Ávila y Abukeshek denuncian torturas durante su encierro en Israel

05 mai 2026 - 09:40

Los activistas de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, y Saif Abukeshek, español, llevan días retenidos en la cárcel hebrea de Shikma tras ser separados del resto de los participantes en la misión humanitaria cuando la Marina israelí abordó las embarcaciones en aguas internacionales el pasado 30 de abril. Sus abogadas del Centro Legal Adalah han trasladado hoy las denuncias de tortura que ambos activistas les formularon en su primer contacto desde la detención.

El activista brasileño Thiago Ávila y el español Saif Abukeshek se encuentran recluidos desde el pasado 30 de abril en la cárcel israelí de Shikma, en la ciudad de Ascalón, tras ser separados del resto de los 175 participantes en la misión humanitaria Global Sumud Flotilla cuando la Marina israelí abordó las 22 embarcaciones de la iniciativa en aguas internacionales próximas a las costas de Creta. Ambos activistas llevan seis días en huelga de hambre, ingiriendo únicamente agua, en protesta por una detención que sus abogadas califican de carente de todo fundamento legal.

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa humanitaria internacional cuyo objetivo era trasladar suministros de ayuda a Gaza, sometido al bloqueo israelí desde el inicio del conflicto en 2023. Durante el abordaje, la totalidad de los 175 civiles participantes fue trasladada al buque de guerra israelí Nahshon y desembarcada posteriormente en Creta por la Marina griega. Treinta y seis de ellos precisaron atención hospitalaria a causa de los malos tratos sufridos durante la operación. Solo Ávila y Abukeshek continuaron retenidos para ser trasladados a territorio israelí.

El abordaje y la detención

El Tribunal de Magistrados de Ascalón prorrogó el domingo la detención de ambos activistas hasta el próximo 5 de mayo. En la vista, las autoridades israelíes expusieron los cargos que fundamentarían la retención, entre los que figuran «ayudar al enemigo en tiempo de guerra», el contacto con un agente extranjero, la pertenencia a una organización calificada como terrorista y la transferencia de bienes a su favor. Ninguno de esos cargos ha dado lugar todavía a una acusación formal: el caso se encuentra en fase de instrucción previa, con ambos activistas sometidos a interrogatorios continuos cuyo objeto principal ha sido, según la defensa, la propia Global Sumud Flotilla.

Las abogadas del Centro Legal Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, accedieron a la prisión de Shikma por primera vez el sábado para reunirse con sus defendidos, dos días después del inicio de la detención. El encuentro, previo a la comparecencia ante el tribunal de Ascalón, les permitió constatar directamente las condiciones físicas de los dos activistas y recabar sus testimonios sobre lo ocurrido desde el abordaje. Las letradas documentaron hematomas visibles en el rostro de Ávila, uno en torno al ojo izquierdo, junto con dificultades de movilidad y dolores agudos en la mano.

Las denuncias de tortura

Según el relato que Ávila trasladó a sus abogadas, la violencia comenzó en el momento mismo del abordaje. El activista brasileño afirmó haber sido «arrastrado por el suelo boca abajo y brutalmente golpeado» por soldados de la armada israelí hasta perder el conocimiento en dos ocasiones. Desde su traslado a la cárcel de Shikma, ha sido sometido a interrogatorios de hasta ocho horas de duración en los que los agentes israelíes le habrían amenazado con ser asesinado o con pasar cien años de prisión, según el testimonio recogido por sus letradas y trasladado este lunes a los medios de comunicación.

Las abogadas relataron además otras prácticas descritas por Ávila durante los días de reclusión: aislamiento total en celdas sometidas a iluminación artificial de alta intensidad de forma permanente, una técnica documentada del sistema penitenciario israelí asociada a la privación del sueño y la desorientación sensorial; exposición a temperaturas extremadamente bajas; y la obligación de llevar los ojos vendados al abandonar la celda, incluso durante los reconocimientos médicos, práctica que las letradas califican de violación grave de la ética médica. La condición exacta en que se encuentra Abukeshek no ha podido ser verificada con el mismo nivel de detalle por su equipo legal.

La dimensión jurídica y la respuesta internacional

El Centro Legal Adalah impugnó la totalidad del procedimiento ante el tribunal. Las abogadas argumentaron que «no existe ninguna base legal para aplicar estos cargos de forma extraterritorial a actos presuntamente cometidos por ciudadanos extranjeros en aguas internacionales», sosteniendo que Israel carece de jurisdicción sobre los hechos que se imputan a los detenidos. La organización califica la retención de «un intento de criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad» y ha exigido la liberación inmediata e incondicional de ambos activistas, así como el fin de los procedimientos incoados.

La respuesta internacional ha llegado por vías paralelas. La Fiscalía italiana abrió este lunes diligencias penales por un posible delito de secuestro contra el Estado israelí, según la agencia AdnKronos, tras recibir al menos tres denuncias relacionadas con el abordaje y la retención de los activistas en aguas internacionales. Al menos once países, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) emitieron una declaración conjunta condenando la operación y señalando que Israel carecía de jurisdicción legal sobre las embarcaciones intervenidas. Durante el fin de semana se registraron concentraciones de protesta en Madrid, Barcelona, Atenas, Roma e Estambul.

La detención de Ávila y Abukeshek se produce en un momento de máxima tensión entre España e Israel. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado el espacio aéreo español a la aviación militar estadounidense vinculada a la guerra de Irán, ha negado el uso de las bases de Rota y Morón para esa misma operación y retiró a su embajador en Israel en señal de rechazo a la escalada bélica. La situación de Abukeshek, ciudadano español retenido bajo cargos cuya legalidad cuestiona un número creciente de instancias jurídicas y diplomáticas, añade un elemento de presión directa sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores para que actúe consularmente en favor de un nacional.

Compartir el artículo