Washington ha autorizado al Gobierno venezolano a cubrir los honorarios legales del expresidente depuesto Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos procesados en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico y al llamado “narcoterrorismo”, según documentos judiciales presentados ante la corte federal del distrito sur de Manhattan.
La decisión supone una flexibilización puntual de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra Venezuela. Hasta ahora, las restricciones impedían cualquier transferencia de fondos desde Caracas hacia los abogados defensores, al estar tanto Maduro como el Estado venezolano bajo control de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Barry Pollack, abogado del exmandatario, había solicitado en febrero la anulación del proceso argumentando que impedir el pago de la defensa vulneraba el derecho constitucional de su cliente a elegir representación legal. El juez federal Alvin Hellerstein expresó entonces sus reservas sobre el equilibrio entre las sanciones de política exterior y las garantías procesales básicas.
Finalmente, el Departamento de Justicia aceptó modificar el alcance de las sanciones y la OFAC emitió licencias corregidas que permiten a los abogados de Maduro y Flores recibir pagos del Gobierno venezolano. La autorización, sin embargo, impone límites: los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de ventas de petróleo reguladas por Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, fueron detenidos en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales. Ambos se han declarado no culpables y permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.
La defensa ha retirado por ahora la moción para desestimar el caso, mientras fiscales y abogados han solicitado una nueva audiencia de seguimiento dentro de los próximos 60 días.
