España reintrodujo desde la medianoche del viernes controles fronterizos en aeropuertos y puertos para los pasajeros procedentes de Italia, en respuesta a las restricciones que Roma mantenía sobre los viajeros españoles desde el 31 de julio, cuando las vinculó a la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que esos controles italianos carecen de base jurídica porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Roma los calificó de «represalia» y rechazó cualquier «ultimátum del exterior».
La crisis migratoria de Ceuta abrió el pasado fin de semana un nuevo frente diplomático entre España e Italia que derivó en la suspensión recíproca del Acuerdo Schengen entre ambos países. El Gobierno de Giorgia Meloni había activado controles fronterizos sobre los viajeros procedentes de España el 31 de julio, cinco días después del cruce masivo por el espigón de El Tarajal, invocando razones de seguridad nacional. Madrid respondió con un ultimátum: si Roma no levantaba sus restricciones antes del domingo 9 de agosto, España adoptaría medidas proporcionales. Italia no cedió y los controles españoles entraron en vigor a la medianoche del viernes.
Las nuevas medidas, comunicadas a las autoridades de la Unión Europea (UE) por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consistirán en el control de identidad mediante pasaporte y, en el caso de nacionales de terceros estados que procedan de Italia, en la verificación del visado o permiso de residencia. Se aplicarán de forma aleatoria sobre un porcentaje de entre el 5% y el 10% de los pasajeros de cada vuelo, lo que supone una media de unas 15 personas en aviones medianos y unas 25 en los de mayor capacidad. La vigencia inicial alcanza hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre, aunque el Gobierno se reserva la posibilidad de modificar ese plazo en función de la evolución de la situación.
El argumento jurídico de Madrid
La Moncloa fundamentó su decisión en una doble premisa. La primera, de orden jurídico: los controles italianos carecen de base en el Código de Fronteras Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial que excluye a sus residentes de la libre circulación. Ninguno de los migrantes que entraron en Ceuta podía acceder al espacio Schengen desde allí sin someterse a control documental. La segunda, de orden estadístico: según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, Italia es el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que desde 2022 Italia incumple el Reglamento de Dublín, que establece qué país es competente para tramitar las solicitudes de asilo, «generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados miembros». Albares recordó que España había acogido parte de los migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y había abierto sus puertos de forma recurrente a embarcaciones rescatadas en la ruta del Mediterráneo central, concluyendo que Roma «no ha estado a la altura» de la solidaridad que corresponde entre socios europeos.
Una medida que afecta a 86.000 viajeros diarios
El impacto práctico de los controles recíprocos recayó, en la primera jornada, casi exclusivamente sobre los viajeros de terceros países. Los ciudadanos de la UE quedaron eximidos de las inspecciones. La Policía Nacional controló el primer día a 199 nacionales de terceros países llegados en doce vuelos procedentes de Italia, en el periodo comprendido entre las 00.01 y las 21.00 horas. Los controles se efectuaron en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. En lo que respecta a los puertos, la medida afectó inicialmente a los del Mediterráneo que reciben rutas de cruceros.
El flujo bilateral en agosto alcanza unas 86.000 personas al día, según datos del Corriere della Sera. En 2025, más de 5,7 millones de turistas italianos viajaron a España y cerca de 5,8 millones de españoles visitaron Italia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de Italia respectivamente. La mayoría de los pasajeros afectados desconocía la tensión diplomática. El comisario de Interior de la Comisión Europea, Magnus Brunner, señaló que ambos ministros le habían confirmado que las medidas son «temporales» y expresó su confianza en que Italia pudiera levantar pronto los controles sobre los viajeros españoles.
La dimensión política de Meloni
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió que Roma actuó con arreglo a los tratados porque «ocurrió algo extraordinario en Ceuta» y que no levantar la medida «es una precaución» ante el riesgo de una nueva llegada masiva prevista para mediados de agosto. Tajani descartó que la medida italiana tuviera carácter simbólico y señaló que el riesgo «reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes» que, tras llegar a España, podrían tener como destino Italia. Su ministerio calificó los controles españoles de «represalia» y los rechazó como «inaceptables».
Detrás de la dureza italiana hay una lectura política que va más allá de la gestión de la emergencia. Meloni afronta el último año de su legislatura con las elecciones generales de 2027 en el horizonte, una coalición con crecientes diferencias internas y la presión del general retirado Roberto Vannacci, cuya nueva formación, Futuro Nazionale, le disputa el electorado más radical precisamente en los frentes de inmigración y seguridad. No es la primera vez que la primera ministra convierte una emergencia migratoria en una oportunidad política: en 2023, ante la crisis de Lampedusa, logró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la visitara en la isla con un plan de diez medidas bajo el brazo, reforzando su proyección como interlocutora clave en el debate migratorio europeo.
La prensa italiana reflejó la magnitud del choque. El Corriere della Sera tituló con la expresión «enfrentamiento total» entre ambos países. La Stampa planteó el dilema de fondo: «Roma no puede dar marcha atrás tras haber convertido la seguridad fronteriza en uno de los pilares de su acción política. Madrid no puede bajar la presión sin exigir resultados». El Gobierno español cerró su posición pública apelando al europeísmo y al sentido común, con un mensaje que resume la lógica de la Moncloa: «Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».
