaria llegó en marzo de 2025, cuando el Congreso español aprobó una proposición no de ley, apoyada por los principales partidos del Gobierno y de la oposición, para condenar la «sistemática» violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión e impulsar en la Unión Europea el aumento de sanciones contra el régimen nicaragüense. Esta iniciativa, que contó con un amplio respaldo político transversal, reflejó el consenso existente en España sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
El régimen de Ortega y su aislamiento internacional
Daniel Ortega, reelegido por cuarta vez consecutiva en noviembre de 2021 en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional, ha intensificado la represión contra cualquier forma de disidencia política junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La crisis política que vive Nicaragua se remonta a las protestas del 18 de abril de 2018 contra las reformas del sistema de seguro social, que acabaron con la muerte de al menos 355 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684.
Desde entonces, el régimen ha expandido el uso del exilio forzado y la privación de la nacionalidad como métodos para atacar a críticos, ha cerrado arbitrariamente un gran número de organizaciones no gubernamentales y universidades, y ha ejercido mecanismos sistemáticos de censura y persecución contra periodistas y medios de comunicación independientes. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua ha concluido que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La comunidad internacional ha respondido con sanciones progresivas contra el régimen nicaragüense. La Unión Europea mantiene congelados los bienes de un total de veintiún personas y tres entidades nicaragüenses en el espacio comunitario, así como la prohibición para las empresas y ciudadanos europeos de proporcionarles fondos. Las sanciones europeas, prorrogadas en septiembre de 2025 hasta octubre de 2026, también implican que la frontera de la Unión está cerrada a las personas señaladas, que tienen prohibida tanto la entrada como el tránsito por el territorio europeo.
Entre los sancionados figuran Rosario Murillo y tres de sus hijos: Juan Carlos, Laureano y Camila Ortega Murillo, así como mandos policiales acusados de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas. También están sancionadas tres instituciones estatales: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), esta última acusada de silenciar a los medios de comunicación independientes y dirigir actividades de vigilancia contra la sociedad civil.
Estados Unidos, Canadá y Suiza han adoptado medidas similares. Hasta septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense había impuesto el congelamiento de bienes a 14 entidades y 47 personas, incluyendo miembros del gobierno, la legislatura y el poder judicial nicaragüense. En octubre de 2024, tanto la Unión Europea como Suiza prorrogaron sus sanciones por un año más, hasta octubre de 2025, en respuesta al deterioro democrático y los abusos sistemáticos de derechos fundamentales.
Denuncias de presunta injerencia
El régimen nicaragüense ha respondido a estas sanciones con una campaña sostenida de denuncia de una supuesta intervención en sus asuntos internos para justificar las medidas de represión contra los ciudadanos críticos. En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó la llamada «Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas», que deja sin efecto en territorio nicaragüense las sanciones internacionales impuestas por países y organismos extranjeros.
En sus declaraciones tras conocer su expulsión, el embajador nicaragüense Mauricio Carlo Gelli, que ya se encuentra fuera de España según informó la agencia Efe, se limitó a afirmar en su escala en Roma rumbo a Managua que «cada país es soberano y toma sus decisiones». Gelli había presentado cartas credenciales al Rey Felipe VI en mayo de 2023 y estuvo el viernes pasado en la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España que ofrece cada año el monarca en el Palacio Real.
A pesar de la crisis diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reiterado que «el Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua», una formulación que separa las relaciones con la ciudadanía nicaragüense de las tensiones con el régimen de Ortega y que refleja la posición española de mantener abiertos los canales de diálogo con la sociedad civil nicaragüense mientras denuncia la represión gubernamental.
