Junts registra 25 enmiendas de totalidad y bloquea 21 leyes en tramitación, afectando especialmente a la agenda sanitaria de Mónica García, las reformas judiciales de Bolaños y proyectos clave como la Ley de Industria o la protección de menores en internet, entre otros.
Junts ha roto con el Gobierno, pero no del todo. La portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, compareció este jueves junto a todos sus compañeros de grupo para anunciar que registraría enmiendas de totalidad a 25 leyes y no respaldaría ninguna de las 21 que ya han superado dicho trámite. La formación catalana proclamó el bloqueo de la legislatura a bombo y platillo, aunque la realidad es más matizada de lo que el titular sugiere.
El impacto real del órdago de Junts afecta especialmente a algunos ministerios y proyectos estratégicos, mientras que en otros casos la parálisis ya existía previamente. Además, los catalanes han anunciado que votarán a favor de cinco iniciativas donde han logrado incorporar enmiendas o que benefician directamente a sus intereses. El margen parlamentario sigue siendo mínimo: sin Junts, el bloque de investidura suma 172 diputados, a solo cuatro de la mayoría absoluta.
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Sanidad: la agenda de Mónica García, en el aire
La ministra de Sanidad es una de las más perjudicadas por el bloqueo de Junts. Aunque logró llevar al BOE la Agencia Estatal de Salud Pública, su profusa agenda legislativa pasa por el Congreso y ahora queda en entredicho. Dos de las iniciativas a las que Junts ha anunciado enmienda de totalidad son suyas y muy importantes: la Ley de Universalidad y la de Cohesión. Hay una tercera pata aún pendiente de pasar por Consejo de Ministros, la Ley anti-privatizaciones, que tampoco vería la luz.
Junts también se opondrá al Proyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad y, cuando lleguen a las Cortes tras recibir el visto bueno en segunda vuelta, al Proyecto de Ley de Medicamentos y al Antitabaco. Mucho se ha trabajado en Sanidad, y todo podría quedar en papel mojado si no se encuentran apoyos alternativos que compensen la pérdida de los siete diputados de la formación catalana.
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Justicia: las reformas de Bolaños, condenadas
Félix Bolaños es otro de los grandes afectados por el anuncio de Junts. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene varias iniciativas pendientes de tramitar que son prioridades no solo de su ministerio, sino de toda la legislatura. Las enmiendas de totalidad anunciadas por Junts afectan al Proyecto de Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores y a la Ley sobre jurisdicción universal.
La denominada Ley Bolaños, que plantea una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal, es una de sus principales prioridades. Superó el debate de totalidad en junio y está pendiente del informe de ponencia en la Comisión de Justicia. Su propósito es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social, blindar las Becas SERÉ y garantizar que la cuantía sea equivalente al salario mínimo. También se condena el Proyecto de Ley de Menores en entornos digitales, que ya se negociaba con el sector.
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Industria y medicamentos críticos: fondos europeos en riesgo
El Proyecto de Ley de Industria lleva meses guardado en un cajón del Congreso sin visos de desbloquearse, y con el rechazo de Junts la situación empeora. Se trata de una modernización de la actual Ley de Industria, con más de treinta años de vigencia, que pretende acompañar el proceso de reindustrialización con mecanismos para favorecer inversiones y una mayor gobernanza. Es uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, por lo que su aprobación condiciona el desembolso de fondos europeos.
En esta ley el Gobierno pretendía integrar la Ley de Medicamentos Críticos que pide Europa, destinada a garantizar un suministro seguro de medicamentos esenciales para enfermedades graves o situaciones de emergencia. Entre ellos figuran antibióticos de amplio espectro, insulina, medicamentos para enfermedades cardíacas o respiratorias, analgésicos potentes, tratamientos para el cáncer o la epilepsia y productos para el control de infecciones. El bloqueo pone en peligro esta regulación estratégica.
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Presupuestos y senda de déficit: prórroga sin drama
Es lo más inmediato del órdago de Junts. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiene diseñada la senda de déficit y asegura que convocará pronto al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades autónomas conozcan las cifras. Sin Junts, tanto la senda como los Presupuestos Generales del Estado no prosperarían en las Cortes. Sin embargo, tanto la propia Montero como el presidente Pedro Sánchez adelantaron que se recurriría a la senda antigua sin ningún problema.
El Ejecutivo también prorrogaría las cuentas actuales sin necesidad de convocatoria electoral, una opción que ya ha utilizado en ocasiones anteriores. Aunque políticamente la falta de nuevos presupuestos limita la capacidad de acción del Gobierno, técnicamente no supone un problema insalvable ni obliga a adelantar elecciones. La prórroga presupuestaria permitiría al Ejecutivo seguir funcionando, aunque con menor margen de maniobra para implementar nuevas políticas o inversiones.
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Protección de menores en Internet: el sector se libra del debate
El Proyecto de Ley de Protección de menores en entornos digitales es una de las iniciativas que el Ejecutivo había acelerado en las últimas semanas. Se prevé cerrar el periodo de enmiendas el próximo 12 de noviembre y se esperaba una dura batalla en ponencia por ver sobre quién se descarga la responsabilidad del control parental, si sobre los fabricantes de dispositivos o sobre los operadores de telecomunicaciones. Las patronales digitales no terminan de tener un criterio común sobre este asunto espinoso.
Si Junts ya ha anunciado que se desvincula de las normas cuya génesis sea el Ejecutivo, evita mancharse las manos en un debate complejo donde hay intereses económicos contrapuestos. El bloqueo de esta norma beneficia indirectamente a un sector que se resiste a asumir mayores responsabilidades en el control del acceso de menores a contenidos inapropiados. La formación catalana elude así posicionarse en una cuestión que enfrenta a grandes empresas tecnológicas y operadoras de telecomunicaciones.
