La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado el recurso de una exfuncionaria pública del estado de Kentucky que pretendía reabrir el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esta decisión, el máximo tribunal del país reafirma el histórico fallo Obergefell vs. Hodges de 2015, que reconoció como derecho constitucional la unión civil entre personas del mismo sexo. La negativa marca un nuevo límite a las presiones de los sectores ultraconservadores que, desde la revocación del derecho al aborto en 2022, intentan revertir otras conquistas sociales.
El caso fue promovido por Kim Davis, exregistradora de un condado de Kentucky, que en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales alegando objeción religiosa. Davis, autodefinida como “cristiana apostólica”, argumentó que su libertad de culto —protegida por la Primera Enmienda de la Constitución— debía eximirla de cumplir la ley. Sin embargo, los tribunales inferiores rechazaron esa defensa y la condenaron a pagar más de 360.000 dólares en indemnizaciones y costos judiciales.
La Corte, integrada hoy por seis jueces conservadores y tres progresistas, se negó siquiera a admitir el caso, lo que implica un cierre definitivo del intento de revisar la sentencia de 2015. En términos jurídicos, el rechazo sin revisión consolida la jurisprudencia sobre igualdad matrimonial y preserva uno de los avances más emblemáticos en la historia reciente de los derechos civiles estadounidenses.
Más allá del caso individual, el fallo reafirma la línea divisoria entre religión y Estado, una frontera que la extrema derecha religiosa busca erosionar mediante litigios sucesivos. En un contexto donde el conservadurismo ha logrado influir en decisiones clave —como la eliminación del derecho federal al aborto—, el matrimonio igualitario emerge como un terreno donde la Corte no se atreve, al menos por ahora, a retroceder.
La decisión tiene resonancia internacional. En América Latina, donde los movimientos religiosos también presionan para frenar o revertir derechos conquistados, el precedente estadounidense funciona como termómetro moral y político. Países como México, Chile o Argentina consolidaron en la última década leyes de igualdad matrimonial, mientras en otros, como Perú o Paraguay, los debates permanecen bloqueados por resistencias ideológicas.
Defender el matrimonio igualitario en Estados Unidos significa, hoy, más que proteger una forma de unión: implica preservar la autonomía civil frente a los dogmas religiosos y el principio constitucional de igualdad ante la ley. En tiempos de polarización y discursos de odio, que la Corte Suprema mantenga esta barrera jurídica es también una señal de supervivencia democrática.
