En el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, España presenta un balance de acogida que la sitúa como cuarto país de la Unión Europea en concesiones de protección temporal, con más de 264.000 personas documentadas y una inversión superior a 1.530 millones de euros. Sin embargo, el mecanismo que ampara a esas personas vence el 4 de marzo y la Unión Europea aún no ha definido qué ocurrirá después.
El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania y desencadenó el mayor desplazamiento forzado de población en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tres años después, España hace balance de una respuesta que el Gobierno califica de «ejemplo de solidaridad y eficacia». El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó este martes un informe en el que detalla que el país ha concedido protección temporal a más de 264.000 personas desplazadas desde Ucrania desde el inicio del conflicto, el 30% de ellas menores de edad. Al cierre de 2025, un total de 338.576 ucranianos presentaban documentación de residencia en vigor en España, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al año anterior. La cifra convierte a España en el cuarto estado miembro de la Unión Europea por número de concesiones de este tipo de protección, con el 5,4% del total comunitario.
La efeméride llega, sin embargo, con una sombra jurídica de gran alcance sobre los beneficiarios de ese mecanismo. La protección temporal concedida al amparo de la Directiva europea de 2001, activada por primera vez en la historia de la Unión Europea a raíz de la guerra de Ucrania, vence el próximo 4 de marzo de 2026, es decir, en apenas diez días. La prórroga del mecanismo más allá de esa fecha, y con ella la continuidad del estatus legal de cientos de miles de personas en toda Europa, depende de una decisión que los estados miembros deberán abordar en la reunión de la Plataforma de Solidaridad por Ucrania convocada en Bruselas para el 27 de marzo, tres semanas después del vencimiento formal.
Cuatro años de acogida: los números de España en Europa
El sistema de acogida español se articuló desde el inicio en torno a cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación, conocidos como CREADE, ubicados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. Estos centros adoptaron un modelo de ventanilla única —denominado en la jerga institucional «one-stop shop»— que permitía tramitar la solicitud de protección temporal y el acceso a los servicios de acogida en el mismo lugar y en un plazo de 24 horas. Desde su puesta en marcha, más de 260.000 personas han sido atendidas en estos centros y más de 126.000 han sido documentadas directamente en ellos. Actualmente, 6.172 personas permanecen alojadas en los dispositivos de acogida del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal (SAPIT), principalmente familias monomarentales y personas mayores, los dos perfiles más vulnerables entre los desplazados.
España es también el segundo país de la Unión Europea en cuanto al número de ucranianos que han pasado por su sistema de acogida, con 40.597 personas atendidas desde el inicio del conflicto. El Gobierno ha destinado más de 1.530 millones de euros a medidas de acogida, integración y protección, en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y la Unión Europea. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, calificó ese esfuerzo como prueba del «compromiso del Gobierno con la protección a quienes han tenido que abandonar su país» y reafirmó la disposición española a seguir colaborando con los socios europeos para garantizar «una respuesta solidaria y eficaz».
Integración laboral y social: un proceso en marcha
Más allá de los datos de acogida, el informe del Ministerio refleja una progresiva integración de la población ucraniana en el tejido económico español. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social de personas ucranianas titulares de una autorización por protección temporal creció un 26,4%, hasta alcanzar las 28.200 personas dadas de alta. Los sectores con mayor presencia de trabajadores ucranianos son la construcción, la hostelería, el comercio y la reparación de vehículos de motor, así como el sector de la información y las comunicaciones. El tipo de contrato predominante es el indefinido a tiempo completo, un dato que apunta a una inserción laboral de cierta estabilidad, aunque parcial: solo una fracción del total de personas con protección temporal en vigor ha accedido al mercado de trabajo formal.
En el ámbito educativo, 39.740 estudiantes ucranianos desplazados han sido escolarizados en España desde el inicio del conflicto. La composición demográfica de la comunidad ucraniana en España presenta un marcado desequilibrio de género: la gran mayoría son mujeres, muchas de ellas madres que llegaron solas con sus hijos después de que la legislación ucraniana impidiera la salida del país a los hombres en edad militar. Ese perfil explica también la alta proporción de familias monomarentales entre quienes continúan en los dispositivos de acogida. En este contexto, Pedro Sánchez anunció durante su visita oficial a Kiev la cesión del CREADE de Torrevieja como Casa de Ucrania, un centro gestionado por la propia comunidad ucraniana que se integrará en la red de «Unity Hubs» impulsada a escala europea.
El vencimiento del 4 de marzo y la cita de Bruselas
La protección temporal es un mecanismo de carácter excepcional previsto en el derecho comunitario para situaciones de afluencia masiva de personas desplazadas. Confiere a sus beneficiarios un permiso de residencia y de trabajo, acceso a servicios sociales y sanitarios, derecho a la escolarización de los menores y libertad de circulación dentro del espacio Schengen por periodos de hasta 90 días en cada semestre. Desde su activación en marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea la ha prorrogado en varias ocasiones, siendo la última prórroga la que la extiende hasta el 4 de marzo de 2026. Para aquellos que la disfrutan, el mecanismo supone la diferencia entre una situación legal regularizada y la irregularidad sobrevenida.
Lo que suceda a partir del 5 de marzo está aún sin definir. La reunión de la Plataforma de Solidaridad por Ucrania, convocada en Bruselas para el 27 de marzo, abordará tres cuestiones centrales: el futuro del mecanismo de protección temporal más allá de su fecha de vencimiento, el apoyo a las personas que decidan regresar voluntariamente a Ucrania, y la transición hacia estatutos de residencia permanente en los estados miembros para quienes opten por quedarse. Esta última opción, que implicaría convertir una situación temporal en una autorización de residencia de largo plazo, es políticamente delicada en varios países europeos y técnicamente compleja dado que la legislación de extranjería de cada estado contempla requisitos distintos. Por ahora, más de 264.000 personas en España —y cerca de cuatro millones en toda la Unión Europea— aguardan una respuesta que todavía no existe.
