La publicación de un nuevo código penal en Afganistán, atribuido a las autoridades talibanes, ha provocado una fuerte reacción internacional tras conocerse varias disposiciones que organizaciones de derechos humanos consideran un retroceso significativo en la protección de mujeres y menores.
Según un documento de sesenta páginas obtenido por el diario británico The Telegraph, la nueva normativa clasifica la violencia doméstica dentro de la categoría de “ta’zir” —castigo discrecional— en lugar de tipificarla como delito penal. El texto indicaría que un marido puede golpear a su esposa mientras la agresión no provoque fracturas óseas o heridas abiertas visibles.
El código establece además que, incluso en casos de lesiones graves, la pena máxima podría limitarse a quince días de prisión. Para presentar una denuncia, la mujer debería comparecer ante un juez varón acompañada por un tutor masculino, requisito que, en numerosos casos, podría recaer precisamente en el agresor.
Restricciones adicionales
Entre las disposiciones más polémicas figura el artículo que penaliza a las mujeres que abandonen el domicilio conyugal sin autorización del marido, incluso si lo hacen para escapar de situaciones de violencia. La norma contemplaría penas de prisión tanto para la mujer como para familiares que la acojan.
Analistas señalan que este marco legal supondría la eliminación de parte de la legislación vigente antes del retorno talibán al poder en 2021, incluyendo normas que criminalizaban el matrimonio forzado y la violencia de género.
El texto también introduce restricciones en otros ámbitos sociales, como la prohibición de determinados actos culturales —incluidos el baile y algunas manifestaciones musicales— así como penas por críticas públicas a decisiones del liderazgo talibán.
Preocupación internacional
Diversas organizaciones internacionales han alertado de que las nuevas disposiciones podrían consolidar un sistema judicial sin garantías suficientes. La ausencia explícita del derecho a un abogado y el amplio margen de interpretación otorgado a los jueces han sido señalados como elementos especialmente preocupantes.
Desde el regreso de los talibanes al poder, Afganistán ha experimentado un progresivo endurecimiento de las normas sociales. Las restricciones afectan particularmente a la participación pública de las mujeres, su acceso a la educación y su movilidad.
En este contexto, voces desde el interior del país describen un clima de creciente temor. Una joven afgana citada por el diario británico afirmaba que la nueva normativa “transforma el cuerpo de las mujeres en un espacio de control”, reflejando el sentimiento de incertidumbre que domina buena parte de la sociedad.
Un debate que trasciende Afganistán
Expertos en derecho internacional consideran que el nuevo código abre un debate más amplio sobre los límites entre tradición jurídica, interpretación religiosa y estándares internacionales de derechos humanos. Mientras el régimen talibán defiende su marco legal como coherente con su visión religiosa, la comunidad internacional observa con preocupación la evolución del país.
