El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cumplió el pasado sábado el segundo aniversario de su última investidura en un contexto político marcado por la ruptura con Junts, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y una agenda judicial que condiciona la actividad gubernamental. El líder socialista insiste en agotar la legislatura hasta 2027 y reivindica sus logros económicos y sociales, la oposición subraya los escándalos de corrupción que han salpicado al partido y las dificultades para aprobar iniciativas legislativas sin mayoría parlamentaria estable.
El 16 de noviembre de 2023 marcó el inicio de una legislatura extraordinariamente compleja para el Gobierno español. Pedro Sánchez logró entonces renovar su cargo como presidente del Ejecutivo con 179 votos favorables, obtenidos tras laboriosas negociaciones que incorporaron a siete fuerzas políticas distintas, incluyendo el apoyo decisivo de los siete diputados de Junts per Catalunya liderados por Carles Puigdemont. Dos años después, ese pacto de investidura se ha roto oficialmente, dejando al Gobierno sin la mayoría parlamentaria que le permitió acceder al poder y sumergiendo la legislatura en una incertidumbre que muchos analistas califican como estructural e irreversible.
El segundo aniversario sirvió al PSOE para desplegar una estrategia comunicativa centrada en reivindicar los logros alcanzados durante este período. A través de un vídeo difundido en redes sociales, Sánchez aseguró que su Ejecutivo defiende las cosas que realmente interesan a la gente de a pie y enumeró avances como la superación de los 22 millones de personas ocupadas, el crecimiento económico superior al de otras economías avanzadas, y la aprobación de medidas en materia de vivienda, incluyendo la eliminación de las visas doradas y la regulación de los alquileres de temporada. El presidente también destacó los 8.000 millones de euros comprometidos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la reciente DANA, presentando esta respuesta como muestra de la capacidad de reacción del Gobierno ante situaciones de emergencia.
La respuesta del PP: corrupción y promesas incumplidas
El Partido Popular respondió con un contravídeo igualmente difundido en redes sociales, resumiendo los dos años de legislatura como un período caracterizado por mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción. La pieza audiovisual de los populares arranca recordando la defensa que Sánchez hizo de la Ley de Amnistía para Cataluña, presentándola como el pecado original de una legislatura construida sobre concesiones inaceptables al independentismo catalán. A continuación, el montaje recorre los principales episodios judiciales que han marcado este período: el caso Koldo, las investigaciones contra el exministro José Luis Ábalos, las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, y el procesamiento de Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE.
El PP también centra sus críticas en la cuestión de la vivienda, recordando la promesa incumplida de Sánchez de que esta sería la legislatura de la vivienda. El vídeo popular concluye con una escena que parodia la polémica campaña lanzada por el Ministerio del ramo, mostrando a un anciano compartiendo piso con otros inquilinos, aludiendo así a las dificultades que enfrentan los españoles para acceder a una vivienda digna. Esta contraofensiva comunicativa refleja la estrategia del principal partido de la oposición de vincular la imagen del Gobierno con la corrupción y la ineficacia gestora, preparando el terreno para futuras confrontaciones electorales.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, aprovechó el aniversario para contrastar la situación española con la de Extremadura, donde la candidata popular María Guardiola convocó elecciones anticipadas acusando a Vox de bloquear la gobernabilidad. El líder de los populares señaló que mientras Sánchez trata de retrasar lo inevitable, Guardiola afronta la situación con determinación, valentía y respeto hacia los ciudadanos. Esta comparación busca presentar al PP como un partido capaz de tomar decisiones difíciles frente a un Gobierno que, según la narrativa conservadora, se aferra al poder sin condiciones para gobernar efectivamente.
