La Comisión Europea ultima un reglamento que abre la puerta a que las administraciones de la Unión Europea prioricen a las empresas comunitarias en la contratación pública de sectores considerados críticos, como la energía, el agua, el transporte o la construcción naval. La medida se enmarca en la estrategia de reducir la dependencia de la UE respecto a terceras potencias y reforzar su seguridad económica.
La Comisión Europea busca en la contratación pública una nueva herramienta para avanzar en su estrategia de autonomía industrial, con el objetivo de impulsar a las empresas de la Unión Europea (UE) y dar ventaja a los productos fabricados en el continente. El Ejecutivo comunitario ultima un reglamento que abre la puerta a que las administraciones públicas de los Estados miembros incluyan cláusulas de preferencia europea en sus concursos, especialmente en sectores considerados críticos como la energía, el agua, el transporte o sectores industriales de doble uso civil y militar, entre ellos la construcción naval y el material ferroviario, según el borrador de 170 páginas al que ha tenido acceso Hoy24.
El texto busca, como norma general, dar a los compradores públicos la opción de introducir requisitos que favorezcan a las compañías europeas o, directamente, vetar la participación de empresas con nacionalidad de países terceros que no apliquen normas recíprocas con la UE, aunque deja claro que no podrá perjudicar a aquellas con las que existan acuerdos de reciprocidad. El propio borrador subraya la magnitud del instrumento: los compradores públicos de la Unión destinan cada año en torno al 15% del producto interior bruto (PIB) comunitario a la contratación pública, lo que equivale a unos 2,6 billones de euros.
La contratación pública como palanca de autonomía estratégica
Recurrir a la contratación pública con fines políticos no es una novedad en sí misma, pero en un contexto en el que la geopolítica atraviesa todas las decisiones económicas, Bruselas la ha convertido en una palanca para reforzar sectores clave de cara a su seguridad económica. El propio reglamento lo explicita al señalar que la contratación pública se convierte en un instrumento para respaldar objetivos políticos más amplios, entre ellos el refuerzo de una economía social de mercado competitiva, resiliente y sostenible.
La iniciativa profundiza en una vía que ya había sido planteada en la ley de aceleración industrial, aunque en ese caso limitada a los productos del sector manufacturero. Ahora la Comisión llega a plantear la obligatoriedad de dar preferencia europea en sectores o casos considerados críticos, una competencia que se reserva para sí misma según la redacción actual del texto, aunque esta vía se plantea como excepción y no como norma general, ya que el planteamiento por defecto consiste en dar al comprador público la opción de incluir el criterio de preferencia, no la obligación.
Cómo funcionará la preferencia europea
El reglamento contempla dos vías para definir qué se entiende por preferencia europea. La primera pasa por la propia nacionalidad de las empresas participantes en el concurso. La segunda consiste en exigir que los bienes, servicios y obras ofrecidos sean originarios de la Unión, ya sea en su totalidad o en lo que respecta a componentes, productos, servicios u obras específicos, lo que permite aplicar el criterio de forma parcial según el caso.
La medida vuelve a poner el foco en la relación comercial entre la UE y China, dado que con Estados Unidos existen ya acuerdos parciales en este ámbito. Bruselas abrió hace un par de años una investigación sobre las compras de material sanitario procedente de China, en la que concluyó que se discriminaba injustamente a las empresas europeas en el 87% de las licitaciones públicas analizadas, tanto mediante barreras explícitas como implícitas. Desde entonces, la posición de la UE hacia Pekín se ha endurecido de forma progresiva en el conjunto de las relaciones económicas y comerciales, un endurecimiento en el que se inscribe este nuevo reglamento como pieza adicional.
Excepciones y calendario de aprobación
Pese a la apuesta por los productos fabricados en Europa, el borrador contempla también excepciones. Una de ellas se aplicará cuando los servicios o productos demandados por la Administración correspondiente no encuentren ofertas disponibles de origen europeo. El precio puede constituir asimismo motivo de excepción si el coste de la opción europea resulta desproporcionado frente a alternativas de terceros países.
Los planes de Bruselas prevén que el Colegio de Comisarios apruebe este proyecto de reglamento el próximo 9 de septiembre. Si el calendario se cumple, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá presentarse con esta tarea cumplida en la inauguración oficial del curso político en Estrasburgo, el mismo escenario en el que el año pasado anunció su intención de dar preferencia a los productos europeos en la contratación pública en determinados sectores estratégicos, un compromiso que este reglamento vendría ahora a materializar.
