La Comisión Europea ha acogido favorablemente la nueva estructura creada por España para gestionar la crisis de Ceuta, pero acompaña su respaldo de una exigencia clara: acelerar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer. Bruselas ofrece además financiación y recursos de las agencias europeas. El mensaje sitúa la respuesta española dentro de una política comunitaria que combina protección fronteriza, asilo y mayor eficacia en los procedimientos de retorno.
La Comisión Europea ha respaldado este martes el mando único aprobado por el Gobierno para coordinar la respuesta a la crisis de Ceuta. Bruselas considera positiva la decisión de reforzar la dirección de una emergencia que continúa dejando a varios miles de personas en la ciudad autónoma casi un mes después de la avalancha. El apoyo, sin embargo, viene acompañado de una prioridad que el Ejecutivo comunitario lleva semanas trasladando a España: quienes no tengan derecho a permanecer deben ser retornados con la mayor rapidez posible.
El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, reconoció que la situación es diferente a la de principios de agosto, pero advirtió de que persisten «importantes retos». Entre ellos destacó precisamente la presencia de miles de personas cuyos expedientes continúan pendientes. La Comisión sigue la evolución de Ceuta y mantiene contactos con España y Marruecos, mientras ofrece el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).
Bruselas avala la nueva coordinación española
La Comisión recibe favorablemente que el Gobierno haya concentrado la coordinación bajo la responsabilidad del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El dispositivo incorpora a 11 ministerios, la Delegación del Gobierno, Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional. Su puesta en marcha llega después de que el Consejo de Seguridad Nacional declarase la crisis como situación de interés para la Seguridad Nacional y el Consejo de Ministros concretara el nuevo esquema.
El respaldo europeo no entra a valorar por qué España adopta esta estructura casi un mes después de la entrada masiva. Bruselas se concentra en su posible utilidad para afrontar la fase actual. También celebra la cooperación entre España y Marruecos, que considera determinante para haber impedido nuevos intentos de entrada. La posición comunitaria mantiene así una línea sostenida desde las primeras semanas de la crisis: apoyo a España como responsable de una frontera exterior de la Unión y cooperación con Rabat para recuperar su control.
Los retornos, prioridad para la Comisión
La segunda parte del mensaje europeo es más exigente. «La prioridad sigue siendo garantizar el retorno rápido» de quienes permanezcan irregularmente en Ceuta, señaló Lammert. No es una posición nueva. La Comisión viene defendiendo desde mediados de agosto que quienes carezcan de derecho de permanencia deben regresar a Marruecos o, cuando corresponda, a sus países de origen. El objetivo afecta también a los menores cuando legalmente pueda efectuarse su reagrupación, aunque su protección debe quedar garantizada.
Esta posición aproxima la prioridad europea a la que acaba de establecer el Gobierno español para el nuevo mando único. El Ejecutivo ha situado la «devolución y repatriación» entre sus principales objetivos, siempre dentro de la legalidad. Pero acelerar no significa eliminar los procedimientos. Antes de ejecutar un retorno es necesario determinar la identidad, nacionalidad y situación jurídica de cada persona, además de comprobar si solicita o tiene derecho a protección internacional. En el caso de los menores existen garantías adicionales que impiden tratarlos como adultos en situación irregular.
Una crisis española con dimensión europea
El interés de Bruselas responde también a la condición de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea. La entrada masiva generó preocupación por posibles desplazamientos posteriores hacia otros Estados miembros y llegó a provocar la reintroducción temporal de controles por parte de Italia en sus conexiones con España. La crisis volvió a mostrar hasta qué punto un episodio localizado en una frontera española puede trasladarse rápidamente al debate sobre Schengen, movimientos secundarios y reparto de responsabilidades entre los Veintisiete.
La Comisión ha insistido por ello en la necesidad de impedir movimientos irregulares hacia la península y acelerar la resolución de los expedientes en Ceuta. Al mismo tiempo, mantiene disponibles instrumentos europeos para apoyar a España. Frontex puede colaborar en gestión fronteriza y retornos, Europol en ámbitos relacionados con redes criminales y la EUAA en cuestiones de asilo. El Gobierno español conserva, en cualquier caso, la responsabilidad de decidir qué apoyos solicita y de ejecutar los procedimientos conforme a la legislación europea y nacional.
Bruselas prepara también apoyo financiero
La dimensión europea no se limita a la presión sobre los retornos. España presentó este lunes formalmente una solicitud de asistencia financiera de emergencia para responder a la crisis. La petición contempla recursos destinados a reforzar la protección fronteriza y las infraestructuras de seguridad, además de mejorar la capacidad de acogida, incluida la destinada a menores no acompañados. La Comisión asegura que está evaluando la solicitud como una prioridad y pretende adoptar una decisión rápida.
El respaldo político, la financiación y la exigencia sobre los retornos forman así parte de una misma respuesta. Bruselas no cuestiona que España necesite recursos adicionales para atender a quienes permanecen en Ceuta, pero tampoco plantea la acogida como solución permanente para quienes carezcan de derecho a quedarse. Esa combinación anticipa además la orientación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyo despliegue está llevando al Gobierno español a reformar su legislación sobre protección internacional y extranjería.
La posición comunitaria permite distinguir también entre dos debates que a menudo aparecen mezclados. Defender retornos más rápidos no equivale a reclamar expulsiones colectivas. La Comisión ha reiterado que cualquier actuación debe respetar el derecho europeo e internacional y ha subrayado específicamente la obligación de proteger a los menores vulnerables. La cuestión central es conseguir que los procedimientos permitan diferenciar con mayor rapidez entre quienes necesitan protección y quienes pueden ser legalmente retornados.
Ceuta se convierte de este modo en una prueba inmediata para la política migratoria que la Unión intenta consolidar. Bruselas respalda la coordinación reforzada del Gobierno, ofrece financiación y medios europeos y valora la cooperación con Marruecos. A cambio, espera resultados en el control de la frontera y los retornos. El apoyo a España no constituye por tanto un cheque en blanco. La Comisión acompaña al Gobierno en la gestión de la crisis, pero deja claro que su salida pasa también por resolver cuanto antes la situación jurídica de quienes todavía permanecen en Ceuta.
