Estados Unidos ha movilizado ocho buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate F-35 y más de 4.500 efectivos frente a las costas de Venezuela desde agosto de 2025, en lo que la administración Trump define como operaciones antinarcóticos. El gobierno venezolano denuncia que se trata de una estrategia encubierta para forzar un cambio de régimen y Washington duplica a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro. La Casa Blanca califica al gobierno de Caracas como un cartel del narcotráfico y autoriza el uso de fuerza letal contra organizaciones criminales. El despliegue ha desatado la mayor escalada militar entre ambos países en décadas.
El presidente Donald Trump firmó el 8 de agosto una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a utilizar fuerza militar contra organizaciones de narcotráfico latinoamericanas designadas como terroristas. La decisión, que incluye al Cartel de los Soles de Venezuela y al Tren de Aragua, abrió la puerta a operaciones militares que Washington justifica como parte de su guerra contra las drogas. Tres días después, el gobierno estadounidense ordenó el despliegue de tres destructores clase Aegis, tres buques de asalto anfibio y un submarino nuclear hacia el sur del Caribe. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia.
El despliegue naval incluye los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, que transportan conjuntamente a 2.200 marines, además de otros 2.300 efectivos distribuidos en las demás embarcaciones. La operación se complementa con aviones de reconocimiento P8 Poseidon, cazas F-35B y sistemas de misiles guiados. Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a Reuters que los recursos militares permanecerán en la región durante varios meses. Un funcionario estadounidense anónimo precisó que los poderes otorgados en la orden incluyen operaciones marítimas de interdicción de drogas y redadas militares selectivas contra objetivos específicos.
La primera acción armada se produjo el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago. El ataque dejó un saldo de 11 personas muertas, presuntamente miembros del Tren de Aragua. Geoffrey Corn, ex asesor principal sobre derecho de guerra del Ejército estadounidense, cuestionó la legalidad de la operación al señalar que un barco con drogas que se dirige desde Venezuela posiblemente a Trinidad no puede caracterizarse como un ataque armado contra Estados Unidos que justifique una respuesta militar.
El régimen venezolano respondió con la activación del plan Independencia 200, que involucra el despliegue de efectivos en 284 frentes de batalla a lo largo del territorio nacional. Nicolás Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos, aunque analistas consideran que la cifra resulta exagerada. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estimó que la Milicia Bolivariana contaba con 343.000 miembros en 2020. El presidente venezolano afirmó que ningún imperio tocará el suelo sagrado del país y ordenó la realización de ejercicios militares en la isla de La Orchila, donde participaron más de 2.300 efectivos, buques de guerra, cazas Sukhoi-30 y artillería pesada.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, supervisó las maniobras denominadas Caribe Soberano 200 y declaró que la operación permitió afinar y cohesionar los distintos sistemas de armas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con aproximadamente 123.000 soldados activos, distribuidos entre el Ejército, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional. El sitio Global Fire Power ubica a Venezuela en el puesto 50 de poder militar en su ranking de 2025, entre 145 países. Estados Unidos ocupa el primer lugar, mientras que varios vecinos de Venezuela, como Brasil y Colombia, se posicionan por encima en la clasificación.
El debate sobre la verdadera estrategia
La administración Trump incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, convirtiéndola en la más alta ofrecida en la historia de Estados Unidos. Leavitt calificó al régimen venezolano como un cartel del narcotráfico y no como un gobierno legítimo, acusando directamente a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles. Christopher Sabatini, investigador del Chatham House de Londres, señaló que el despliegue, la designación del Tren de Aragua como organización terrorista y el aumento de la recompensa forman parte de una estrategia coordinada para incrementar la presión sobre el gobierno venezolano.
Diversos países de la región expresaron preocupación por la escalada militar. El gobierno cubano denunció que la presencia de fuerzas estadounidenses forma parte de una agenda corrupta atribuida al secretario de Estado Marco Rubio, e instó a respetar la región como zona de paz. Caracas emitió un comunicado afirmando que las amenazas de Estados Unidos no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por el contrario, el gobierno de Guyana respaldó el despliegue estadounidense, mientras que la primera ministra de Trinidad y Tobago elogió las acciones contra el narcotráfico.
Analistas descartan una invasión terrestre a Venezuela con los efectivos desplegados. Sin embargo, coinciden en que Washington busca exhibir capacidades militares para generar presión interna sobre el régimen chavista. Más de treinta organizaciones instaron al Congreso estadounidense a oponerse a la guerra contra los cárteles, mientras especialistas en derecho de guerra afirman que Trump carece de autoridad legal para matar a presuntos narcotraficantes sin un debido proceso. La tensión entre ambos países alcanza su punto más alto en décadas, con consecuencias directas para la estabilidad del Caribe.
