La Comisión Europea impuso a Google dos sanciones que suman 890 millones de euros por vulnerar la Ley de Mercados Digitales (DMA), al privilegiar sus propios servicios en los resultados del buscador y al imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones en su tienda Google Play. La empresa tiene 60 días para corregir estas prácticas, en un momento de máxima tensión comercial entre Bruselas y la Administración de Donald Trump.
La Comisión Europea impuso a Google dos multas que suman 890 millones de euros por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA), la normativa europea que regula el comportamiento de las grandes plataformas tecnológicas. La sanción llega en un momento delicado de las relaciones comerciales entre Bruselas y Washington, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ultima nuevos aranceles tras el vencimiento de los gravámenes globales del 10% que impuso después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara en febrero sus anteriores barreras arancelarias.
La primera de las multas, de 460 millones de euros, castiga las prácticas de Google de dar una visibilidad privilegiada en su buscador a sus propios servicios verticales, como Google Shopping, Vuelos, Hoteles y Trenes, frente a competidores como Expedia. Según la Comisión, el uso de gráficos mejorados o filtros que permiten reservar directamente en la página de resultados atrae a los consumidores y pone trabas a otros servicios externos con ofertas potencialmente mejores. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión al frente de Competencia, Teresa Ribera, resumió el criterio de fondo: «Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que gestiona el buscador».
La segunda multa, de 430 millones de euros, se refiere a las llamadas restricciones de direccionamiento que Google impone en su tienda de aplicaciones Google Play, al impedir que los desarrolladores informen libremente a sus usuarios sobre ofertas alternativas y más baratas fuera de esa plataforma. La vicepresidenta de la Comisión encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, explicó que la investigación permitió constatar que «Google ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de ofrecer ofertas más económicas a los clientes» y advirtió de que la compañía «debe poner fin a este incumplimiento y abstenerse de repetirlo en el futuro».
El marco del DMA y el concepto de gatekeeper
Ambas prácticas están prohibidas por el reglamento de los mercados digitales, una norma aprobada en 2022 y que comenzó a aplicarse progresivamente desde 2023, orientada a regular a las denominadas gatekeeper, empresas digitales de gran tamaño cuya posición hegemónica en el mercado acarrea el riesgo de impedir una competencia en igualdad de condiciones. Ese tamaño se define mediante umbrales numéricos concretos: tener 45 millones de usuarios en la Unión Europea (UE), una facturación mínima de 7.500 millones de euros durante los últimos tres años en el espacio económico europeo, o un valor bursátil superior a los 75.000 millones de euros. A través del buscador de Alphabet, matriz de Google, se realizan más del 90% de las búsquedas de los consumidores en internet, lo que otorga a la compañía una posición especialmente ventajosa frente a sus competidores.
La multa conjunta representa apenas el 0,22% de la facturación global anual de Google, que ascendió a 365.000 millones de euros el año anterior, muy por debajo del umbral máximo del 5% que contempla la normativa en caso de reincidencia. La Comisión ya había sancionado a Apple en abril del año anterior con una multa de 500 millones de euros por una infracción similar relacionada con la información a desarrolladores sobre ofertas más baratas, sanción que resultó superior a la impuesta ahora a Google porque, según los técnicos comunitarios, Apple no ha implementado cambios suficientes, mientras que Google ya estaría comenzando a introducir ciertas modificaciones.
La respuesta de Google y el contexto de tensión con Washington
El presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, rechazó la decisión y advirtió de que la aplicación del DMA sigue «deteriorando los productos de uso diario» de los europeos. Walker calificó la medida de «un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos». Fuentes de la compañía añadieron que Google ha buscado soluciones para responder a las preocupaciones de Bruselas, pero lamentaron que estas lleven «inevitablemente» a degradar los servicios de búsqueda, y no descartaron recurrir la decisión ante los tribunales europeos.
Se espera que el anuncio provoque un fuerte impacto en Washington, donde la Casa Blanca podría interpretar la sanción como un ataque a sus empresas tecnológicas, en un contexto en el que la Administración Trump ya ha criticado tanto el DMA como el reglamento de servicios digitales y ha llegado a amenazar con aranceles por lo que considera un trato discriminatorio hacia las compañías estadounidenses. Para preparar el terreno ante una posible reacción, una delegación europea viajó recientemente a Washington para reunirse con la Administración estadounidense a nivel técnico y político. Ribera defendió la necesidad de mantener el rumbo regulatorio pese a la presión: «Nuestra obligación es cumplir con la ley y garantizar que las normativas adoptadas por nuestras instituciones soberanas se apliquen plenamente y se respeten».
