El presidente estadounidense estudia prohibir durante 90 días las exportaciones de gasóleo para abaratarlo antes de las legislativas de noviembre. La medida divide a su Gobierno, inquieta a la industria petrolera y amenaza con trasladar a Europa y Latinoamérica el coste de un choque energético que empezó con su guerra contra Irán.
El diésel ha pulverizado esta semana su récord histórico en Estados Unidos. El galón se paga a 6,52 dólares, casi un 80% más que hace un año y por encima de los niveles de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desató la anterior crisis energética. Con ese precio en los surtidores y las elecciones de mitad de mandato a poco más de un mes, Donald Trump se ha mostrado por primera vez en público favorable a cortar las ventas de gasóleo al exterior. «He dicho que no enviemos diésel fuera», declaró el martes tras reunirse con Volodímir Zelenski en la Asamblea General de la ONU.
El portal Politico avanzó ayer, citando a cinco fuentes conocedoras del plan, que la Casa Blanca estudia un veto exportador de 90 días que se prolongaría hasta final de año. La decisión aún no está tomada y el Gobierno está dividido. Pero el simple anuncio ya ha movido los mercados. El gasóleo se ha encarecido en Europa y abaratado en Estados Unidos, lo que anticipa quién pagaría la factura de una crisis cuyo origen está en la propia Casa Blanca.
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Una crisis con origen en Washington
El choque que Trump intenta ahora contener lo desató él mismo en febrero, al iniciar la guerra contra Irán. El conflicto cortó buena parte del suministro de los países del golfo Pérsico, que tienen cada vez más problemas para sacar sus productos refinados por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. A esa pérdida se sumó la de Rusia, que ha dejado de abastecer al resto del mundo por los ataques ucranios con drones contra sus refinerías. Entre ambas guerras, unos cinco millones de barriles diarios de capacidad de refinado han quedado en el limbo.
Estados Unidos ha aprovechado ese vacío. Su industria petrolera está ganando dinero a manos llenas con la venta de crudo y derivados a los países que se han quedado sin sus proveedores habituales. Pero la tensión ha acabado trasladándose al mercado interno, donde el precio del combustible golpea el bolsillo de los propios votantes del presidente. El contexto financiero agrava el cuadro. El barril de brent ronda los 103 dólares y la rentabilidad del bono estadounidense a cinco años ha superado el 5% por primera vez desde 2006, ante el temor a que la inflación obligue a la Reserva Federal (Fed) a subir de nuevo los tipos.
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El cálculo electoral de noviembre
La urgencia de la Casa Blanca tiene un calendario preciso. Los republicanos llegan a las legislativas de noviembre con una amplia mayoría de sondeos en contra, y Trump se juega en ellas buena parte del alcance de su legado político. Vetar las exportaciones es la herramienta más rápida a su alcance para ofrecer una bajada visible del precio en los surtidores antes de que los estadounidenses acudan a las urnas. «Será una decisión que llegará rápidamente, de una forma u otra», aseguró el presidente el martes.
Trump ha intentado además presentar la medida como un gesto geopolítico. Durante su encuentro con Zelenski vinculó el precio del diésel con los ataques ucranios contra las instalaciones petroleras rusas, que celebró como «un duro golpe para los rusos». Pero el objetivo inmediato es doméstico. Si el veto sale adelante, Washington trasladaría parte de la presión a sus principales clientes para amortiguar dentro de sus fronteras el coste de un conflicto que inició su propio presidente.
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Un Gobierno dividido y un lobbyen contra
El plan no convence ni siquiera dentro del Gabinete. El secretario de Energía, Chris Wright, muy cercano a la industria petrolera y defensor de los combustibles fósiles, se ha opuesto públicamente. «La medida drástica de prohibir las exportaciones de diésel definitivamente no funciona», afirmó en una conferencia organizada por The Economist. Wright admite que existe un problema con el precio del gasóleo y ha asegurado que se aprobarán medidas en los próximos días, aunque rechaza la vía del veto.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se ha mostrado cauto. Según explicó ayer a los periodistas, la Administración examina si una prohibición total o parcial resultaría factible dada la capacidad de refino del país. A las dudas internas se suma el rechazo del poderoso lobby petrolero, que advierte de que cualquier beneficio a corto plazo quedaría anulado por el encarecimiento posterior del combustible. Las ventas de gasóleo al exterior nunca han estado vetadas en Estados Unidos, a diferencia de las de crudo, prohibidas hasta que el Congreso levantó la restricción en 2015 tras la revolución del fracking.
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Un remedio que puede agravar la enfermedad
El funcionamiento del veto explica buena parte de las reticencias. A corto plazo, los buques cisterna que transportan gasóleo hacia Europa o Asia darían la vuelta para descargar en el mercado estadounidense. Esa oferta adicional abarataría el combustible en los Estados del centro del país, aunque el precio subiría en las dos costas, más dependientes de los mercados internacionales. El alivio, por tanto, sería temporal y desigual, justo en el periodo en el que la Casa Blanca necesita resultados visibles.
El problema llegaría después. Con más producción de la que el mercado interno puede absorber, las refinerías se quedarían sin espacio para almacenar el diésel y tendrían que reducir su actividad ante la pérdida de un mercado de exportación clave. Esa reducción encarecería la gasolina, el queroseno de aviación y otros carburantes, como advierte el propio Wright. Los expertos añaden un efecto de rebote. A medio plazo, el veto elevaría el precio del diésel en los mercados globales, y ese encarecimiento acabaría repercutiendo también en Estados Unidos.
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Europa, Latinoamérica y España pagarían la factura
Los grandes damnificados estarían fuera de Estados Unidos. Casi la tercera parte de sus exportaciones de diésel se dirige a América del Sur y, sumando Centroamérica, la región recibe casi la mitad del total, según Jorge León, vicepresidente de la firma noruega Rystad Energy. En Europa, el gasóleo supone casi dos terceras partes de la energía consumida en el transporte de mercancías por carretera, y Estados Unidos aporta este año un tercio de sus importaciones. «Una prohibición de las exportaciones sería devastadora en Europa», advierte Josh Michalowski, de la consultora Argus.
Europa produce alrededor del 70% del gasóleo que consume, por lo que sus gasolineras no se quedarían vacías, aunque sí podría haber problemas puntuales de escasez. Los precios, además, ya están disparados. En agosto, los carburantes y lubricantes subieron casi un 24% interanual en la Unión Europea (UE), según Eurostat. España parte de una posición mejor gracias a sus ocho refinerías, pese a que casi duplicó sus compras de diésel estadounidense entre enero y julio. El ministro Carlos Cuerpo, responsable del área económica del Gobierno, ha reunido a las principales energéticas ante el fin de las ayudas, y estas anticipan meses difíciles para el gasóleo, el gas y el combustible de aviación.
