El Parlamento Europeo traslada la crisis de Ceuta al debate sobre el futuro de la política migratoria de la Unión. El PP reclama más control fronterizo, retornos y mecanismos de expulsión en terceros países, mientras Vox exige romper parcialmente las relaciones con Rabat. Socialistas, Sumar, liberales y Verdes denuncian la instrumentalización política de la avalancha y la Comisión Europea mantiene su apuesta por cooperar con Marruecos.
La crisis de Ceuta se ha convertido en un nuevo campo de batalla sobre la política migratoria europea. El primer debate específico celebrado en el Parlamento Europeo mostró profundas diferencias sobre cómo responder a entradas masivas como la registrada a finales de julio, qué responsabilidad corresponde a Marruecos y hasta dónde debe llegar la cooperación con Rabat. Las posiciones abarcan desde el refuerzo de las fronteras y los retornos defendido por el Partido Popular Europeo hasta la ruptura parcial de relaciones que reclama Vox, mientras la Comisión mantiene su estrategia de colaboración con el país vecino.
La discusión traslada al ámbito comunitario buena parte de las diferencias que han marcado la respuesta política española. Pero incorpora cuestiones que desbordan la gestión de Ceuta. Los centros de expulsión en terceros países, el papel de Frontex, la externalización del control migratorio o la posibilidad de utilizar visados y acuerdos comerciales como instrumentos de presión aparecen ahora vinculados a la crisis. Frente a ese endurecimiento, socialistas, Sumar, liberales y Verdes reclaman solidaridad con España y cuestionan que la inmigración vuelva a convertirse en un instrumento de confrontación política.
El PP reclama fronteras más fuertes y más retornos
La eurodiputada popular Dolors Montserrat calificó lo sucedido en Ceuta de «guerra híbrida de manual» y responsabilizó a Marruecos «por acción o por omisión». La dirigente del PP exigió a Rabat que asuma sus responsabilidades y cumpla las obligaciones correspondientes a su condición de socio de la Unión Europea. La expresión «guerra híbrida» ha sido utilizada también por el Gobierno español, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes de que Marruecos organizara la avalancha.
Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, endureció el mensaje hacia Rabat. «Marruecos ni ha colaborado ni colaborará», aseguró. A su juicio, que decenas de miles de personas pudieran regresar rápidamente después de cruzar hacia Ceuta no demuestra la cooperación marroquí, sino precisamente su capacidad para controlar los movimientos en la frontera. El dirigente popular ha llegado a cuestionar que pueda mantenerse una relación política y comercial normalizada con Marruecos después de la crisis.
El neerlandés Jeroen Lenaers, también del PPE, centró sus críticas en la política migratoria española y europea. Acusó a Sánchez de haber solicitado tarde la ayuda comunitaria y de haberse opuesto previamente a instrumentos que, en su opinión, podrían haber contribuido a prevenir la situación. Entre ellos citó la creación de centros de expulsión fuera de la Unión Europea. También reclamó reforzar Frontex y utilizar los mecanismos europeos previstos para responder a emergencias migratorias excepcionales.
Vox reclama suspender acuerdos y visados
Vox llevó el debate mucho más lejos. Jorge Buxadé describió lo ocurrido como una «invasión territorial» y una «ocupación ilegal y violenta de una parte de España». El eurodiputado acusó además al Gobierno de comportarse como «un agente de Marruecos» y reclamó que Bruselas reconozca formalmente la entrada masiva como un acto de «guerra híbrida». Son acusaciones políticas que el Gobierno rechaza y que no han sido acreditadas por las investigaciones conocidas hasta ahora.
La formación de Santiago Abascal plantea utilizar directamente la relación entre la Unión Europea y Marruecos como mecanismo de presión. Buxadé pidió suspender el acuerdo de asociación y el resto de acuerdos con Rabat, con la excepción de aquellos necesarios para ejecutar retornos y expulsiones. Vox quiere además interrumpir la concesión de visados y permisos de residencia a ciudadanos marroquíes, extendiendo así las consecuencias de la crisis a las relaciones migratorias ordinarias con ese país.
El PP no defendió durante el debate una ruptura semejante. Zarzalejos tampoco cerró completamente la puerta a revisar las relaciones con Rabat, aunque evitó asumir las propuestas concretas de Vox. La diferencia resulta sustancial. Una cosa es reclamar a Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones como socio y plantear consecuencias políticas y comerciales si no coopera, y otra suspender el acuerdo de asociación, los visados y buena parte del entramado de relaciones construido durante años entre ambas partes.
Bruselas mantiene su apuesta por Marruecos
La respuesta de la Comisión Europea se sitúa lejos de las propuestas de ruptura. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, reconoció que Ceuta ha demostrado la rapidez con la que puede aumentar la presión sobre una frontera exterior, pero defendió el funcionamiento de la cooperación con Marruecos. «Ha sido una dura prueba para nuestra Unión, para nuestro sistema y para nuestra resiliencia», afirmó durante el debate.
Brunner utilizó precisamente los retornos para defender esa posición. Recordó que la mayoría de las personas que entraron irregularmente pudieron regresar a Marruecos en cuestión de horas y confirmó que Bruselas mantiene su compromiso de «seguir colaborando» con Rabat tanto en esos procedimientos como en la lucha contra las redes de tráfico de personas. La Comisión no asume así la tesis de que la crisis obligue a desmontar la política de cooperación migratoria con Marruecos.
La izquierda europea también cuestionó el enfoque de la derecha, aunque con diferencias sobre Rabat. La socialista Iratxe García acusó al PP de «manosear» Ceuta «con el único objetivo de atacar al Gobierno». Defendió que «cuando una frontera está bajo presión, Europa debe responder con solidaridad, no con división» y recordó el apoyo comunitario recibido por Italia, Polonia o Finlandia durante otras crisis fronterizas. No asumió, sin embargo, que Marruecos estuviera necesariamente detrás de lo sucedido.
Sumar fue más explícito sobre la responsabilidad marroquí, pero llegó a una conclusión distinta a la de PP y Vox. Estrella Galán sostuvo que la crisis demuestra los riesgos de hacer depender el control de las fronteras europeas de terceros países. «Cuando Europa externaliza sus fronteras, alquila su soberanía», afirmó. La liberal Veronika Cifrova advirtió, por su parte, de que convertir la migración «en un arma política» genera más caos, mientras el verde Erik Marquardt señaló que el miedo y la división facilitan precisamente que actores externos instrumentalicen los movimientos migratorios.
El debate deja así abiertas varias respuestas posibles ante futuras crisis. Una pasa por reforzar las fronteras, Frontex, los retornos y los mecanismos de expulsión hacia terceros países. Otra propone utilizar los acuerdos políticos, comerciales y migratorios para castigar a los países que incumplan sus compromisos. Frente a ambas, la Comisión insiste en mantener la cooperación con Marruecos como instrumento para controlar las entradas y ejecutar los retornos. Ceuta ha trasladado esas diferencias desde la frontera española hasta el centro de una discusión europea que afecta al modelo con el que la Unión pretende gestionar sus fronteras exteriores.
