La salmantina de 63 años llega al cargo con 35 de carrera especializada en violencia de género y reputación de fiscal de carácter que defiende sus convicciones con vehemencia. Experta reconocida en protección de víctimas, fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y una de las impulsoras de la especialización judicial en violencia machista tras la ley de 2004.
Teresa Peramato Martín llega a la Fiscalía General del Estado precedida por una reputación dual que refleja los estereotipos de género que aún persisten en el ámbito judicial. Cuando un hombre preparado defiende intensamente sus argumentos con vehemencia, es digno de elogios y se le considera persona de firmes convicciones o alguien muy serio en el buen sentido de la palabra. Esas mismas habilidades y capacidades, sin embargo, en el caso de una mujer de igual o superior formación, suelen dar lugar a comentarios despectivos que la califican como persona problemática que se opone a todo y genera tensiones. En la carrera fiscal, Peramato es reconocida como una profesional de carácter que no rehúye la confrontación cuando considera necesario defender sus posiciones.
Nacida en Salamanca en 1962, Peramato ingresó en la carrera fiscal en 1989 y ha desarrollado durante 35 años una trayectoria profesional marcada por la especialización en violencia de género y protección de víctimas. Ha pasado por diversas Fiscalías territoriales, incluidas las de Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de trasladarse a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que en mayo de 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer. Este nombramiento la convirtió en una de las pioneras en la especialización introducida por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en diciembre de 2004.
Impulsora de la especialización judicial
La labor de Peramato ha resultado fundamental en la construcción del sistema especializado de respuesta judicial a la violencia machista en España. Fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio en 2007, participando en el diseño de las políticas públicas que consolidaron el modelo español de protección integral. Su trabajo en este ámbito le ha valido el reconocimiento de asociaciones feministas y de víctimas, que valoran su compromiso sostenido con la mejora de la respuesta institucional.
En 2010 fue nombrada Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo en el que permaneció ocho años trabajando en la coordinación de la actuación de las fiscalías especializadas en todo el territorio nacional. Durante este periodo impulsó la homogeneización de criterios de actuación, la elaboración de protocolos y la formación especializada de fiscales. En 2018 dio un giro en su trayectoria al ser nombrada Fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, experiencia que le proporcionó una visión más amplia del sistema judicial español y del funcionamiento de las altas instancias jurisdiccionales.
Entre 2021 y 2025 ocupó el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, máxima responsabilidad en esta especialidad dentro del Ministerio Fiscal. Desde esta posición lideró la respuesta institucional del Ministerio Público a nuevas formas de violencia machista, incluyendo la violencia digital, económica y vicaria. Ha participado como ponente en numerosos cursos formativos tanto a nivel estatal como internacional y ha publicado múltiples artículos de contenido jurídico especializados en violencia de género e igualdad. Ha sido premiada y reconocida en diversas ocasiones por su lucha y aportación en estos ámbitos.
Posicionamiento en la ley del “solo sí es sí”
Peramato se mostró públicamente a favor de la tramitación de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, impulsada por la entonces ministra de Igualdad Irene Montero. Defendió que exigir el consentimiento expreso constituía un paso necesario para proteger a las víctimas y para transformar la cultura jurídica en torno a los delitos sexuales. Cuando se produjeron las rebajas de penas derivadas de la aplicación retroactiva de la norma, Peramato expresó inicialmente su rechazo a la reforma legislativa que finalmente se aprobó para corregir estos efectos no deseados.
Su posicionamiento en este debate generó tensiones con sectores que consideraban imprescindible modificar la ley para evitar más rebajas de condenas a agresores sexuales. Sin embargo, Peramato mantuvo que el problema no residía en la redacción original de la norma sino en la interpretación que algunos tribunales realizaban de la misma, argumentando que la filosofía de la ley representaba un avance en la protección de las víctimas que no debía ser desvirtuado por problemas de aplicación judicial. Esta controversia evidenció las complejidades de una reforma que pretendía mejorar la protección de las mujeres pero que generó efectos contraproducentes en su implementación inicial.
El debate en torno a la ley del solo sí es sí situó a Peramato en el centro de la discusión política y mediática sobre violencia sexual, obligándola a explicar reiteradamente su posición en foros profesionales y públicos. Su defensa de los principios filosóficos de la norma, incluso cuando sus efectos prácticos resultaban problemáticos, fue interpretada por algunos sectores como rigidez ideológica, mientras otros valoraron su coherencia en la defensa de conquistas legislativas feministas. Esta experiencia anticipa que su mandato como fiscal general estará sometido a escrutinio político intenso en cualquier tema relacionado con igualdad y violencia de género.
