El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno, acusando al Ejecutivo de «regalar la residencia legal» y de buscar «incrementar el censo» español. Las declaraciones contrastan con el voto favorable que el PP otorgó en abril de 2024 a una iniciativa legislativa popular con objetivos similares, evidenciando un progresivo endurecimiento del discurso del partido en materia migratoria que lo acerca a las posiciones de Vox.
Alberto Núñez Feijóo compareció este miércoles en Figueruelas, Zaragoza, para criticar duramente el decreto de regularización extraordinaria que el Consejo de Ministros aprobó el martes tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. El líder del PP acusó al presidente del Gobierno de carecer de «derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas». Feijóo calificó la medida como «doblemente irresponsable» y aseguró que constituye una «cortina de humo» para desviar la atención de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que dejaron 46 fallecidos.
El presidente del PP afirmó que «el Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país» y defendió que «las regularizaciones han de ser individualizadas caso a caso y condicionadas caso a caso». Feijóo sostuvo que la iniciativa representa «una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país» y advirtió del «efecto llamada que se está produciendo con esta aparente regularización masiva de la inmigración irregular en España». El dirigente popular añadió que la medida «va en contra de la normativa europea» y de «la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo».
El decreto aprobado por el Gobierno beneficiará a las personas extranjeras que acrediten estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. El Ejecutivo estima que la medida puede alcanzar a unas 500.000 personas, aunque el PP eleva la cifra a más de 800.000 al considerar la posible reagrupación familiar. La regularización se tramita mediante real decreto, lo que no requiere convalidación parlamentaria, una decisión que Feijóo considera ilegítima por tratarse de una cuestión que afecta a derechos fundamentales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a las críticas desde San Sebastián de los Reyes al calificar la regularización de «profundamente irresponsable» y atribuirla a «fines electoralistas». Ayuso opinó que la medida representa «una trampa» que puede modificar el censo electoral y sostuvo que generará obstáculos para la gestión de los servicios públicos. Fuentes de la dirección del PP manifestaron su preocupación por el posible impacto electoral, argumentando que las personas regularizadas procedentes de Iberoamérica podrán solicitar la nacionalidad española tras solo dos años de residencia legal.
Del apoyo en 2024 al rechazo frontal
El viraje del Partido Popular contrasta marcadamente con la posición que mantuvo apenas nueve meses atrás. El 9 de abril de 2024, el Congreso aprobó con 310 votos a favor y 33 en contra admitir a trámite una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. El PP votó a favor de iniciar la tramitación de esta ILP, que había sido impulsada por más de 700.000 firmas ciudadanas y contaba con el respaldo de entidades como Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y el Servicio Jesuita a Migrantes. Solo Vox votó en contra de la iniciativa.
En aquel momento, el propio Feijóo defendió públicamente el apoyo de su partido a la ILP con una frase que ahora resulta reveladora: «Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos». La portavoz del PP en materia migratoria, Sofía Acedo, justificó el voto favorable argumentando que la presencia de Cáritas entre los promotores era determinante, aunque advirtió que «abrir el debate» les «permitiría retratar al Gobierno» y condicionó el apoyo definitivo a la aceptación de enmiendas del partido.
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reforzó esta posición en agosto de 2024 al afirmar que había «que darles una salida, faltaría más» a «los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores». Sémper insistió en la necesidad de tramitar la ILP avalada por Cáritas «para debatir, para profundizar y para hacerlo bien». Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada en el Congreso ante la constatación de que el PP finalmente no respaldaría su aprobación definitiva, lo que llevó al Gobierno a optar por la vía del real decreto.
El endurecimiento progresivo del discurso
El cambio de postura del Partido Popular no fue súbito sino progresivo. Apenas un mes después de votar a favor de la ILP, en junio de 2024, Feijóo esgrimió en plena campaña electoral catalana argumentos que vinculaban inmigración con inseguridad al afirmar que los migrantes «ocupan nuestros domicilios». En julio de ese mismo año, el líder popular pronunció un discurso contra la acogida de menores migrantes en el que aseguró que los españoles «tenemos derecho a salir a la calle con seguridad», estableciendo una relación directa entre inmigración y delincuencia que hasta entonces el partido había evitado.
El giro se consolidó en octubre de 2025 cuando el PP presentó en Barcelona su plan migratorio, que incluye propuestas como la expulsión de migrantes con residencia legal que sean «reincidentes» en delitos «aunque sean leves», la creación de una «autoridad única» para regular los visados de trabajo, y un sistema de evaluación del conocimiento del castellano como requisito para la regularización. El plan también contempla la valoración del «compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea», una condición que organizaciones de derechos humanos consideran subjetiva y potencialmente discriminatoria.
El entonces portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, intentó mantener un equilibrio en julio de 2024 al afirmar que «nosotros estamos a favor de la inmigración regular y ordenada porque España lo necesita», secundando la posición de la CEOE, que ha reclamado en múltiples ocasiones regularizar la situación de trabajadores en la economía sumergida. Sin embargo, esta línea de moderación quedó definitivamente superada con el anuncio del decreto gubernamental, ante el cual el PP ha adoptado un discurso indistinguible del que históricamente ha caracterizado a Vox.
Alineación con Vox y distancia con la Iglesia
La convergencia entre PP y Vox en materia migratoria se hizo evidente este miércoles durante la campaña electoral aragonesa. Mientras Feijóo criticaba la regularización en Figueruelas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pronunciaba en Villarluengo, Teruel, un discurso en términos casi idénticos. Abascal afirmó que «no se puede regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país» y sugirió que la medida responde a que el Gobierno quiere «sustituir» votantes: «Primero los regularizan, después les dan las ayudas sociales y dentro de un tiempo les dan la nacionalidad con mucha facilidad».
La radicalización del PP en esta materia ha generado la primera discrepancia clara con la jerarquía eclesiástica española en lo que va de legislatura. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, celebró públicamente la regularización como «un reconocimiento a la dignidad humana» y como una medida de «justicia social». La posición de la Iglesia contrasta frontalmente con el rechazo del PP, una formación que tradicionalmente se ha considerado heredera de la democracia cristiana española y que ha mantenido una estrecha relación con la CEE.
Feijóo anunció que llevará este fin de semana a la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb, Croacia, su oposición a la regularización, argumentando que contradice el pacto migratorio europeo y que podría trasladar mayor presión migratoria al resto de estados de la Unión debido a la libre circulación de trabajadores. El líder del PP planea exponer ante mandatarios como el canciller alemán Friedrich Merz que la medida española genera un «efecto llamada» contrario a los vientos restrictivos que soplan en Europa. Fuentes del partido confirmaron que el PP tratará de paralizar «por todos los medios» el decreto de regularización.
