España conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con treinta y ocho asesinatos en 2025, mientras el movimiento feminista vuelve a marchar dividido por discrepancias sobre la ley trans y la prostitución. El debate político se centra en cómo denominar esta violencia y si constituye o no un crimen machista, pese a las mil trescientas treinta y tres víctimas mortales desde 2003 y el aumento sostenido de denuncias que revelan la dimensión estructural del problema.
El 25 de noviembre marca un año más la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un balance que evidencia la persistencia del problema estructural que representa la violencia machista en España. Hasta el 17 de noviembre, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2025, cifra que se suma a las 1.333 víctimas mortales desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente en 2003. Aunque los datos representan un descenso respecto a años anteriores, organizaciones feministas y expertos insisten en que cualquier asesinato supone un fallo de la sociedad y que las víctimas mortales constituyen solo la punta del iceberg de un fenómeno que afecta diariamente a miles de mujeres.
La violencia de género ha dejado además a 20 menores en situación de orfandad durante 2025, sumándose a los 489 que han perdido a sus madres desde 2013. La violencia vicaria, aquella que busca dañar a la madre a través de sus hijos, se ha cobrado tres vidas infantiles este año, elevando a 65 los menores asesinados desde que se comenzaron a registrar estos casos. El Ministerio de Igualdad ha convocado tres Comités de Crisis durante 2025 para analizar junto con comunidades autónomas y ministerios competentes los asesinatos machistas, implementando un nuevo protocolo de rechazo institucional que se aplica en los Consejos de Ministros.
Divisiones en el movimiento feminista
El movimiento feminista llega a esta conmemoración nuevamente dividido en numerosas ciudades españolas, con manifestaciones que parten de las mismas plazas pero siguen recorridos distintos. Las discrepancias surgidas hace años en torno a la ley trans, la abolición de la prostitución, los efectos de la ley del solo sí es sí y el orden de prioridades en la agenda feminista mantienen la fragmentación pese a perseguir el mismo objetivo de erradicar las violencias contra las mujeres. En Palma de Mallorca, dos marchas parten simultáneamente desde extremos opuestos de la misma plaza, mientras en Santiago de Compostela ambas convocatorias comparten el punto de partida en la plaza Ocho de Marzo, generando confusión entre la ciudadanía.
La Comisión Ocho de Mayo, una de las organizaciones convocantes, interpreta el descenso de feminicidios y el aumento de denuncias como avances provocados por el movimiento de las mujeres en prevención, detección y cambios sociales. Sin embargo, subraya que ocho de cada diez asesinadas no denunciaron previamente, evidenciando que persiste una justicia impregnada de machismo que revictimiza a las mujeres más vulnerables o que carecen de entornos protectores. Iria González, portavoz de la organización, señala que las mujeres con entornos protectores muestran mayor capacidad de denuncia, mientras quienes carecen de ese apoyo no confían en el sistema judicial.
El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, organizaciones históricas en la manifestación de la capital, denuncian además recortes y relajación por parte de las instituciones, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid donde detectan un desmantelamiento de servicios y equipamientos destinados a la lucha contra la violencia de género. Ambas organizaciones reclaman la consolidación de las plataformas de asambleas de barrios y pueblos para situar el foco en el auge de violencias patriarcales y más concretamente en la violencia racista, rechazando la instrumentalización política de movimientos que llevan negando e invisibilizando la violencia social y machista.
Negacionismo y batalla semántica
El debate político sobre la denominación de esta violencia continúa centrando parte de la controversia. Una de las batallas que la extrema derecha libra insistentemente consiste en negar el término violencia machista para denominarla violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Aunque se trata de distintas formas de referirse a un mismo hecho, los matices resultan fundamentales. El alcalde de Alpedrete, pueblo madrileño donde hace apenas una semana el marido de una vecina asesinó a su esposa con el asesinato de María Pilar, aseguró que no era un crimen machista y que el hombre quería mucho a su mujer, culpando al sistema de no detectar la enfermedad psicológica que aseguraba padecía el agresor.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se había sumado a esta idea de que no era un crimen machista. Las organizaciones feministas denuncian que esta narrativa blanquea la violencia estructural al presentarla como casos aislados derivados de problemas psicológicos individuales, obviando que se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricas de los hombres sobre las mujeres. El Gobierno central ha expresado su condena unánime ante cada asesinato y ha defendido la importancia del nuevo protocolo de rechazo institucional aprobado para su aplicación en los Consejos de Ministros, medida destinada a visibilizar el rechazo político y social.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, explicó en la presentación de la campaña institucional para este veinticinco de noviembre que con la campaña se busca sensibilizar a la sociedad civil y generar conciencia de la complejidad de este tipo de violencia, una forma extrema de violencia de género que requiere de una amplia movilización para su erradicación. El slogan institucional, que aparecía en las pancartas desplegadas en actos públicos, señalaba que la violencia ejercida a las personas del entorno del objetivo de la mujer para causar sufrimiento a su pareja constituye violencia vicaria, forma extrema que este año ha asesinado a tres menores.
