La guerra en torno a Irán ha obligado al Gobierno español a reaccionar con rapidez para contener su impacto económico. Pero la respuesta aprobada este viernes en el Consejo de Ministros ha dejado algo más que medidas sobre la mesa: ha evidenciado, una vez más, las tensiones internas de una coalición que sigue funcionando a base de negociación permanente.
El Ejecutivo sacó adelante finalmente dos decretos en lugar de uno. El primero incluye medidas económicas para amortiguar la subida de los precios energéticos, con rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los combustibles. El segundo, impulsado por Sumar, incorpora iniciativas en materia de vivienda, como la prórroga de contratos de alquiler y el control de determinados márgenes empresariales. La división del paquete no es un detalle técnico: refleja el desacuerdo de fondo entre los dos socios del Gobierno.
La negociación fue tensa. Los ministros de Sumar llegaron a plantear su ausencia en el Consejo si no se incluían medidas sociales más amplias. La reunión se retrasó cerca de dos horas mientras continuaban las conversaciones, que acabaron elevándose al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El acuerdo final permitió desbloquear la situación, pero dejó claro que la coordinación interna sigue siendo frágil.
El PSOE defendía inicialmente un decreto centrado en aliviar el impacto directo del encarecimiento de la energía sobre consumidores y empresas. Sumar, en cambio, insistía en que la crisis no puede abordarse solo desde el lado fiscal y reclamaba ampliar el llamado “escudo social”, con especial atención al problema de la vivienda. En un contexto de alquileres disparados, este punto se ha convertido en una de las principales banderas del socio minoritario.
El resultado es un compromiso que combina ambas visiones, pero sin integrarlas plenamente. Por un lado, se actúa sobre los precios y el consumo; por otro, se introducen medidas de protección social. Sin embargo, la necesidad de aprobar dos decretos distintos evidencia que el consenso no es completo, sino construido a partir de concesiones mutuas.
A esta tensión interna se añade un condicionante clave: la falta de mayoría parlamentaria. El Gobierno no solo tiene que acordar sus medidas dentro del Ejecutivo, sino también garantizar que puedan ser convalidadas en el Congreso. La vicepresidenta María Jesús Montero lo dejó claro en los días previos: el contenido del decreto debía ajustarse a lo que tenga respaldo suficiente entre los grupos parlamentarios. En la práctica, esto limita el margen de maniobra y obliga a priorizar lo viable sobre lo deseable.
La combinación de crisis externa y debilidad interna define el momento político actual. El encarecimiento del petróleo y el gas, derivado del conflicto en Oriente Medio, presiona al alza la inflación y amenaza con frenar el crecimiento. Al mismo tiempo, el Gobierno debe gestionar esas tensiones en un entorno político fragmentado, donde cada decisión requiere negociación constante.
El episodio de este viernes no es aislado. Forma parte de una dinámica que se repite desde el inicio de la legislatura: acuerdos alcanzados tras largas negociaciones, medidas moduladas por el equilibrio entre socios y decisiones condicionadas por la aritmética parlamentaria. En situaciones normales, este modelo puede sostenerse. En un contexto de crisis, sus límites se hacen más visibles.
El Ejecutivo ha logrado aprobar su plan anticrisis y proyectar una imagen de unidad. Pero es una unidad trabajada, fruto de la presión y la negociación, más que de una estrategia compartida. Y ese matiz no es menor.
Porque en un escenario internacional cada vez más inestable, la capacidad de respuesta de un Gobierno no depende solo de las medidas que adopta, sino también de su cohesión interna. Y en ese terreno, las señales siguen siendo ambiguas.
