Estados Unidos endureció este martes su tono contra el Gobierno de Daniel Ortega, después de que el mandatario nicaragüense anunciara que el país dejará de celebrar elecciones, una decisión que ha generado fuertes críticas internacionales y avivado los temores sobre la instauración de un sistema de partido único.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el presidente Donald Trump y la comunidad internacional «no se quedarán de brazos cruzados» mientras el Ejecutivo de Managua continúa, a su juicio, profundizando la represión y debilitando las instituciones democráticas.
«Abolir las elecciones demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense», afirmó Rubio en un mensaje difundido en la red social X.
El pronunciamiento llega dos días después de que Ortega, durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, asegurara que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones» que permitan acceder al poder a partidos que, según sus palabras, estén «puestos por los yanquis».
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, inició el análisis de reformas destinadas a aplicar las nuevas directrices presidenciales.
Crece la preocupación internacional
El anuncio también fue rechazado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien consideró que el régimen nicaragüense «ha abandonado la democracia». Por su parte, Costa Rica llamó a consultas a su embajador en Managua como señal de protesta.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2027, tras la reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgó a Rosario Murillo, esposa de Ortega, el cargo de copresidenta.
Temor a un sistema de partido único
Diversos dirigentes opositores en el exilio interpretan el anuncio como un paso definitivo hacia un modelo similar al de Cuba, donde existe un único partido legalmente reconocido.
El exaspirante presidencial Félix Maradiaga afirmó que Ortega teme perder unas elecciones verdaderamente competitivas y que la oposición continúa representando una alternativa política para el país.
En la misma línea, la excomandante sandinista Dora María Téllez aseguró que el Gobierno atraviesa una etapa de creciente endurecimiento político, mientras que Juan Sebastián Chamorro, otro dirigente opositor exiliado, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es convertir a Nicaragua en «un país de partido único».
Presión internacional y denuncias de derechos humanos
Desde las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 300 fallecidos según organismos internacionales, el Gobierno de Ortega ha intensificado la persecución contra opositores, periodistas, activistas y líderes religiosos.
Estados Unidos mantiene sanciones contra miles de funcionarios y familiares vinculados al régimen, mientras organizaciones como Human Rights Watch han instado a la comunidad internacional a impulsar mecanismos de justicia internacional, recordando que expertos de Naciones Unidas acusan al Gobierno nicaragüense de presuntos crímenes de lesa humanidad.
En las últimas semanas, además, el Ejecutivo revocó las licencias profesionales de cerca de 2.000 abogados, en una nueva medida denunciada por la oposición como parte del creciente control político sobre las instituciones del país.