Datos que revelan la dimensión del problema
Las denuncias por violencia machista continúan aumentando, con 99.662 registradas hasta el treinta de junio de 2025, aproximadamente nueve mil más que en el mismo periodo de 2024. Desde el primero de enero de 2009 hasta la fecha se han acumulado dos 2.551.626 denuncias recogidas por las instituciones. El aumento sostenido de denuncias se interpreta como avance en detección y confianza en el sistema, aunque persiste la preocupación porque solo nueve de las treinta y ocho mujeres asesinadas en 2025 habían denunciado previamente a su agresor, representando apenas el veintitrés coma siete por ciento del total.
El teléfono 016 ha recibido un 1.432.459 llamadas desde su puesta en marcha en 2007 hasta el treinta de septiembre de 2025. Solo en lo que va de año, entre el primero de enero y el treinta de septiembre, se han registrado 80.944 llamadas, cifra que refleja la magnitud de la demanda de apoyo, información y atención en situaciones de violencia de género. El sistema policial VioGén vigila actualmente a ochenta y un mil doscientos noventa y un hombres como agresores persistentes, denunciados por maltratar a dos o más mujeres, con casos que alcanzan hasta trece víctimas diferentes.
Más de 39.000 hombres fueron condenados en firme por violencia de género en España durante 2024, evidenciando la dimensión judicial del problema. Las agresiones sexuales representan otra faceta alarmante, con 108.474 víctimas contabilizadas entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2023. Durante 2023 se registraron 15.409, evidenciando la persistencia y gravedad de esta forma de violencia y la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento a las víctimas.
Desigualdad geográfica y perfil de víctimas
La distribución geográfica de la violencia de género muestra concentraciones significativas en determinadas comunidades autónomas. Andalucía ha registrado 268 machistas desde 2003 y once mujeres víctimas en 2025, representando el 28,9% de los crímenes anuales y situándose como la región con mayor incidencia. Cataluña contabiliza 215 víctimas mortales desde 2003 con ocho feminicidios en 2025, diez menos que el año pasado, mientras la Comunidad Valenciana suma 165 en el histórico. Cantabria no ha registrado ningún asesinato machista durante 2025, siendo la única comunidad con esta circunstancia, aunque acumula once mujeres fallecidas desde 2003.
El perfil de las víctimas muestra que veinticuatro de las 38 mujeres asesinadas en 2025 tenían nacionalidad española, representando el 63,2%, mientras 14 habían nacido en otro país, constituyendo el 36,8% del total. De los agresores, 23 son españoles, representando el 60,5%, y 15 tienen otra nacionalidad. La mayoría de feminicidas, hasta 33 de ellos, todavía mantenían una relación con su víctima y 14 estaban casados con ella, mientras cinco asesinaron después de haber roto la relación, evidenciando que el momento de ruptura constituye un periodo de especial peligro.
Alba Alfageme, psicóloga especializada en violencia de género, subraya que resulta difícil analizar este fenómeno solo con los datos de asesinatos porque son casos individualizados. Los expertos insisten en que la estadística de feminicidios contiene dos datos alarmantes: que el 23% de las asesinadas habían denunciado y el sistema no supo protegerlas, y que ocho de cada diez no habían comunicado su situación a ninguna institución pese a estar expuestas a violencia extrema. Esta constante que se repite año tras año constituye una de las grandes asignaturas pendientes en la lucha contra la violencia de género.
Avances legislativos y recursos institucionales
El Gobierno central ha destacado como principal hito reciente la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que actualiza las medidas de 2017 e incorpora nuevas formas de violencia como la digital, la económica y la vicaria. La declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del 25 de noviembre subraya que la eliminación de la violencia contra las mujeres constituye un principio central de la democracia española y reitera el compromiso firme con los derechos humanos y las libertades fundamentales. El texto recuerda que en 2025 se conmemoran los cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea y los cincuenta años de España en libertad, periodos en los que el país ha logrado ser referente en Europa e internacionalmente en políticas de igualdad.
La implementación durante 2025 de la Ley de garantía integral de la libertad sexual ha permitido la apertura de cincuenta y nueve centros de atención integral veinticuatro horas para víctimas de violencias sexuales repartidos por todo el territorio nacional. El Ministerio de Igualdad ha puesto el foco este año en la violencia ejercida contra los hijos e hijas de las mujeres víctimas, utilizados para causarle daño a sus madres. El Congreso de los Diputados organizó un acto institucional con la participación de la presidenta Francina Armengol, la magistrada experta Cira García y Nevenka Fernández, primera mujer que denunció acoso sexual en el entorno político.
Las organizaciones feministas reclaman verificación de edad efectiva y obligatoria para el acceso de menores a redes sociales, prohibición de publicidad de plataformas que facilitan explotación sexual, control estricto de contenidos y educación afectivo sexual desde edades tempranas. La futura Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria busca ofrecer protección legal reforzada a madres, hijos e hijas. Ester Expósito, actriz protagonista de la campaña institucional, narró en un cortometraje su experiencia de violencia machista infantil, cuando su padre secuestró a su hija para provocar sufrimiento a su madre y presionarla para que volviera con él, relatando las secuelas psicológicas que persisten en la edad adulta y la necesidad de superar el silencio que rodea estas experiencias.
