La operadora española acelera su salida de Latinoamérica con ventas por más de 3.700 millones de euros en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay, pero la desinversión en Venezuela permanece imposibilitada por las sanciones internacionales y las complejidades del régimen de Maduro. Marc Murtra, presidente de Telefónica, mantiene congelada la inversión anunciada en febrero mientras busca comprador para una filial que pagó 85 millones de dólares en multas por sobornos al gobierno chavista.
Telefónica ha ejecutado en 2025 el repliegue más grande de su historia en Latinoamérica, pero la operación tropieza con un obstáculo inesperado: Venezuela. Mientras la compañía española cierra ventas millonarias en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay, totalizando ingresos superiores a 3.700 millones de euros, la filial venezolana permanece en un limbo marcado por el anuncio de una inversión de 500 millones de dólares que ahora está congelada. Marc Murtra, presidente de la compañía desde enero tras la destitución de José María Álvarez-Pallete, enfrenta un dilema sin solución fácil: vender una operación en un país sometido a sanciones internacionales resulta prácticamente imposible, pero mantenerla activa implica costes políticos y reputacionales crecientes.
El contraste entre el discurso y la realidad evidencia la complejidad del caso venezolano. En febrero de 2025, apenas semanas después de asumir la presidencia, Murtra anunció la inversión multimillonaria destinada a desplegar tecnología 5G y reforzar la infraestructura 4G existente en Venezuela. El movimiento sorprendió a analistas y accionistas, que veían contradicciones evidentes con la estrategia de abandono del resto de mercados latinoamericanos. Ahora, según fuentes conocedoras del proceso citadas por medios especializados, esa inversión está congelada y la compañía busca discretamente compradores para una operación que no figura entre sus intereses estratégicos.
La situación de Telefónica en Venezuela arrastra lastres históricos. En noviembre de 2024 salió a la luz que la filial venezolana sobornó a miembros del gobierno de Nicolás Maduro en 2014 para obtener acceso a dólares preferenciales en el mercado cambiario controlado por el régimen. La acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y Telefónica aceptó pagar una multa de 85 millones de dólares para cerrar el caso. El escándalo daña la imagen corporativa de la empresa española precisamente cuando intenta proyectar valores de transparencia y buen gobierno ante inversores internacionales cada vez más exigentes con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Las sanciones estadounidenses complican cualquier operación
El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, especialmente tras las denuncias de fraude electoral en las presidenciales de julio de 2024, convierte la venta de la filial venezolana en una operación de altísima complejidad. Potenciales compradores internacionales desconfían de adquirir activos en un país señalado por Washington, mientras que inversores locales carecen de recursos financieros o credibilidad internacional suficiente para cerrar transacciones de este calibre. Telefónica se encuentra atrapada entre la urgencia por reducir su exposición en mercados problemáticos y la imposibilidad práctica de encontrar un comprador dispuesto a asumir los riesgos políticos, legales y económicos que implica operar en Venezuela.
La estrategia de desinversión liderada por Murtra ha demostrado eficacia en otros mercados. La primera operación fue la venta de la filial argentina a Telecom Argentina, controlada por el grupo mediático Clarín, por aproximadamente 1.190 millones de euros. Le siguió Colombia, donde Millicom adquirió el 67,5% del capital social por unos 368 millones de euros. En Perú, donde la operadora enfrentaba reclamaciones fiscales superiores a 1.100 millones de euros, Telefónica cedió el 99,3% del capital a Integra Tec por apenas 900.000 euros, un precio simbólico que transfiere los pasivos y litigios pendientes al nuevo propietario. Ecuador se vendió también a Millicom por 330 millones, mientras que Uruguay fue adquirida por 389 millones.
