La Administración estadounidense estudia imponer a las instituciones educativas un pago de 70.000 dólares por la primera autorización de prácticas profesionales y otros 30.000 por autorizaciones posteriores. La propuesta, todavía pendiente de aprobación, amenaza con encarecer la transición de los estudiantes internacionales desde las universidades hacia el mercado laboral.
La Administración del presidente Donald Trump prepara un nuevo endurecimiento de las condiciones que permiten a los estudiantes extranjeros adquirir experiencia profesional en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha planteado una reforma del programa de Formación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) que contempla tasas de hasta 70.000 dólares por una primera autorización y otros 30.000 dólares por autorizaciones adicionales, lo que elevaría el coste acumulado hasta los 100.000 dólares en determinados supuestos.
La iniciativa afectaría al sistema que permite a los titulares de visados F-1 realizar prácticas o desempeñar trabajos directamente relacionados con sus estudios. Aunque los pagos recaerían formalmente sobre las instituciones educativas autorizadas, estas podrían trasladar parte de los costes a los estudiantes, con consecuencias potencialmente importantes para quienes dependen de estas oportunidades laborales para completar su formación y adquirir experiencia profesional.
La propuesta no ha entrado en vigor y deberá superar el procedimiento administrativo correspondiente antes de convertirse en una obligación efectiva.
Un cambio radical en el acceso a las prácticas profesionales
El programa OPT constituye una de las principales vías de acceso temporal al mercado laboral estadounidense para los estudiantes internacionales. Permite desarrollar actividades profesionales vinculadas a la especialidad académica, tanto durante los estudios como después de obtener el título universitario.
Durante el periodo lectivo, las prácticas autorizadas están sujetas generalmente a un límite de 20 horas semanales, mientras que después de la graduación pueden realizarse a jornada completa durante el periodo permitido. Los titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden acceder, si cumplen los requisitos, a una ampliación específica de su autorización.
El nuevo planteamiento supondría un incremento extraordinario respecto a los costes administrativos actuales, que se sitúan en el orden de varios centenares de dólares. La diferencia transformaría profundamente las condiciones económicas de un programa que durante años ha contribuido a atraer estudiantes internacionales a las universidades estadounidenses.
Una cuestión esencial será determinar cómo se distribuiría finalmente la carga financiera entre centros educativos, estudiantes y empresas. La posibilidad de que los costes se repercutan sobre los beneficiarios podría convertir la experiencia laboral posterior a los estudios en una opción inaccesible para numerosos graduados.
Universidades y empresas ante una nueva incertidumbre
La propuesta se inscribe en la política migratoria restrictiva impulsada por Trump, que también ha situado bajo mayor escrutinio los mecanismos de entrada y permanencia de trabajadores extranjeros en Estados Unidos.
Sus consecuencias, sin embargo, podrían extenderse más allá del ámbito migratorio. Las universidades estadounidenses compiten internacionalmente por atraer estudiantes que buscan no solo una formación académica, sino también oportunidades profesionales posteriores. El acceso al programa OPT representa, por tanto, un elemento importante en la elección del destino universitario.
Las empresas tecnológicas, los laboratorios y otros sectores intensivos en conocimiento también recurren a graduados internacionales para cubrir determinadas necesidades de personal especializado. Un encarecimiento considerable del programa podría modificar sus estrategias de contratación y reducir las oportunidades disponibles para los recién titulados.
La reforma plantea así una tensión entre dos objetivos de la política estadounidense: reforzar los controles sobre el empleo extranjero y mantener la capacidad del país para atraer talento internacional.
El atractivo universitario estadounidense, a prueba
El impacto potencial no sería uniforme. Los estudiantes con mayores recursos económicos o respaldo empresarial podrían afrontar mejor los nuevos costes, mientras que aquellos procedentes de familias con ingresos limitados encontrarían mayores obstáculos.
La medida también podría influir en las decisiones de estudiantes de Asia, África, Europa y América Latina que contemplan Estados Unidos como destino de formación superior. Países con sistemas universitarios competitivos y mecanismos de acceso al empleo menos costosos podrían resultar relativamente más atractivos.
Por ahora, el alcance definitivo de la reforma dependerá de su tramitación, de las posibles modificaciones introducidas y de las condiciones concretas de aplicación.
Lo que ya plantea el debate es una cuestión de fondo: hasta qué punto Estados Unidos puede endurecer las condiciones económicas de acceso al empleo para los estudiantes internacionales sin comprometer uno de los principales factores de atracción de su sistema universitario.
