La fundación ultra concluye que los inmigrantes amenazan el Estado de bienestar porque son pobres. Figaredo hizo estas declaraciones en el Congreso durante la presentación de un informe sobre inmigración y su impacto económico que utiliza datos de 2022 de la fundación Disenso, que preside Santiago Abascal. El estudio evalúa los costes que suponen para el bienestar los ciudadanos extranjeros «ya añadido que el 18% de la población española es extranjera» cuando hace menos de 30 años suponía un millón.
Vox ha escalado su discurso contra la inmigración hasta cuestionar la condición de españoles de 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera del país. José María Figaredo, portavoz de la formación en el Congreso, presentó un informe de la Fundación Disenso que no solo ataca a los extranjeros residentes, sino que niega implícitamente la nacionalidad a ciudadanos españoles por el hecho de haber nacido en el extranjero. El diputado cifró en 9,7 millones el número de extranjeros en España, incluyendo en esta categoría a personas que poseen legalmente la nacionalidad española desde hace años o décadas.
La manipulación de datos se extiende al núcleo del estudio presentado por la fundación presidida por Santiago Abascal. El informe concluye que los inmigrantes suponen una amenaza para el Estado del bienestar «porque son pobres», utilizando simulaciones basadas exclusivamente en perfiles de «hombre africano» y «mujer africana» para representar a toda la inmigración. Esta metodología ignora que los africanos representan solo el 19% de los extranjeros residentes en España, mientras que la mayoría proceden de Latinoamérica y Europa. El sesgo metodológico revela la intención propagandística del documento más que un análisis riguroso de la realidad migratoria española.
El estudio de Disenso establece que solo los trabajadores que cobren más de 45.000 euros anuales durante su vida laboral «compensan» al sistema público. Esta tesis plantea una contradicción evidente: aplicando la misma lógica, la mayoría de los españoles tampoco aportarían lo suficiente al Estado del bienestar, dado que el salario medio nacional se sitúa en torno a los 26.000 euros anuales. Sin embargo, el informe reserva este criterio únicamente para los extranjeros, evidenciando su carácter discriminatorio. La fundación omite además factores como la tasa de retorno migratorio y los acuerdos bilaterales de Seguridad Social que modifican sustancialmente los cálculos de sostenibilidad.
En contradicción con la realidad demográfica
La estrategia de Vox choca frontalmente con las necesidades demográficas de España. Datos del Banco de España revelan que el país necesitará aproximadamente 24 millones de extranjeros en edad de trabajar hasta 2053 para sostener el sistema de pensiones y compensar el envejecimiento poblacional. Esta realidad técnica desmonta las fantasías de deportación masiva que promueve la formación de Abascal, que promete revertir las regularizaciones aprobadas por gobiernos anteriores y revisar las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos 25 años.
Los datos oficiales contradicen la viabilidad de las propuestas de Vox. España ha ejecutado la expulsión de apenas 12.243 extranjeros en los últimos cinco años, principalmente por delitos graves según la Ley de Extranjería. La formación ultra pretende deportar entre 7 y 8 millones de personas, una cifra que incluye tanto a inmigrantes irregulares como a residentes legales y nacionalizados españoles. La desproporción entre capacidad real y promesas electorales evidencia el carácter demagógico de estas propuestas, diseñadas más para la movilización del electorado xenófobo que para la implementación práctica.
La construcción del inmigrante como amenaza existencial responde a una lógica electoral calculada que busca capitalizar ansiedades sociales relacionadas con cambios demográficos. Esta estrategia permite canalizar frustraciones económicas hacia un objetivo específico, simplificando problemas complejos mediante la identificación de un chivo expiatorio. El discurso de Vox encuentra terreno abonado en sectores que experimentan precariedad económica y perciben la inmigración como competencia por recursos escasos, pese a que la evidencia empírica demuestra el efecto positivo de la inmigración en el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Financiación opaca de la propaganda anti-inmigración
La Fundación Disenso, que produce estos informes sesgados, ha recibido cerca de siete millones de euros de Vox en cuatro años según sus cuentas anuales. Esta cifra representa una transferencia masiva de recursos públicos destinados a financiar partidos políticos hacia la producción de propaganda xenófoba. La fundación gasta anualmente más de un millón de euros en personal y 1,3 millones en «otros gastos de actividad» sin especificar detalles sobre servicios, contratos o empresas beneficiarias. La opacidad contrasta con la transparencia que Vox exige a las organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes.
El Tribunal de Cuentas ha sancionado repetidamente a Vox por irregularidades en su financiación, incluyendo una multa de más de 862.000 euros por aceptación de donaciones irregulares entre 2018 y 2020. Estas sanciones se suman a investigaciones en curso por la recepción de más de nueve millones de euros procedentes de una entidad bancaria húngara. La formación que exige máxima transparencia a las ONG mantiene estructuras de financiación que han merecido el reproche reiterado de los órganos de control institucional.
La contradicción entre discurso y práctica se extiende al ámbito electoral. Los españoles de origen extranjero con derecho a voto han alcanzado ya los 3 millones de personas, representando el 8% del censo electoral nacional. Estudios de comportamiento electoral revelan que el 30% de este colectivo manifiesta intención de votar al PSOE, mientras solo el 18,7% apoya al PP y el 8,2% a Vox. La estrategia de criminalización de la inmigración no solo resulta contraproducente electoralmente, sino que alimenta tensiones sociales que comprometen la cohesión democrática. El crecimiento del voto extranjero nacionalizado puede convertirse en determinante para futuras mayorías parlamentarias, haciendo inviable cualquier proyecto político basado en la exclusión de millones de ciudadanos españoles por su origen geográfico.
