La decisión de Donald Trump de anunciar la designación de Antifa como “organización terrorista doméstica” vuelve a poner en primer plano la tensión entre seguridad, política y libertades civiles. Más que un grupo con estructura, Antifa es un movimiento difuso, y por eso la etiqueta abre un debate con implicaciones que trascienden a Estados Unidos.
Antifa es la abreviatura de antifascismo. Surgió como denominación en la Alemania de los años treinta, cuando colectivos socialistas y comunistas intentaban frenar la ascensión del nazismo. En Estados Unidos, tomó forma como red de grupos descentralizados que se autodefinen antifascistas y que, en la práctica, se concentran en enfrentar a neonazis, supremacistas blancos y expresiones de extrema derecha. Sus acciones se han hecho visibles en marchas, contramanifestaciones y episodios de confrontación directa, sobre todo a partir de la primera elección de Trump en 2016.
El movimiento carece de jerarquías centrales, líderes oficiales o estatutos comunes. Más que una organización clásica, se parece a una constelación de colectivos autónomos con afinidades ideológicas, desde socialistas hasta anarquistas. El historiador Mark Bray lo comparó con el feminismo: existen grupos que se nombran Antifa, pero la identidad antifascista es una corriente amplia, no un aparato organizado.
El asesinato del conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre fue el detonante de una respuesta política. Trump, en plena pugna electoral y con su estilo combativo, decidió calificar a Antifa como terrorista, retomando una amenaza que ya había esgrimido en 2020 tras las protestas por el asesinato de George Floyd. La medida no tiene asidero legal claro. Estados Unidos no cuenta con un estatuto que permita declarar a un grupo doméstico como terrorista del mismo modo que ocurre con Al Qaeda o el Estado Islámico. Esa diferencia es crucial porque abre el riesgo de que la etiqueta se convierta en un recurso retórico y no en una figura jurídica válida.
Los expertos advierten que extender la legislación antiterrorista al ámbito interno pondría en entredicho la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de asociación. Señalan también que un gobierno podría usar esa ampliación contra adversarios políticos, debilitando la democracia desde dentro. Lo paradójico es que mientras Trump exige firmeza contra Antifa, sectores de la derecha estadounidense han tolerado la violencia de grupos supremacistas, responsables de episodios igualmente graves de radicalización.
En América Latina, los gobiernos han recurrido en ocasiones al término “terrorismo” para deslegitimar protestas sociales, huelgas o movimientos de oposición. El dilema se plantea en el punto en que la protesta legítima se entrelaza con episodios de violencia y en la necesidad de impedir que el Estado convierta la etiqueta de terrorismo en un instrumento de conveniencia política. El caso de Antifa sirve como espejo de una tendencia global en la que la frontera entre seguridad y represión se vuelve difusa.
La trayectoria de los antifascistas en Estados Unidos muestra que sus tácticas han sido polémicas, en particular por el recurso a la confrontación directa. Pero reducirlos a una “organización terrorista” simplifica una realidad más compleja. La violencia política en Estados Unidos responde a la interacción de distintos radicalismos que se retroalimentan en un escenario de polarización creciente.
La conclusión es que el anuncio de Trump revela más sobre la política contemporánea que sobre el propio Antifa. Calificar de terrorista a un movimiento sin estructura nacional constituye un gesto marcado por el cálculo electoral y la retórica, más que por un fundamento jurídico, con el riesgo de que la lucha contra el terrorismo termine usada contra opositores internos.
América Latina debería tomar nota. Los conceptos importan, y la facilidad con que se invocan categorías extremas puede erosionar la legitimidad de la democracia. Lo que hoy se debate en Estados Unidos sirve de advertencia sobre cómo el lenguaje del poder convierte libertades en sospecha y discrepancias en delitos.
