El Partido Popular se niega a revelar cuál será la posición de sus eurodiputados cuando el Parlamento Europeo vote el acuerdo político alcanzado en junio del año pasado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. El pacto, negociado a cuatro bandas con Londres, Madrid y la colonia británica, prevé la demolición de La Verja y el libre tránsito de personas y mercancías, y cuenta con el respaldo de los alcaldes del Campo de Gibraltar. Vox votó en contra durante el proceso.
A poco más de cinco semanas de las elecciones a la Junta de Andalucía, el Partido Popular (PP) no quiere revelar cuál será el voto de sus 22 eurodiputados cuando el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el acuerdo político alcanzado en junio del año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar. El portavoz popular, Carlos Floriano, cargó ayer en el Congreso contra el tratado con dureza, acusando al Gobierno de «ocultar algo» e insinuando una supuesta conexión de la colonia con tramas de contrabando de hidrocarburos. Pero cuando se le preguntó por el sentido del voto de su partido en Bruselas, no respondió con claridad.
La posición de Floriano contrasta de forma llamativa con la que mantuvo el último ministro de Exteriores del PP, Alfonso Dastis, quien en 2018 declaró que España no renunciaba a una reivindicación sobre Gibraltar pero que el asunto no era «materia de estas negociaciones». El ministro de Asuntos Exteriores actual, José Manuel Albares, subrayó ayer esa distancia al contraponer las palabras de Floriano con las del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien en junio del año pasado, cuando se alcanzó el acuerdo a cuatro bandas, lo calificó de «avance importante para la región y para la prosperidad de la comarca gaditana». El portavoz socialista Juan Carlos Ruiz Boix fue más directo: «Callar ahora es engañar».
Qué establece el acuerdo
El contenido del acuerdo político sobre Gibraltar contempla medidas de calado que afectan directamente a la vida cotidiana de los más de 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar. La previsión más visible es la demolición de La Verja, la frontera que separa el territorio británico del municipio español de La Línea de la Concepción, y su sustitución por un sistema de libre tránsito de personas y mercancías entre la colonia y el espacio europeo. El acuerdo incorpora también disposiciones sobre el estatuto aduanero del Peñón y sobre la movilidad laboral de los miles de trabajadores españoles que cruzan la frontera cada día para emplearse en Gibraltar.
Según el Gobierno español, el resultado de la negociación sitúa al Reino Unido y a Gibraltar «en mejor posición que antes del Brexit», lo que convierte el pacto en un instrumento de estabilización para una zona fronteriza que acumulaba décadas de fricciones. Albares defendió que el acuerdo alcanzado «es el que querían los alcaldes del Campo de Gibraltar», una referencia directa a los municipios que han padecido históricamente las consecuencias de los cierres y restricciones en la frontera. El acuerdo no requiere someterse a votación del Congreso español —al tratarse de un pacto entre Londres y Bruselas—, pero sí precisa del aval del Parlamento Europeo para entrar en vigor.
El dilema ante Andalucía
La ambigüedad del PP tiene una explicación política precisa. Votar a favor del acuerdo en el Parlamento Europeo significaría avalar una negociación que el partido ha criticado con dureza en Madrid, lo que generaría una contradicción difícil de sostener ante su electorado más movilizado en la precampaña andaluza. Votar en contra implicaría oponerse a un tratado que beneficia de forma tangible a los trabajadores españoles en la colonia —más de 10.000 personas, según las estimaciones— y que cuenta con el respaldo explícito de los alcaldes de la comarca, muchos de ellos del propio PP. El dilema es real, y la dirección del partido ha optado por el silencio como única salida viable antes del 17 de mayo.
Vox no tuvo esa ambigüedad: sus seis eurodiputados votaron en contra del acuerdo durante el proceso. La formación ultraderechista presenta el tratado como una cesión de soberanía española y una operación que consolida la presencia británica en el Peñón. Floriano recogió parte de ese argumento al acusar al Gobierno de haber perdido «la mejor oportunidad que ha tenido España» para avanzar en la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar. El diputado popular no explicó, sin embargo, qué habría negociado el PP de manera diferente ni en qué condiciones habría firmado un acuerdo distinto.
El Gobierno defiende el acuerdo
Albares defendió ayer el resultado de la negociación con un argumento que apunta directamente al Campo de Gibraltar antes que al debate sobre la soberanía. El acuerdo, sostuvo el ministro, produce efectos concretos y verificables sobre la vida de quienes trabajan en la colonia y de quienes residen en los municipios fronterizos: elimina las colas, facilita el comercio y abre Gibraltar al espacio Schengen. Para el Gobierno, convertir ese resultado en una derrota diplomática requiere ignorar lo que piensan los propios afectados, que son, precisamente, los que han respaldado el pacto con más constancia.
El portavoz Ruiz Boix también es presidente de la Diputación de Cádiz, lo que añade a su intervención un componente de representación territorial difícil de descalificar desde el PP. Si la formación conservadora votara en Bruselas contra el acuerdo, tendría que explicar esa decisión ante un electorado andaluz que incluye a decenas de miles de personas vinculadas laboral y familiarmente a Gibraltar. Si se abstiene o vota a favor, deberá justificar la distancia entre su discurso en Madrid y su comportamiento en el Parlamento Europeo. La fecha del voto en Bruselas no está fijada, pero la de las elecciones andaluzas sí: el 17 de mayo.
