Ante la expansión de redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, cinco países sudamericanos acordaron en Santiago de Chile coordinar una respuesta regional basada en el intercambio de inteligencia, el control migratorio y la vigilancia de los flujos financieros vinculados a organizaciones delictivas.
La creciente presencia de estructuras criminales transnacionales en América del Sur ha llevado a varios gobiernos de la región a reforzar la cooperación en materia de seguridad. Reunidos en Santiago, ministros de Exteriores y responsables de Seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú acordaron poner en marcha un plan conjunto para combatir el crimen organizado y fortalecer la coordinación entre sus instituciones.
La iniciativa contempla la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas concretas en ámbitos como el control migratorio, la vigilancia de fronteras, la inteligencia financiera y tributaria y el intercambio de información entre organismos de seguridad.
El objetivo es responder de forma coordinada a organizaciones criminales que han ampliado su influencia en distintos países de la región, entre ellas la banda venezolana Tren de Aragua, señalada por las autoridades de varios Estados como una de las principales amenazas para la seguridad regional.
«Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevar seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas», afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna al término de la reunión.
La preocupación compartida se explica por el deterioro de los indicadores de seguridad en varios países sudamericanos. El caso más preocupante es el de Ecuador, que en pocos años pasó de ser uno de los países más seguros de la región a registrar una de las tasas de homicidios más elevadas del continente.
Según las cifras presentadas durante el encuentro, Ecuador alcanzó en 2025 una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, reflejo del creciente poder de las redes vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, recordó que América Latina continúa siendo la región más violenta del mundo fuera de contextos de guerra. La tasa promedio de homicidios alcanza los 18 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial, y una parte significativa de esos delitos está relacionada con organizaciones criminales.
Los participantes acordaron presentar próximamente el denominado «Compromiso Regional de Santiago» ante la Organización de los Estados Americanos, con la intención de sumar a otros países al esfuerzo de cooperación.
La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente chileno José Antonio Kast, quien hizo de la lucha contra la delincuencia uno de los ejes centrales de su campaña electoral y de su acción gubernamental.
El nuevo grupo de trabajo celebrará su próxima reunión dentro de seis meses en Argentina, donde se espera avanzar hacia mecanismos concretos de cooperación regional frente a un fenómeno que ya trasciende ampliamente las fronteras nacionales.