El plan de Murtra busca concentrar recursos en cuatro mercados estratégicos: España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Estos territorios representan más del 75% de los ingresos consolidados del grupo y ofrecen perspectivas de crecimiento mediante operaciones de consolidación sectorial. Brasil, donde Telefónica controla el 63,45% de Vivo y generó ingresos por 9.650 millones de euros en 2024, constituye el segundo mercado más importante después de España. La filial brasileña cuenta con 113,1 millones de accesos y mantiene posiciones de liderazgo en segmentos clave como fibra óptica y telefonía móvil.
El abandono de Hispanoamérica tiene costes inmediatos. Telefónica perdió 57,9 millones de clientes durante 2025 como consecuencia directa de las desinversiones en Argentina, Perú, Colombia y Ecuador, reduciendo su base global de 390 millones de usuarios. Los impactos contables también han sido severos: la venta de Argentina generó ajustes por 1.200 millones de euros, mientras que Perú supuso otros 500 millones. El efecto conjunto de ambas operaciones provocó que la compañía registrara pérdidas netas de 1.304 millones de euros en el primer trimestre de 2025, frente al beneficio de 533 millones del mismo período del año anterior.
Sin embargo, los mercados han valorado positivamente la estrategia. Las acciones de Telefónica experimentaron subidas superiores al 3% tras cada anuncio de venta de filiales latinoamericanas, reflejando la confianza de inversores en que la reducción de exposición en mercados con alta volatilidad cambiaria, inseguridad jurídica e inestabilidad política mejorará la rentabilidad a medio plazo. La compañía espera reducir su deuda neta hasta 25.800 millones de euros una vez contabilizadas todas las operaciones pendientes, aligerando la presión financiera que ha lastrado su valoración bursátil durante años.
Venezuela: entre espera y deterioro acelerado
La situación venezolana plantea dilemas sin soluciones óptimas. Mantener la operación implica asumir riesgos crecientes en un contexto de deterioro institucional y económico acelerado. La hiperinflación de años anteriores, aunque controlada parcialmente, sigue afectando la capacidad adquisitiva de la población. Las dificultades para repatriar dividendos convierten los beneficios locales en recursos atrapados sin posibilidad de transferencia a la matriz española. La presión regulatoria del gobierno venezolano, que utiliza las empresas extranjeras como herramientas de negociación geopolítica, añade incertidumbre operativa cotidiana.
Vender en las condiciones actuales significaría aceptar pérdidas sustanciales o regalar activos que históricamente tuvieron valor estratégico. Venezuela fue durante décadas el principal negocio de Telefónica en la región, generando ingresos y beneficios significativos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. El deterioro posterior convirtió una joya corporativa en un lastre financiero y reputacional. Algunas fuentes consultadas por medios especializados sugieren que la estrategia actual podría consistir en invertir selectivamente para aumentar el valor de mercado de la filial y facilitar una venta posterior a precio más atractivo, aunque las condiciones políticas y económicas del país hacen improbable que aparezcan compradores solventes a corto plazo.
El gobierno español de Pedro Sánchez ha optado por una política pragmática hacia Venezuela, evitando confrontaciones directas con el régimen de Maduro que podrían perjudicar intereses empresariales españoles en el país. Esta posición contrasta con la línea más dura adoptada por Estados Unidos y algunos gobiernos europeos tras las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la discreción diplomática no resuelve los problemas operativos de Telefónica, que necesita soluciones concretas para una filial que no encaja en su nuevo modelo estratégico pero que resulta imposible vender en condiciones razonables.
Telefónica construyó durante décadas un imperio latinoamericano que ahora desmantela aceleradamente, pero descubre que algunas piezas no pueden moverse con la misma facilidad. Venezuela, que fue símbolo del éxito empresarial español en América Latina, se ha convertido en un recordatorio de los límites del poder corporativo cuando los Estados y sus decisiones imponen reglas que chocan con ciertas lógicas del mercado. Murtra y su equipo directivo deberán decidir si esperan cambios en el contexto venezolano o si asumen las pérdidas para cerrar definitivamente un capítulo que ya no tiene futuro en el modelo de Telefónica del siglo XXI.
