Los juzgados de Madrid y Collado Villalba han convocado a Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza como imputados por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Las citaciones se producen después de dos intentos fallidos en mayo y junio, cuando las declaraciones fueron suspendidas por cuestiones procesales.
Los juzgados de instrucción número 23 de Madrid y número 2 de Collado Villalba han citado a declarar la próxima semana en calidad de imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en dos causas donde se investiga si existió un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores enfermos que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. Las citaciones judiciales responden a querellas interpuestas por familiares de residentes fallecidos durante aquella etapa inicial del coronavirus, cuando miles de ancianos no fueron trasladados a hospitales públicos pese a presentar síntomas graves de enfermedad.
Los tres altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como Protocolo de la Vergüenza que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del Protocolo de la Vergüenza y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica, que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente, quienes participaron directamente en la aplicación del protocolo cuestionado.
Dos declaraciones en una semana
El martes 9 de diciembre, los tres ex altos cargos están citados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas. En dicho juzgado se analiza la querella interpuesta por una familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los centros más afectados por la crisis sanitaria durante la primera ola. El miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Ostalaza deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por una familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones, otro de los centros geriátricos que sufrió un elevado número de fallecimientos durante los primeros meses de la pandemia.
Las citaciones se producen después de dos intentos fallidos en los que los tres ex altos cargos de Ayuso estaban convocados como imputados, pero no prestaron declaración. Desde Marea de Residencias, plataforma que agrupa a familiares de víctimas, confían ahora en que esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a quienes vivían en las residencias madrileñas durante la pandemia. El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones, un argumento procesal que retrasó las comparecencias programadas.
Disputas sobre competencia judicial
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste estaba investigando con anterioridad los mismos hechos. El abogado de Martínez Peromingo fue quien solicitó la inhibición, argumentando que debía existir un único procedimiento para evitar duplicidades procesales. La decisión sobre cuál es el juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid, que debe pronunciarse sobre los recursos presentados por las diferentes partes implicadas en los procedimientos.
El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas presentadas en diferentes juzgados de la región. Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid para centralizar la investigación, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima, siguiendo el criterio de competencia territorial habitual. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid en las próximas semanas o meses, lo que determinará el curso futuro de todas las investigaciones abiertas.
El Protocolo de la Vergüenza y sus consecuencias
El origen de estos procedimientos judiciales se encuentra en el conocido como Protocolo de la Vergüenza, una directriz que estableció criterios de exclusión para el traslado de residentes de centros geriátricos a hospitales públicos durante la primera ola de la pandemia. Según las acusaciones presentadas por los familiares, este protocolo discriminó a miles de ancianos basándose en su edad y situación de dependencia, impidiendo que recibieran atención hospitalaria pese a presentar síntomas graves de COVID-19. Los juzgados investigan si esta actuación puede constituir un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el Código Penal español.
Las querellas presentadas por familiares argumentan que la aplicación del protocolo vulneró el derecho fundamental a la protección de la salud y el principio de igualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Durante la primera ola de la pandemia, Madrid registró más de 7.000 fallecimientos en residencias de mayores, una cifra que provocó una fuerte controversia política y social sobre la gestión del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid ha defendido sistemáticamente que las decisiones adoptadas respondieron a una situación de saturación sanitaria sin precedentes y que todos los protocolos aplicados buscaban garantizar la mejor atención posible dentro de las circunstancias excepcionales del momento.
Las declaraciones programadas para la próxima semana representan un paso adelante en unas investigaciones que llevan más de tres años abiertas y que han enfrentado múltiples obstáculos procesales. Los familiares de las víctimas esperan que las comparecencias finalmente se celebren y que la Justicia esclarezca las responsabilidades en una de las tragedias más dolorosas de la pandemia en España. La resolución de los conflictos de competencia entre juzgados y la acumulación o no de causas determinará el ritmo futuro de unas investigaciones que mantienen en vilo a cientos de familias que perdieron a sus seres queridos en las residencias madrileñas.
