El Ejecutivo defiende que su relación con el reino alauí es «excelente» y evita la confrontación pública, mientras la oposición reclama el mismo trato que se dio a Italia cuando suspendió el espacio Schengen e IU, desde dentro de la coalición, califica la actuación de Marruecos de «acción criminal».
Los mensajes que llegan de Rabat se acumulan —soberanía cuestionada, extradición amenazada, regularización criticada— pero la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se mueve. El Gobierno insiste en destacar la colaboración con el reino alauí y no contempla en ningún caso llamar a consultas a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, ni adoptar medidas de presión diplomática equivalentes a las que aplicó cuando Italia suspendió los controles Schengen sobre pasajeros procedentes de España. La prioridad de la Moncloa es enfriar cualquier encontronazo con el país vecino, con la crisis migratoria y la cuestión de soberanía como telón de fondo. La estrategia tiene una lógica táctica: cualquier ruptura con Marruecos en vísperas del 15 de agosto sería contraproducente. El problema es que también tiene un coste político creciente.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo ayer en Ceuta la línea oficial con una frase categórica: «La cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos siempre han sido y serán extraordinarias y excepcionales». Lo dijo antes de reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, que en estos días ha tachado a Rabat de socio desleal y poco fiable. El ministro, en cambio, remarcó que las relaciones bilaterales en todos los ámbitos son «absolutamente estrechas y basadas en la lealtad». El abismo entre ambas lecturas no es retórico: refleja una divergencia real sobre qué ocurrió el 30 de julio y sobre cómo denominar a quien lo permitió.
La estrategia de la desescalada
La posición del Ejecutivo tiene raíces que se remontan a 2022, cuando Pedro Sánchez visitó Rabat para cerrar la crisis abierta por la avalancha migratoria de 2021. De ese encuentro nació lo que ambos ejecutivos denominaron «una nueva etapa» en sus relaciones, sustentada en un pacto explícito: «Evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a las respectivas esferas de soberanía». En la práctica, ese compromiso implicó que España dejaba de apoyar públicamente la autodeterminación del Sáhara —un giro de calado en su política exterior— y Marruecos se comprometía a no reivindicar Ceuta y Melilla en los foros internacionales. El pacto funcionó durante cuatro años. Las declaraciones del ministro Ouahbi sobre las ciudades autónomas indican que, al menos desde su parte del acuerdo, ya no.
Fuentes de Exteriores reiteraron ayer que la relación de Madrid con Rabat es «excelente» en todos los ámbitos: diplomático, económico y en materia de cooperación contra la inmigración irregular y el crimen organizado. El Gobierno prefiere buscar los puntos de encuentro antes que airear las tensiones. Ese enfoque es comprensible a corto plazo pero insostenible como respuesta política a una crisis que ha costado 141 muertos y ha dejado a miles de menores en condiciones de emergencia en una ciudad española. El presidente Sánchez afirmó en el Congreso en 2022 que la nueva política hacia Marruecos tenía «bases muy firmes» que «alejaban la posibilidad de crisis recurrentes». Dos semanas después de la mayor avalancha de la historia de Ceuta, esa promesa sigue sin explicación.
El PP cambia de posición
El Partido Popular ha ido endureciendo su tono sobre Marruecos con el paso de los días, después de haber evitado señalar al país vecino en los primeros compases de la crisis. El giro fue visible el miércoles, cuando el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que «Ceuta y Melilla son España. En consecuencia, no se negocian. Se defienden». En paralelo, el grupo popular en el Congreso registró una batería de preguntas parlamentarias escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique los contactos con su homólogo marroquí tras las amenazas de Ouahbi sobre el acuerdo de extradición. La posición del PP ha convergido con la de Robles —la ministra que más temprano adoptó un lenguaje de firmeza territorial— y ha divergido de la del resto del Gobierno.
El argumento central de la oposición es la comparación con el precedente italiano. Cuando Roma planteó los controles fronterizos sobre pasajeros procedentes de España, el Ejecutivo convocó de inmediato a la embajadora italiana. «¿Cómo es posible que después de una invasión, y de que se cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya llamado a consultas a la embajadora de Marruecos?», cuestionó el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en un acto en Barcelona. La pregunta lleva implícita una respuesta que el Gobierno no quiere dar en voz alta: que Italia es un socio europeo y Marruecos un vecino al que se necesita para gestionar la frontera sur, y que ese cálculo impone asimetrías que la opinión pública cada vez tolera peor.
La voz disonante de IU
La posición de Izquierda Unida dentro del Gobierno resulta significativa precisamente porque no puede ser descartada como oposición irresponsable: es un socio de coalición. El coordinador general de la formación, Antonio Maíllo, calificó ayer la actuación de Marruecos de «acción criminal que ha provocado la muerte de personas» y exigió «replantearse todas las relaciones» con el reino alauí. Sus propuestas concretas van más lejos que las del propio Partido Popular: excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030, recuperar la posición española sobre la autodeterminación del Sáhara y exigir a la Unión Europea una posición común. «O el CNI ha fallado, o las pretendidas relaciones modélicas no han sido tales», afirmó.
La fractura entre el discurso oficial que habla de cooperación extraordinaria y la lectura de IU desde dentro de la coalición coloca al Ejecutivo en una posición política difícil de mantener a medida que pasan los días. Maíllo exigió también «transparencia y rigor» sobre lo ocurrido y advirtió de que la soberanía española está «en peligro» ante el nuevo pulso con Marruecos. Lo llamativo es que ese diagnóstico no difiere sustancialmente del que sostienen la ministra Robles, el presidente ceutí Vivas y el propio Partido Popular. El Gobierno, en cambio, sigue hablando de lealtad marroquí mientras administra una crisis que tiene, entre sus causas demostradas, la permisividad deliberada de las autoridades del país vecino.
