El último Consejo Europeo antes del verano cerró esta semana en Bruselas con una agenda densa y sin resoluciones definitivas en ninguno de sus frentes principales. El presupuesto plurianual 2028–2034 sigue sin consenso entre frugales y países del Sur. Diecinueve Estados miembros firmaron una carta para acelerar los centros de deportación extraterritoriales, de la que se desmarcaron España, Francia y Alemania. Y la cumbre abordó también la situación en Gaza y el apoyo a Ucrania.
El Consejo Europeo de Bruselas, el último antes del receso estival, concentró en dos jornadas una agenda que refleja el estado de la Unión Europea en el verano de 2026: fragmentada en sus posiciones internas, presionada por conflictos exteriores y con el reloj corriendo en varias negociaciones simultáneas. Los líderes de los Veintisiete trataron el presupuesto a largo plazo, la política migratoria, la situación humanitaria en los territorios palestinos y el apoyo a Ucrania. En ninguno de esos frentes se alcanzó un acuerdo definitivo, aunque sí se fijaron calendarios y se clarificaron posiciones que anticipan batallas más intensas en otoño.
La cumbre transcurrió bajo la sombra de varios ejes de tensión simultáneos. La discusión migratoria entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni fue el episodio más visible, pero el debate presupuestario es el que determina el reparto de poder y recursos en la UE para los próximos siete años. La presidencia chipriota del Consejo cede el testigo a Irlanda el 1 de julio con la instrucción de presentar un nuevo documento en otoño, lo que convierte el verano en un periodo de negociación técnica intensa antes de la siguiente cumbre de octubre.
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El presupuesto 2028–2034: dos billones en disputa
La Comisión Europea propone un Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028–2034 de dos billones de euros, el más ambicioso de la historia comunitaria y casi el doble del ciclo 2021–2027. Pese a la magnitud de la cifra, representa solo el 1% del Producto Interior Bruto estimado de la UE en ese periodo, una proporción que sus defensores consideran insuficiente para los retos que afronta el bloque. El canciller alemán Friedrich Merz lideró la resistencia de los países frugales —Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca— y fue directo: «La propuesta que está sobre la mesa es claramente demasiado elevada». La presidencia chipriota puso sobre la mesa una propuesta intermedia con una rebaja del 2% respecto a las proyecciones iniciales, equivalente a 32.800 millones de euros menos, que tampoco satisfizo a nadie.
El enfrentamiento reproduce una fractura clásica de la política europea. Los frugales del norte rechazan aumentar sus aportaciones netas y se oponen a que la deuda del NextGenerationEU se refinancie mediante nuevos bonos conjuntos. El bloque de los «amigos de la cohesión» —liderado por España, Italia y Polonia y apoyado por otros trece países— defiende blindar los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) y al desarrollo regional, que en la propuesta de la Comisión pasan del 60% al 44% del total a favor de partidas de defensa y competitividad. España votó en contra de los recortes en el Consejo y defendió un presupuesto «más ambicioso». Irlanda tendrá que presentar un nuevo texto en otoño con la presión añadida del calendario electoral: Francia, España, Italia y Polonia celebran elecciones en 2027, y un avance de la ultraderecha en esos países podría hacer inviable la unanimidad requerida para cerrar el acuerdo.
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La carta de los 19: centros de deportación y una minoría europea
En la mañana del viernes, mientras los líderes ultimaban las conclusiones de la cumbre, diecinueve de los veintisiete Estados miembros publicaron una carta conjunta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, António Costa, exigiendo acelerar la creación de centros de retorno de migrantes en terceros países fuera del territorio europeo. El documento, encabezado por la primera ministra danesa Mette Frederiksen y la italiana Giorgia Meloni, afirma que esa es «la forma más eficaz de acabar con los modelos de negocio de los traficantes de migrantes, eliminar los incentivos para la migración irregular y garantizar que se repatríe a quienes no tienen derecho legal a permanecer en Europa».