El peso de la agenda judicial sobre el Ejecutivo
La dimensión judicial constituye uno de los elementos más condicionantes para la supervivencia política del Gobierno de Sánchez. El caso Koldo, que inicialmente parecía circunscrito a la figura del exministro Ábalos, ha evolucionado hacia una investigación más amplia que alcanzó al núcleo duro del presidente con la imputación y posterior encarcelamiento de Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accedió recientemente a varias sedes de la constructora Acciona en Bilbao y Madrid, ampliando las pesquisas sobre adjudicaciones de obra pública que se remontarían a 2015, mucho antes del actual mandato pero vinculadas a figuras clave del aparato socialista.
Paralelamente, continúan las investigaciones sobre Begoña Gómez, con el juez Juan Carlos Peinado manteniendo activas varias líneas de investigación que incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida. El domingo que se cumplió el segundo aniversario de la investidura estaba prevista la declaración del último testigo en la causa contra la esposa del presidente, manteniendo así la presión mediática y política sobre el Ejecutivo. Estas investigaciones, independientemente de su resultado final, contribuyen a proyectar una imagen de Gobierno acosado judicialmente que la oposición explota sistemáticamente en su estrategia de desgaste.
El propio Sánchez protagonizó recientemente una comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde recurrió en múltiples ocasiones a la expresión no me consta para responder a las preguntas más comprometidas sobre su conocimiento de las actuaciones de sus colaboradores. Esta estrategia defensiva, si bien puede resultar jurídicamente prudente, alimenta la percepción de opacidad y falta de transparencia que sus críticos denuncian sistemáticamente. La carta a la ciudadanía que Sánchez publicó en abril del año pasado, anunciando cinco días de reflexión sobre su continuidad, constituye otro episodio que el PP incorpora a su narrativa sobre un presidente supuestamente desbordado por las circunstancias.
El desafío de gobernar sin presupuestos ni mayoría
La ruptura con Junts per Catalunya, oficializada coincidiendo con el segundo aniversario de la investidura, representa el mayor desafío político para la continuidad del Gobierno. Los independentistas catalanes justificaron su decisión argumentando incumplimientos en aspectos fundamentales del acuerdo de Bruselas: la lenta aplicación de la Ley de Amnistía por parte de los tribunales, la ausencia de avances en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y la falta de progresos en materia de financiación autonómica. Puigdemont anunció que su partido presentará enmiendas a la totalidad contra todas las iniciativas legislativas del Gobierno, bloqueando efectivamente la capacidad de Sánchez para tramitar reformas normativas.
Esta situación se produce en un contexto donde el Ejecutivo lleva ya dos años sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, funcionando con las cuentas prorrogadas de la anterior legislatura. La presentación de la senda de déficit prevista para esta semana constituye un paso previo imprescindible para intentar negociar unos presupuestos que, en el escenario actual de ruptura con Junts, parecen prácticamente imposibles de sacar adelante. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que la legislatura sigue avanzando y que el Gobierno mantiene su capacidad de acción, pero los hechos evidencian limitaciones crecientes para aprobar medidas que requieran respaldo parlamentario.
Sánchez ha reiterado en múltiples ocasiones su determinación de agotar el mandato hasta 2027, rechazando cualquier posibilidad de adelanto electoral. Esta estrategia de resistencia responde tanto a la convicción de que cuenta con instrumentos suficientes para gobernar en minoría como al cálculo de que unas elecciones anticipadas en el contexto actual podrían resultar especialmente desfavorables para el PSOE. El presidente confía en que la mejora de los indicadores económicos y la gestión de crisis como la de la DANA acaben trasladándose en apoyo electoral, permitiendo remontar una situación política que muchos observadores consideran insostenible a medio plazo.
La cuestión que permanece abierta es si Sánchez podrá efectivamente completar la legislatura o si la acumulación de presiones —judiciales, parlamentarias, mediáticas— acabará forzando una salida anticipada del Ejecutivo. Los próximos meses serán determinantes para resolver esta incógnita, con la negociación presupuestaria como test decisivo de la verdadera capacidad de supervivencia del Gobierno más frágil de la democracia española reciente.
