La detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 evoca de forma turbadora la captura de Manuel Noriega exactamente 36 años antes, el 3 de enero de 1990, en una coincidencia temporal que trasciende la simple casualidad para devenir un deliberado mensaje simbólico. Washington replica el patrón panameño porque le funcionó: idéntica justificación mediante acusaciones de narcotráfico, bombardeos sobre la capital combinados con operaciones de fuerzas especiales, y destino final en tribunales federales de Nueva York enfrentando cargos por tráfico de cocaína. La acción contra Venezuela no constituye una errática improvisación de la administración Trump, sino la aplicación consciente de un protocolo probado que estableció precedentes legales favorables a los intereses norteamericanos. La DEA calca el guion de la Operación Causa Justa ejecutada en Panamá, reproduciendo cada fase desde la justificación inicial hasta la secuencia operativa, demostrando que Washington ha institucionalizado un protocolo replicable contra cualquier gobierno latinoamericano.
El caso Noriega estableció una jurisprudencia que facilita la captura de líderes extranjeros mediante violación flagrante de la soberanía estatal sin ulteriores consecuencias legales. Aproximadamente 27.000 efectivos militares invadieron Panamá entre diciembre de 1989 y enero de 1990 con el objetivo declarado de detener al general acusado por tribunales federales de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. El dictador panameño había sido colaborador de la Agencia Central de Inteligencia durante años, una relación que Washington desactivó estratégicamente cuando dejó de resultar útil, patrón que resuena en las complejas vinculaciones que sectores del chavismo mantuvieron con la Casa Blanca en determinados momentos. Tras eludir la detención inicial, se refugió en la Nunciatura Apostólica donde fuerzas norteamericanas lo sometieron a asedio psicológico que incluyó música a alto volumen de forma continua. Finalmente se entregó y fue trasladado a Miami donde un tribunal lo condenó en abril de 1992 a 40 años de prisión por ocho cargos relacionados con drogas.
El narcotráfico opera como justificación universal que permite a Washington intervenir militarmente en países latinoamericanos eludiendo acusaciones de agresión territorial mediante la construcción de una narrativa moral sobre lucha contra el crimen organizado. Esta estrategia actualiza justificaciones empleadas durante la Guerra Fría cuando el anticomunismo legitimaba intervenciones, sustituyéndolo por una amenaza que resulta igualmente efectiva para movilizar apoyo doméstico. Durante los meses previos a la captura de Maduro, la Casa Blanca desplegó una campaña de terror en el Caribe que la excusa del tráfico de estupefacientes apenas lograba disimular. Entre septiembre y diciembre de 2025, al menos 115 personas murieron en 35 ataques navales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas. Sin embargo, familiares de las víctimas denunciaron que muchos eran pescadores sin vinculación con redes criminales, revelando que la acción cumplía objetivos de intimidación militar más que de interdicción efectiva.
La doctrina Ker-Frisbie, establecida en casos de 1886, 1952 y 1992, instaura el fundamento jurídico que permite a cortes norteamericanas ejercer jurisdicción sobre acusados capturados ilegalmente en territorio extranjero. Este principio rechaza impugnaciones presentadas por reos que argumentan haber sido puestos bajo custodia judicial de forma ilegal, estableciendo que lo relevante es la presencia física del acusado ante el tribunal, no cómo llegó allí. Como señala Clark Neily del Cato Institute, las cortes federales sostienen que la forma en que un acusado es llevado ante ellas, incluso por la fuerza y desde suelo foráneo, no anula la jurisdicción penal. Esta doctrina conforma un vacío legal donde la Casa Blanca puede invadir militarmente otro país, capturar a su presidente mediante operación que viola múltiples tratados, y posteriormente juzgarlo sin que la ilegalidad de la detención constituya obstáculo procesal. El precedente panameño confirmó esta interpretación cuando cortes de apelación validaron la jurisdicción pese a la invasión.
La estrategia norteamericana para evadir el obstáculo de inmunidad de jefe de Estado consiste en negar el reconocimiento de Maduro como mandatario legítimo de Venezuela, transformando una cuestión jurídica en decisión política discrecional. Marco Rubio declaró repetidamente que el líder venezolano no es presidente sino jefe de una organización de narcotraficantes que se hace pasar por gobierno. El Departamento de Justicia lo describió en la acusación como gobernante de facto pero ilegítimo. Esta caracterización resulta crucial porque un precedente de la Corte Suprema de 2015 establece que los mandatarios norteamericanos tienen autoridad para reconocer a gobiernos extranjeros. Rebecca Ingber, experta en legislación global, predijo que la Corte Suprema probablemente dictaminará que Trump tiene potestad para negar el reconocimiento a efectos de inmunidad. Sin embargo, precisa el profesor de Oxford Dapo Akande, esta protección no constituye privilegio sino salvaguarda funcional ligada a la representación del Estado y al principio de no injerencia entre naciones soberanas.
La réplica consciente del patrón panameño comunica un mensaje de poder desnudo a gobiernos latinoamericanos: la Casa Blanca puede derrocar mediante fuerza militar a cualquier líder que Washington considere amenaza a sus intereses, procesarlo por cargos de narcotráfico y mantenerlo encarcelado durante décadas sin que las normas globales constituyan obstáculo efectivo. El número de víctimas de la operación panameña sigue siendo objeto de controversia con documentos desclasificados del Pentágono en 2019 señalando 516 muertos, si bien hay organizaciones humanitarias que elevan las cifras de civiles fallecidos hasta los 4.000. La Asamblea General de Naciones Unidas condenó la invasión aunque la Casa Blanca vetó una resolución similar en el Consejo de Seguridad. Estas condenas formales carecieron de consecuencias prácticas, estableciendo el precedente de que Washington puede ignorar impunemente el sistema multilateral cuando considera que sus intereses lo requieren.
La intervención en Venezuela certifica que el modelo panameño no es un episodio del pasado sino un protocolo institucionalizado que la Casa Blanca aplicará sistemáticamente en América Latina cuando lo estime conveniente. La coincidencia exacta de fechas entre ambas capturas no es casual sino una señal deliberada que destila continuidad estratégica: 36 años después, Washington emplea idénticos métodos porque le proporcionaron los resultados deseados sin coste político significativo. Las normas globales y las instituciones multilaterales solo vinculan a Estados débiles mientras las grandes potencias operan bajo lógicas de fuerza desnuda. Para América Latina, la lección resulta demoledora: su soberanía nacional es apenas una ficción jurídica que la Casa Blanca respeta únicamente cuando gobiernos alineados con sus intereses ocupan el poder. Cualquier desviación de la senda marcada puede derivar en bombardeos sobre la capital, ataques contra pescadores acusados falsamente de narcotraficantes y el mandatario esposado en un avión militar rumbo a Nueva York.
