András Baka, antiguo presidente del Tribunal Supremo apartado durante el Gobierno de Viktor Orbán, asumió este miércoles la Presidencia de Hungría. Su llegada simboliza la ruptura institucional impulsada por el primer ministro Péter Magyar, aunque el procedimiento utilizado para destituir a su predecesor ha suscitado críticas de organizaciones defensoras del Estado de derecho.
El jurista europeísta, de 73 años, fue elegido el pasado 11 de agosto por el Parlamento húngaro para suceder a Tamás Sulyok, cuyo mandato quedó interrumpido en julio mediante una controvertida reforma constitucional promovida por el nuevo Gobierno.
Baka recibió 140 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones, en una votación secreta. Fidesz, el partido del ex primer ministro Viktor Orbán, boicoteó la sesión y considera ilegítimos tanto la destitución de Sulyok como el nombramiento de su sucesor.
La elección fue posible gracias a la mayoría parlamentaria de dos tercios de Tisza, el partido conservador y europeísta dirigido por Magyar.
El nuevo jefe del Estado sustituye a Ágnes Forsthoffer, presidenta del Parlamento, que ejerció interinamente las funciones presidenciales. El traspaso se desarrolló sin una gran ceremonia ni un nuevo discurso, de acuerdo con la tradición institucional húngara.
Un contrapeso con poderes limitados
La Presidencia de Hungría posee funciones principalmente representativas, pero no carece por completo de capacidad política.
El jefe del Estado puede devolver una ley al Parlamento para que sea reconsiderada o remitirla al Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Estas atribuciones pueden convertirlo en un contrapeso frente al Ejecutivo, especialmente cuando existen dudas sobre la constitucionalidad de una reforma.
Magyar deseó al nuevo presidente «mucho éxito en su labor, buena salud y la mayor humanidad posible», en un mensaje publicado en Facebook.
Baka ejercerá durante un máximo de cinco años. Su mandato podría terminar antes si entra en vigor la nueva Constitución prometida por Magyar, cuya elaboración forma parte del programa de reconstrucción institucional presentado por Tisza.
«Justicia», pero no venganza
Tras ser elegido, Baka afirmó ante el Parlamento que Hungría necesitaba justicia después de los dieciséis años de gobierno de Orbán, pero advirtió que el nuevo orden político no podía construirse sobre la venganza.
«El país no puede construirse sobre la base de una venganza», declaró el jurista, que prometió ejercer sus funciones con independencia y representar a todos los ciudadanos, incluidos quienes no apoyan al Gobierno actual.
También realizó una defensa explícita de la pertenencia europea del país: «El lugar de Hungría está en Europa, como consecuencia natural de su cultura y sus valores».
La declaración tiene una fuerte dimensión política después de años de enfrentamientos entre el Gobierno de Orbán y las instituciones europeas por la independencia judicial, la libertad de prensa, la corrupción y el respeto de los derechos fundamentales.
El juez destituido por Orbán regresa como jefe del Estado
La elección posee un importante valor simbólico por la trayectoria personal de Baka.
El jurista presidió el Tribunal Supremo húngaro desde 2009. Su mandato fue interrumpido anticipadamente tras criticar públicamente varias reformas impulsadas por el Gobierno de Orbán, entre ellas la reducción de la edad de jubilación de los jueces y otros cambios que afectaban a la independencia judicial.
La nueva Constitución transformó el Tribunal Supremo en la Curia e introdujo requisitos que impidieron a Baka continuar al frente de la máxima instancia judicial. Fue apartado tres años y medio antes de que finalizara su mandato.
En 2016, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Hungría había vulnerado sus derechos. La sentencia declaró infringidos el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la imposibilidad de impugnar la destitución ante un tribunal, y el artículo 10, relativo a la libertad de expresión.
El tribunal estableció una relación entre las críticas profesionales formuladas por Baka y la interrupción anticipada de su mandato. También advirtió del efecto intimidatorio que la medida podía producir sobre otros jueces. La sentencia Baka contra Hungría se convirtió en una referencia europea sobre independencia judicial.
Baka había ejercido anteriormente como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1991 y 2008.
Críticas a los métodos de Magyar
La llegada de Baka forma parte de una operación más amplia del Gobierno de Magyar para desmantelar la estructura de poder construida durante los dieciséis años de Orbán.
Tras su victoria electoral, Magyar pidió la salida de altos cargos vinculados al anterior Gobierno, a quienes calificó de «títeres del régimen». Tisza sostiene que los cambios son necesarios para recuperar la independencia de las instituciones y restaurar los equilibrios democráticos.
Sin embargo, el procedimiento utilizado para destituir a Sulyok ha generado preocupación incluso entre organizaciones críticas con Orbán.
Human Rights Watch denunció que la reforma constitucional fue tramitada apresuradamente y carecía de garantías procesales. La organización advirtió de que una destitución sumaria podía reproducir métodos utilizados durante la etapa de Fidesz.
Amnistía Internacional recordó igualmente que Sulyok tenía derecho a un procedimiento con las garantías debidas.
La controversia plantea así una cuestión central para la nueva etapa húngara: si es posible desmontar un sistema acusado de erosionar el Estado de derecho mediante reformas rápidas que, a su vez, debilitan las garantías institucionales.
Baka, víctima de una de las transformaciones constitucionales de la época de Orbán, deberá ahora contribuir a que la ruptura prometida por Magyar no reproduzca los métodos del poder anterior.
