La decisión de Washington de sancionar a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional abre un nuevo frente de confrontación global. El saldo político puede resumirse así: proteger a sus aliados y blindar su propio pasado militar, aunque sea a costa de socavar la legalidad internacional.
El 20 de agosto, la administración de Donald Trump anunció sanciones contra cuatro altos funcionarios de la Corte Penal Internacional. Entre ellos figuran el juez francés Nicolas Guillou, presidente de la sala encargada del expediente palestino, y la magistrada canadiense Kimberly Prost, quien en 2021 había autorizado una investigación sobre crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. La lista incluye también a dos fiscales de Senegal y Fiyi, completando un gesto que ha encendido alarmas en organismos internacionales.
La decisión responde directamente a los procesos abiertos contra Israel y a la histórica orden de arresto emitida en noviembre de 2024 contra Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes en la guerra de Gaza. Para Trump, sancionar a jueces independientes resulta más rentable que responder a las acusaciones. El resultado: congelación de activos en EE. UU., restricciones financieras y una señal política de desprestigio hacia la Corte.
La reacción no se hizo esperar. La CPI calificó la medida como un “atentado flagrante” contra su independencia judicial. Francia expresó su “consternación” al ver a uno de sus jueces castigado por cumplir con su deber. Naciones Unidas reiteró su apoyo al tribunal y recordó que más de 140 países son parte de él. Israel, por su parte, celebró el respaldo estadounidense, interpretándolo como un aval político frente a las crecientes acusaciones internacionales.
Más allá de las reacciones inmediatas, la medida plantea preguntas de fondo. ¿Qué significa que un país sancione a jueces internacionales por aplicar el derecho? ¿Hasta dónde puede llegar la lógica de la fuerza sobre la legalidad? El precedente es inquietante: los crímenes investigados dejan de ser materia de justicia universal para transformarse en un campo de batalla diplomática.
El trasfondo no deja lugar a dudas: la administración Trump pretende blindar a Israel y al mismo tiempo borrar la sombra de las investigaciones sobre crímenes cometidos por soldados estadounidenses. La narrativa de “soberanía nacional” funciona como paraguas para deslegitimar cualquier tribunal que cuestione su poder. Sin embargo, al hacerlo, Estados Unidos se coloca en abierta contradicción con el principio fundacional del orden internacional tras 1945: que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los más poderosos.
El impacto no se limita a la Corte. Para las víctimas palestinas, afganas o de cualquier otra región donde se han cometido atrocidades, el mensaje es devastador: la justicia puede ser castigada por quienes deberían garantizarla. Y para la comunidad internacional, la pregunta es si se aceptará esta deriva como una excepción o como una regla que erosiona lentamente las instituciones globales.
En el tablero geopolítico, la jugada estadounidense busca mostrar músculo frente a Europa y reafirmar una alianza incondicional con Israel. Pero a mediano plazo, podría aislar aún más a Washington en escenarios donde el respeto a la legalidad internacional es condición de credibilidad. La incoherencia es flagrante: Estados Unidos castiga a quienes luchan contra la impunidad y, al hacerlo, fortalece el argumento de que la justicia internacional solo es posible cuando conviene a los grandes poderes.
