La Comisión Europea ha enviado una carta formal a las autoridades talibanas de Afganistán para celebrar una reunión técnica en Bruselas centrada en los retornos de ciudadanos afganos que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea. Sería la primera vez que representantes del régimen viajan a la capital comunitaria. La iniciativa responde a una petición de veinte estados miembros y llega en un momento de endurecimiento general de la política migratoria europea. España no firmó la carta original.
La Comisión Europea nunca ha reconocido al régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán, pero ha dado un paso pragmático que marca un cambio de postura: ha enviado una carta formal a las autoridades de facto de Kabul para invitarlas a una reunión técnica en Bruselas sobre la gestión de los retornos de afganos sin permiso de residencia en suelo comunitario. El portavoz de Migración del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert, confirmó la iniciativa el martes ante los medios de comunicación y fue explícito en el límite político de la maniobra: «Esto no constituye en absoluto un reconocimiento del régimen». La reunión, para la que no hay todavía fecha ni formato cerrado, sería la primera visita oficial de representantes talibanes a la capital de la Unión Europea, al menos públicamente.
La iniciativa tiene su origen en octubre de 2025, cuando veinte estados miembros —encabezados por Alemania y Bélgica e incluyendo Austria, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, entre otros— reclamaron a la Comisión que encontrara vías diplomáticas para acelerar las deportaciones. La carta que los países firmantes dirigieron al comisario de Migración, Magnus Brunner, describía el problema con crudeza: «No podemos deportar a afganos ilegales o delincuentes, ni siquiera si han sido condenados». España no suscribió ese documento. La Comisión actuó como coordinadora de la respuesta y ya había celebrado en enero de este año una reunión técnica en Kabul, que el encuentro previsto en Bruselas busca dar continuidad.
El primero de la lista: afganos encabezan las solicitudes de asilo en la UE
Los ciudadanos afganos representan el 27,2% de todas las solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea, el porcentaje más alto de cualquier nacionalidad según los últimos datos de Eurostat. Sin embargo, la capacidad real de ejecutar retornos hacia Afganistán ha sido casi nula desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021. Según datos citados por varios gobiernos europeos, apenas el 2% de los afganos que recibieron órdenes de expulsión en 2024 fueron efectivamente deportados. La ausencia de relaciones diplomáticas formales con el régimen talibán —que ningún estado miembro reconoce— convierte cada caso en un laberinto administrativo sin canal oficial de comunicación con las autoridades que controlan el territorio de destino.
Es precisamente ese bloqueo operativo el que justifica, según la Comisión, el contacto técnico con Kabul. Lammert subrayó ante los medios que estas comunicaciones «no son nada nuevo» y que el Ejecutivo comunitario mantiene presencia operativa sobre el terreno en Afganistán para facilitar contactos y asistir a los estados miembros. El portavoz precisó además que los retornos que la Comisión contempla en esta fase se circunscriben a personas que «supongan una amenaza para la seguridad» en la Unión Europea, y que en todo caso deben ajustarse al derecho europeo e internacional, incluidos los derechos fundamentales. La responsabilidad de ejecutar cada deportación, insistió, recae en los propios estados miembros, no en Bruselas.
Lo que Bruselas llama técnico y las ONG llaman peligroso
La iniciativa ha generado resistencia en sectores de la izquierda en el Parlamento Europeo y entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno en Afganistán. El argumento central de los críticos es doble: el contacto con el régimen talibán implica una legitimación de facto que la Comisión niega pero que resulta difícil de desmentir políticamente; y las condiciones humanitarias en el país hacen de las deportaciones una medida de consecuencias imprevisibles para quienes son devueltos. Lisa Owen, directora nacional del International Rescue Committee (IRC) en Afganistán, resumió la posición de las organizaciones humanitarias: deportar a afganos a ese país «no es una política migratoria; es una decisión que podría costar vidas».
El trasfondo humanitario que Owen invoca es verificable. Cerca del 40% de la población afgana sufre malnutrición, según datos de agencias de Naciones Unidas. Las mujeres y niñas han sido excluidas de forma sistemática de la vida pública, la educación y el empleo desde el regreso de los talibanes al poder. El Comité de Derechos Humanos de la ONU califica la situación como un apartheid de género. Deportar hacia ese entorno a personas que han sido condenadas por delitos en Europa pero que proceden de colectivos especialmente vulnerados en Afganistán —como mujeres o miembros de minorías étnicas— plantea dilemas que la Comisión no aborda directamente en su comunicación pública.
Un giro que encaja en la nueva política migratoria europea
La invitación a los talibanes no es un episodio aislado sino la expresión más visible de un giro más amplio en la política migratoria de la Unión Europea. En los últimos meses, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento de retornos que habilita la creación de centros de internamiento en terceros países para migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas. La Comisión ha avanzado también en el restablecimiento del comercio con Siria como palanca para acelerar el regreso de refugiados sirios desde Europa, siguiendo una lógica similar a la que ahora se aplica a Afganistán: normalización pragmática de contactos con regímenes no reconocidos a cambio de cooperación en materia de retornos.
El patrón revela una prioridad política clara: el control de los flujos migratorios ha desplazado a los principios de condicionalidad democrática como eje de la acción exterior europea en esta materia. La presión de los veinte estados miembros que solicitaron la reunión con los talibanes no es ideológicamente homogénea —incluye desde Alemania hasta Hungría, desde Irlanda hasta Polonia— sino que refleja una demanda transversal de herramientas para gestionar un fenómeno que los gobiernos perciben como un problema de gobernanza interna. Que España no figure entre los firmantes no la exime de los efectos de las políticas que sus socios impulsan en el seno de una Unión cuya legislación migratoria es de aplicación directa en todo el territorio comunitario.