Trayectoria en la Unión Progresista de Fiscales
Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, asociación profesional de ideología progresista que agrupa a una minoría del cuerpo fiscal pero que ha copado los principales nombramientos en los altos cargos del Ministerio Fiscal durante los últimos años. Sus dos predecesores inmediatos en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado, también pertenecen a la UPF, asociación que cuenta con solo dos de los nueve miembros electos democráticamente por el cuerpo de fiscales en el actual Consejo Fiscal.
Esta representación minoritaria pero influyente ha generado críticas desde otras asociaciones profesionales, particularmente desde la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el cuerpo, que denuncia un desequilibrio entre la representatividad electoral de cada corriente y su presencia en los órganos de dirección. Los críticos señalan que la UPF obtiene nombramientos políticos que no se corresponden con su respaldo entre los fiscales, mientras los defensores argumentan que los nombramientos responden a criterios de mérito y especialización, no a cuotas asociativas.
Desde su posición dirigente en la UPF, Peramato defendió una Fiscalía comprometida con los derechos fundamentales y con la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Impulsó documentos y posicionamientos institucionales en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal frente a presiones tanto del poder ejecutivo como del judicial. Su visión progresista del papel del fiscal como garante de derechos ciudadanos, más allá de la mera persecución del delito, ha marcado su trayectoria profesional y previsiblemente orientará su gestión al frente de la institución.
Proximidad con García Ortiz y Delgado
La relación profesional y personal de Peramato con sus dos predecesores inmediatos resulta innegable y constituye uno de los elementos que alimentan las críticas de continuismo al nombramiento. Álvaro García Ortiz firmó en enero de 2025 el Real Decreto por el que nombró a Peramato Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, uno de los puestos de mayor responsabilidad en la estructura del Ministerio Fiscal. Este nombramiento, producido apenas diez meses antes de su renuncia, evidenciaba la confianza del entonces fiscal general en su subordinada.
Durante el juicio por revelación de secretos contra García Ortiz, Peramato acudió a las sesiones en el Tribunal Supremo acompañando al entonces fiscal general, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido en el ámbito judicial. Su presencia física junto al encausado fue interpretada como muestra de lealtad institucional por unos y como solidaridad política por otros, alimentando el debate sobre hasta qué punto la nueva fiscal general mantendrá independencia respecto a las decisiones de su predecesor o si, por el contrario, representará una continuidad que incluya la defensa de sus actuaciones más controvertidas.
La cercanía con Dolores Delgado, anterior fiscal general y exministra de Justicia, también marca el perfil de Peramato. Delgado impulsó su carrera designándola para puestos de responsabilidad y compartió con ella visión sobre el papel del Ministerio Fiscal en la defensa de los derechos de las víctimas y de los sectores vulnerables. Esta triple conexión con García Ortiz, Delgado y la Unión Progresista de Fiscales configura una red de relaciones profesionales y afinidades ideológicas que determinarán previsiblemente su gestión al frente de la Fiscalía.
Retos en un contexto de máxima tensión
Peramato asume la Fiscalía General del Estado en el momento más delicado de la historia democrática de la institución. La condena penal a su predecesor por revelación de secretos, primera vez que un fiscal general en ejercicio es condenado por la Sala Penal del Tribunal Supremo, genera una sombra sobre la credibilidad institucional del Ministerio Fiscal. La oposición ha anunciado que someterá su gestión a escrutinio permanente, cuestionando cada decisión que pueda interpretarse como politizada o favorable al Gobierno.
El Partido Popular ha planteado abiertamente si Peramato accederá a cometer delitos para atacar a rivales políticos si así se lo pide el presidente Pedro Sánchez, formulación que evidencia el nivel de desconfianza política hacia el nombramiento. Esta presión se suma a los retos profesionales inherentes a la dirección del Ministerio Fiscal, incluyendo la coordinación de más de 2.500 fiscales en todo el territorio nacional, la definición de criterios de actuación en materias complejas y la representación de la institución en el debate público sobre justicia y seguridad.
Peramato deberá defender la independencia del Ministerio Fiscal frente al tutelaje del Tribunal Supremo, institución que acaba de condenar a su predecesor y cuyas sentencias en casos políticamente sensibles generan intenso debate. La tensión entre Fiscalía y Supremo, latente durante años pero agravada tras la condena a García Ortiz, constituye uno de los desafíos institucionales más complejos que afrontará la nueva fiscal general. Su capacidad para navegar estas aguas turbulentas determinará el éxito o fracaso de su mandato en un contexto de polarización política sin precedentes en la democracia española.
