La entrada en vigor el 5 de junio de la orden ejecutiva 14404 de la Administración Trump ha precipitado la retirada de Meliá e Iberostar de decenas de hoteles en Cuba vinculados al conglomerado militar Gaesa. El repliegue culmina un deterioro acelerado: el turismo cerró 2025 con su peor registro desde 2002, las empresas españolas acumulan más de 300 millones en impagos y el vacío que dejan podría ser ocupado por cadenas hoteleras norteamericanas.
La industria hotelera española en Cuba ha vivido esta semana su mayor contracción desde que las cadenas baleares desembarcaron en la isla en los años noventa. Meliá, con 34 establecimientos en el archipiélago, anunció el miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cese de la gestión de 15 de ellos. Un día antes, Iberostar había confirmado su retirada de 12 de sus 18 hoteles. En ambos casos, los establecimientos afectados son propiedad del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima (Gaesa), el conglomerado militar cubano que controla entre el 50% y el 70% del Producto Interior Bruto (PIB) de la isla y que la Administración de Donald Trump ha colocado en el centro de su ofensiva económica contra La Habana.
La retirada no se produjo de forma espontánea. El 1 de mayo, la Casa Blanca publicó la orden ejecutiva 14404, que fija el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras cesen su actividad con entidades vinculadas a Gaesa, bajo amenaza de congelación de activos en territorio estadounidense. Tanto Meliá como Iberostar operan en el mercado norteamericano, lo que las situaba directamente en el radio de acción de las sanciones. El economista cubano Pavel Vidal advirtió que el resultado final de las medidas será «una desconexión casi total de Cuba de los circuitos internacionales de comercio y de financiación».
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La orden ejecutiva que forzó el éxodo
La orden ejecutiva 14404 amplía el alcance de las sanciones estadounidenses a Cuba más allá de lo que establecía el histórico embargo. No solo apunta a empresas multinacionales: también afecta a cualquier persona o entidad que apoye material o financieramente al Gobierno cubano, con especial atención a los sectores de energía, defensa, finanzas, minería y seguridad. La ambigüedad del texto otorga a Washington una discrecionalidad amplia en su aplicación, lo que ha llevado a muchas compañías a adelantar su retirada antes de conocer el alcance exacto de las penalizaciones.
La norma se apoya en el título III de la ley Helms-Burton, en vigor desde 1996 pero suspendido hasta que Trump lo reactivó en su primer mandato en 2019. Ese título habilita a ciudadanos estadounidenses a demandar en tribunales norteamericanos a cualquier empresa que opere con activos expropiados por el Gobierno cubano. Meliá e Iberostar han ganado hasta ahora todas las reclamaciones presentadas en su contra bajo esta legislación, pero la perspectiva de nuevas demandas en un contexto de endurecimiento de las sanciones aceleró la decisión de retirada.
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Lo que pierden Meliá e Iberostar
El impacto económico directo de la retirada es limitado: los hoteles afectados llevaban meses con actividad mínima o cerrados por la crisis energética y el colapso de la demanda. Los 35 establecimientos cubanos de Meliá generaron en 2024 ingresos de 12,7 millones de euros, apenas el 0,6% de la facturación total del grupo. Los activos de Iberostar en la isla aportaron 9,75 millones sobre un total de 4.468 millones ese mismo ejercicio. El mercado reaccionó con relativa calma: los títulos de Meliá cerraron la jornada del miércoles con una ganancia del 0,36% y acumulan una revalorización del 41,51% en el trimestre.
El daño mayor no es inmediato sino estructural. Meliá pierde la gestión de 14.000 habitaciones en Cuba, el 14% de su cartera mundial. Iberostar abandona establecimientos emblemáticos, entre ellos la Torre K, el controvertido edificio de 42 plantas inaugurado en La Habana el año pasado. Ambas compañías deberán además afrontar la incertidumbre sobre los impagos acumulados: según la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, las empresas españolas con relaciones comerciales con el Gobierno cubano acumulan deudas de al menos 300 millones de euros, cifra que asciende a 330 millones si se incluyen dividendos retenidos y fondos bloqueados en cuentas de la isla.
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La Cuba que dejaron atrás: turismo en colapso
El repliegue de las hoteleras no es solo consecuencia de la presión de Washington: es también el resultado de un deterioro que venía de antes. El economista cubano Mauricio de Miranda señala que «las medidas estadounidenses han inducido a las hoteleras a abandonar el mercado cubano, pero no solo por las medidas en sí mismas, sino por la caída de visitas y el bajo nivel de ocupación. Cuba ha dejado de ser un lugar atractivo para el turismo». El sector cerró 2025 con 1,8 millones de visitantes, el peor registro desde 2002 sin contar los años de la pandemia. Entre enero y abril de 2026, las llegadas cayeron un 55,8% respecto al mismo período del año anterior.
La industria turística era la principal fuente de divisas de un país cuya economía acumula una caída del 15% del PIB desde la pandemia. La crisis energética ha dejado a muchos hoteles sin suministro eléctrico estable. Las conexiones aéreas se han reducido de forma drástica: Iberia suspendió su ruta con La Habana en junio, World2Fly canceló sus vuelos en mayo y Air Europa opera ya como única aerolínea española en la ruta, con tres frecuencias semanales y repostaje en República Dominicana. Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa del Turismo, lo sintetizó sin matices: «Cuba es hoy en día un destino invendible, nadie quiere viajar allí».
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El riesgo legal: demandas, arbitrajes y Helms-Burton
La retirada no cierra el capítulo legal para las hoteleras españolas; en muchos aspectos lo abre. Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen y director del Cuban Desk, identifica dos planos de litigio. El primero es el de los contratos de gestión suscritos con Gaesa a través de empresas mixtas: el Gobierno cubano puede alegar que la amenaza de sanciones norteamericanas no constituye per se causa de fuerza mayor para rescindir un acuerdo, dado que el embargo existe desde hace décadas y suele excluirse contractualmente como motivo de ruptura unilateral.
El segundo plano es el de la cláusula de fuerza mayor por circunstancias sobrevenidas. La estrategia defensiva que recomiendan los expertos pasa por argumentar que la combinación de ausencia de suministro eléctrico, falta de alimentos, colapso de la conectividad aérea y desplome de la ocupación ha frustrado la finalidad del contrato más allá de las sanciones en sí. Ese fue el argumento empleado por la hotelera canadiense Blue Diamond para justificar su salida de 15 establecimientos. Las compañías españolas han pedido al Gobierno que active los programas de conversión de deuda y que la Comisión Europea intensifique el rechazo a la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton.
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El vacío que espera ser llenado
La retirada de las cadenas españolas, canadienses e internacionales deja una infraestructura hotelera de alta gama sin operador. Fuentes de la industria consultadas apuntan que, en el escenario en que Estados Unidos acabe dominando políticamente la transición cubana, la puerta quedaría abierta para la entrada de las grandes cadenas norteamericanas. Grupos como Ritz-Carlton o Hilton Hotels encontrarían una planta hotelera ya construida y en parte modernizada gracias a décadas de gestión española, lista para ser reactivada bajo una nueva orientación de mercado.
Un portavoz de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, integrada en la patronal catalana Foment del Treball, fue directo sobre las perspectivas: «En las actuales condiciones económicas, ninguna empresa va a invertir dinero en Cuba». El desenlace del pulso entre Washington y La Habana determinará si las hoteleras españolas podrán recuperar alguna presencia en la isla o si tres décadas de implantación en el mercado caribeño quedan definitivamente clausuradas por una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca.
