En barrios latinos de la capital estadounidense, padres y vecinos acompañaron a los niños a la escuela como un escudo colectivo frente a la amenaza de deportaciones impulsadas por la administración Trump.
El regreso a clases en Washington estuvo marcado por la tensión. Mientras sonaban silbatos, panderetas y gritos de aliento en la entrada de varias primarias, padres y vecinos se organizaron para que los estudiantes pudieran llegar con menos temor a un escenario inédito: el inicio del año escolar bajo la sombra de redadas antimigrantes.
La administración de Donald Trump ha intensificado su campaña contra la migración irregular, y aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró que no realizaría detenciones en escuelas el primer día de clases, la amenaza bastó para generar miedo en comunidades de mayoría latina. La cifra de indocumentados en la capital se calcula en unos 25.000, y se estima que entre 3.000 y 4.000 estudiantes carecen de papeles en el sistema educativo local.
En este clima de incertidumbre, el gesto de acompañar a los niños fue más que simbólico. “Todos querían ayudar de alguna manera concreta y útil, contribuir a que las familias se sintieran un poco más seguras”, dijo Helena Bonde, residente de 36 años que llegó en silla de ruedas para sumarse a la protección comunitaria.
Sin embargo, el miedo sigue pesando. Algunas familias decidieron no enviar a sus hijos a clase. Blanca, una madre salvadoreña, llegó con un cartel que decía “Cada día es una oportunidad” y confesó su temor: “No sabemos qué nos va a pasar. No estamos seguros”. Otras, como Selene, organizadora comunitaria mexicano-estadounidense, vacilaron antes de llevar a sus hijos, convencidas finalmente por la solidaridad del vecindario, según informó la agencia EFE.
El debate legal también volvió a escena. La Suprema Corte estableció en 1982 que ningún estado puede impedir el acceso a la educación pública a menores indocumentados. “Lo que están haciendo es inhumano, quieren infundir miedo en estas comunidades”, denunció Jeffrey Freitas, presidente de la Federación de Maestros de California. Desde el ala conservadora, la Heritage Foundation recordó que la asistencia escolar está protegida, pero insistió en que “si alguien está aquí ilegalmente, debe cumplir con la ley”.
El caso de Washington refleja una tensión que va más allá de los pasillos escolares: la educación, que debería ser terreno protegido, se convierte en campo de batalla política. Entre la promesa de seguridad de unos y la amenaza de deportación de otros, las familias migrantes quedan atrapadas en una paradoja dolorosa: enviar a los hijos a estudiar es un derecho, pero también un riesgo.
La primera jornada del año escolar dejó claro que, en Estados Unidos, la escuela no solo educa: también se ha transformado en un lugar donde se defiende la dignidad y el futuro de una comunidad bajo presión.
