La Comisión Europea avaló este jueves la competencia de España para decidir el estatus jurídico de las personas migrantes en situación irregular presentes en su territorio, en plena polémica política por la regularización a gran escala anunciada por el Gobierno.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, afirmó estar al tanto de la medida y subrayó que corresponde a cada Estado miembro determinar cómo “reaccionar y abordar” la situación de quienes residen de manera irregular dentro de sus fronteras. “Está claro que es responsabilidad de cada Estado decidir el estatus de las personas que viven ilegalmente en su país”, señaló en rueda de prensa.
Brunner rechazó que exista una contradicción directa entre la regularización española y el objetivo comunitario de reducir la migración irregular. A su juicio, se trata de planos distintos: “Son personas que ya se encuentran en un Estado miembro, y ese Estado tiene competencia para decidir cómo afrontar la dimensión legal del fenómeno, incluida la eventual necesidad de mano de obra, que es precisamente lo que está haciendo España”.
El comisario reconoció, no obstante, que migración regular e irregular “están vinculadas entre sí” y defendió la necesidad de abrir vías legales que permitan gestionar mejor los flujos migratorios. “La Unión no tiene competencia directa en estas cuestiones. Nuestro papel es preparar el marco para que los Estados miembros puedan introducir itinerarios legales”, precisó.
Desde Bruselas, añadió, la prioridad sigue siendo “hacer todo lo posible para luchar contra la migración ilegal”, en línea con la estrategia europea sobre visados presentada este mismo jueves.
Choque político en clave europea
Las declaraciones de Brunner llegan después de que el Partido Popular anunciara su intención de preguntar formalmente a la Comisión Europea si la regularización impulsada por el Ejecutivo español vulnera el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y si este tipo de medidas pueden aplicarse de forma general o deben analizarse caso por caso por su impacto potencial en el espacio Schengen.
El PP también respaldó abrir un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo de escrutinio de Schengen y fronteras de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, una iniciativa criticada por Vox. Desde esta formación se acusa a los populares de incoherencia por oponerse a elevar el debate a la comisión parlamentaria en pleno.
El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, anunció que su partido intentará llevar la cuestión al pleno del Parlamento Europeo de febrero, en Estrasburgo, una decisión que dependerá del respaldo del Partido Popular Europeo.
Mientras tanto, desde la Comisión Europea el mensaje es claro: la regularización española se inscribe en el ámbito de las competencias nacionales y, al menos por ahora, Bruselas no cuestiona la capacidad de Madrid para decidir cómo gestionar la situación legal de los inmigrantes que ya se encuentran en su territorio.
