Estados Unidos comenzó a aplicar este martes un nuevo arancel general a las importaciones, impulsado por el presidente Donald Trump tras la decisión de la Corte Suprema que limitó su capacidad para imponer gravámenes comerciales utilizando poderes de emergencia.
La nueva medida establece un recargo inicial del 10 % —con posibilidad de elevarse hasta el 15 %— y tendrá una vigencia máxima de 150 días, salvo que el Congreso apruebe su extensión. La Casa Blanca justifica la decisión por la necesidad de corregir los desequilibrios en la balanza comercial estadounidense.
El cambio llega después de que el alto tribunal, en una votación de 6 a 3, declarara ilegal una parte sustancial de la política arancelaria anterior, al considerar que el Ejecutivo no puede aplicar impuestos aduaneros generalizados invocando una “emergencia nacional” sin respaldo legislativo.
Frente a ese revés, la administración Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo poco utilizado que permite imponer aranceles temporales de hasta el 15 % en situaciones vinculadas a desequilibrios de pagos internacionales.
El nuevo gravamen no afecta de forma generalizada a los productos procedentes de Canadá y México, amparados por el tratado comercial T-MEC, aunque sectores específicos como el acero o el automóvil podrían ser objeto de tasas adicionales según las decisiones del gobierno.
Mientras tanto, se abre una nueva fase de incertidumbre jurídica. Empresas estadounidenses y varios estados han anunciado acciones legales para reclamar la devolución de miles de millones de dólares recaudados bajo los aranceles anulados por el Supremo.
Trump, que ha reiterado su apuesta por una política comercial proteccionista, advirtió que podría elevar aún más los gravámenes a aquellos países que, en su opinión, intenten aprovechar la decisión judicial para negociar en condiciones más favorables con Washington.
