Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos quieren comenzar en 2027 a trasladar a terceros países a personas sin derecho legal a permanecer en la Unión Europea. El proyecto de los llamados «centros de retorno» profundiza el endurecimiento de la política migratoria comunitaria y suscita serias advertencias sobre las garantías jurídicas y los derechos humanos.
Cinco países de la Unión Europea han decidido acelerar la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron el viernes en Copenhague avanzar conjuntamente en la negociación con terceros Estados para trasladar allí a personas que no tengan derecho legal a permanecer en sus territorios. El objetivo es cerrar un primer acuerdo antes de terminar este año y estar en condiciones de realizar los primeros traslados durante 2027. El Gobierno danés, impulsor de la iniciativa, presenta el proyecto como el comienzo de una transformación profunda de la política europea de inmigración y asilo.
La iniciativa no supone trasladar fuera de Europa la tramitación ordinaria de todas las solicitudes de asilo. Los denominados return hubs están concebidos principalmente para personas que hayan recibido una orden de salida y cuya devolución al país de origen no pueda ejecutarse. Es una distinción importante ante un debate en el que se mezclan con frecuencia asilo, inmigración irregular y expulsión. Los cinco gobiernos sostienen que el mecanismo permitiría reducir las llegadas irregulares y dificultar el negocio de las redes de tráfico de personas. Todavía no han revelado con qué países negocian, aunque Ruanda y Uganda aparecen entre los posibles socios.
Un paso más en el endurecimiento europeo
La reunión de Copenhague muestra hasta qué punto la externalización ha dejado de ser una propuesta situada en los márgenes de la política migratoria europea. Los cinco gobiernos han acordado unos principios comunes y una hoja de ruta para negociar con un tercer país. Dinamarca espera alcanzar alrededor de final de año un entendimiento que permita comenzar los traslados en 2027. Alemania confirmó igualmente su intención de cerrar durante este año algún acuerdo que haga posible establecer estos centros. Los ministros volverán a reunirse a finales de septiembre en Múnich.
El proyecto pretende resolver uno de los principales problemas del sistema europeo de retornos. Una orden de expulsión no implica necesariamente que esta pueda ejecutarse. La ausencia de documentación, la falta de cooperación del país de origen o las limitaciones jurídicas pueden impedir durante largos períodos la devolución. Los cinco Estados quieren que algunas de esas personas sean trasladadas a un tercer país con el que exista previamente un acuerdo. Morten Bødskov, ministro danés de Inmigración e Integración, rechaza que se trate de crear «campamentos» o prisiones y sostiene que los Estados asociados deberían ofrecerles la posibilidad de desarrollar allí una nueva vida.
De una propuesta controvertida a política comunitaria
El avance de los cinco países se produce después de que las instituciones europeas hayan abierto el marco jurídico para este tipo de mecanismos. El Parlamento Europeo aprobó en junio una nueva regulación de los retornos que contempla la posibilidad de establecer centros en terceros países mediante acuerdos específicos. El cambio proporciona a los gobiernos una cobertura comunitaria que no existía cuando comenzaron a proliferar las primeras iniciativas de externalización. La Comisión Europea participó como observadora en la reunión celebrada en Copenhague.
El precedente político más conocido es el acuerdo promovido por el Gobierno de Giorgia Meloni con Albania, aunque su funcionamiento ha encontrado numerosos obstáculos judiciales. La iniciativa de los cinco países presenta diferencias importantes porque se concentra en personas sometidas a procedimientos de retorno, pero comparte una tendencia de fondo: desplazar fuera de las fronteras de la Unión una parte creciente de la gestión migratoria. España rechazó junto con otros países propuestas de externalización planteadas en el Consejo Europeo en 2023, mientras Dinamarca se ha situado desde hace años entre los gobiernos que reclaman una revisión más restrictiva del sistema.
Los derechos no desaparecen fuera de la UE
El traslado a terceros países plantea, sin embargo, problemas que van mucho más allá de encontrar instalaciones donde alojar a quienes no pueden ser expulsados a sus Estados de origen. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha advertido a los cinco gobiernos de que cualquier mecanismo deberá evaluar previamente los riesgos directos e indirectos para los derechos fundamentales, garantizar condiciones adecuadas y establecer responsabilidades claras. El hecho de que una persona sea trasladada fuera del territorio comunitario no libera a los Estados europeos de sus obligaciones internacionales.
Las organizaciones humanitarias plantean objeciones todavía más severas. Amnistía Internacional advierte de riesgos de detención arbitraria, malos tratos o posteriores devoluciones forzosas y cuestiona particularmente las opciones de Ruanda y Uganda. Save the Children alerta además de las consecuencias que estos mecanismos pueden tener para los menores. Los cinco gobiernos aseguran que trabajarán de acuerdo con el derecho europeo e internacional y pretenden mantener conversaciones con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones, aunque ACNUR señaló tras la reunión que todavía no había recibido los detalles del proyecto.
La discusión europea se desplaza así desde la posibilidad de externalizar los retornos hacia las condiciones concretas para hacerlo. El grupo de Copenhague quiere que el primer mecanismo pueda funcionar el próximo año y aspira a incorporar a otros Estados miembros. Quedan por resolver cuestiones decisivas, desde el país que aceptará recibir a los expulsados hasta su estatuto jurídico, las condiciones de permanencia, la supervisión de los centros y la responsabilidad de cada Estado ante posibles vulneraciones. El avance político es, en cualquier caso, significativo: una fórmula que hace pocos años encontraba fuertes resistencias dentro de la Unión empieza a incorporarse al instrumental ordinario de su política migratoria.