La carta rompe las divisiones ideológicas habituales: junto a conservadores y nacionalistas como el húngaro Peter Magyar o el belga Bart de Wever, la firman también dirigentes progresistas y liberales como el maltés Robert Abela o el propio primer ministro neerlandés Rob Jetten. España, Francia y Alemania no la suscribieron, lo que los convierte en una minoría de bloqueo relevante pero insuficiente para impedir que la externalización de fronteras siga avanzando como política dominante en la UE. La iniciativa llega horas después de que el Parlamento Europeo aprobara el reglamento de retornos con 389 votos a favor.
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Sánchez y Meloni frente a frente: regularización contra centros de retorno
El choque más directo de la cumbre enfrentó a Sánchez y Meloni en la sesión del jueves por la noche. Según Euractiv, el presidente español criticó los centros de retorno italianos en Albania por su ineficiencia —acogen a menos de cien personas— y los calificó de contrarios a los valores de la Unión Europea. Meloni respondió cuestionando la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes impulsada por España y reprochó a Sánchez que «lo que haces afecta a otros países», en referencia al derecho de libre circulación que adquieren los beneficiarios del proceso dentro del espacio Schengen.
A la salida, Sánchez quitó hierro al intercambio y lo describió como «un debate necesario», en línea con la posición del Gobierno de no hablar de enfrentamiento. El presidente defendió además que su modelo migratorio se basa en la cooperación con los países de origen y tránsito —citó Marruecos, Mauritania y Senegal— y que los resultados económicos de esa apuesta avalan la estrategia. Los líderes acordaron intensificar el trabajo en migración «incluida su dimensión externa» y aplazaron una discusión estratégica al Consejo de octubre.
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Gaza y Cisjordania: veto comercial a los asentamientos
La situación humanitaria en los territorios palestinos ocupó también la agenda de la cumbre. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, trasladó formalmente al Colegio de Comisarios la petición de un grupo de Estados liderado por España, Irlanda y Francia de aplicar un veto comercial a los productos procedentes de los asentamientos coloniales israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional. La Comisión respondió anunciando que presentará el 13 de julio una serie de medidas punitivas en el Consejo de Exteriores.
Costa y Von der Leyen calificaron de «dramática» la situación en Gaza y Cisjordania. El documento de conclusiones incluyó una condena al trato recibido por los activistas de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y censuró los discursos de «los ministros extremistas que incitan y promueven violaciones de Derechos Humanos», una referencia implícita a miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La decisión de anclar el veto comercial en el Consejo de Exteriores del 13 de julio marca un paso concreto hacia la adopción de medidas punitivas que hasta ahora habían quedado en declaraciones.
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Ucrania: apoyo reafirmado y tensión sobre el diálogo con Rusia
Los Veintisiete reafirmaron su apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre. El documento de conclusiones recogió que «no puede premiarse al agresor» y censuró el recrudecimiento de los ataques rusos contra civiles y las incursiones de drones en territorio europeo. En paralelo, el medio Politico informó de que Francia y Alemania están furiosas con Costa por haber explorado vías de diálogo con el Kremlin, mientras Von der Leyen señaló a los líderes que ha llegado el momento de negociar con Rusia, una posición que tensó el debate interno sobre cómo combinar el apoyo militar a Kiev con la búsqueda de una salida diplomática.
La salida de Viktor Orbán del Gobierno húngaro ha desbloqueado varios frentes que llevaban meses paralizados. La UE pudo liberar la ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania, aprobar el vigésimo paquete de sanciones a Moscú y arrancar formalmente las negociaciones de adhesión de Kiev al bloque. El próximo paquete de sanciones en preparación contempla prohibir la entrada en el espacio Schengen a cualquier miembro del ejército ruso. Costa, por su parte, expresó su confianza en que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán «allane el camino hacia una paz duradera, la estabilidad regional y el respeto pleno y efectivo a la soberanía del Líbano», vinculando así los dos grandes conflictos activos en la agenda exterior europea.
