El presidente del Gobierno reconoce los incumplimientos del pacto de investidura y aprueba medidas económicas exigidas por los independentistas en un intento de desbloquear la situación parlamentaria. Las ejecutivas del PSOE y la UGT coinciden en que vale la pena continuar con la legislatura pese al bloqueo, mientras Feijóo intensifica su presión sobre la patronal catalana para lograr el apoyo de Junts a una moción de censura.
El Gobierno atraviesa uno de los momentos más delicados de la legislatura. La ruptura anunciada por Junts per Catalunya en noviembre, que se materializó con enmiendas a la totalidad a más de 25 leyes y el veto a otras 21 iniciativas en tramitación, ha colocado al Ejecutivo en una situación de fragilidad parlamentaria extrema. La respuesta de Pedro Sánchez ha llegado a través de un decreto económico aprobado en el Consejo de Ministros y de una serie de entrevistas en medios catalanes donde ha reconocido abiertamente los incumplimientos con el partido de Carles Puigdemont. Durante su intervención en RAC1, el presidente admitió la gravedad de la crisis y asumió en primera persona los retrasos en el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el acuerdo de Bruselas.
El decreto aprobado incluye medidas concretas que responden a exigencias de Junts. Entre ellas destaca la flexibilización del margen de gasto de entidades locales y ayuntamientos para realizar inversiones financieramente sostenibles que no impliquen gasto corriente, como la construcción de vivienda o la gestión del agua. Sánchez justificó esta medida como beneficiosa tanto para los consistorios catalanes como para el conjunto del Estado. Adicionalmente, el Gobierno ampliará el plazo para que las empresas digitalicen sus procesos de facturación, una demanda del empresariado catalán recogida por Junts. Próximamente, se aprobará otro decreto para crear una partida de ayudas a propietarios ante impagos en arrendamientos a jóvenes o familias vulnerables.
El presidente también se refirió a otros compromisos pendientes. Respecto a la desclasificación de documentos sobre la Operación Cataluña, consideró cumplida esta reivindicación mediante las iniciativas en tramitación en el Congreso. Sobre las balanzas fiscales, indicó que se trabaja para determinar una cifra real sobre la relación fiscal entre Cataluña y el Estado. Sánchez mostró optimismo respecto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia, señal de que el Ejecutivo busca recomponer puentes tras semanas de tensión. Preguntado sobre la posibilidad de reunirse con Puigdemont, el presidente señaló que no están en ese momento, recordando que las conversaciones están rotas, aunque manifestó que nunca ha tenido problemas para dialogar con el expresidente catalán.
Apuesta por la continuidad parlamentaria
Desde la Moncloa, la consigna es mantener la calma ante el escenario de bloqueo. Fuentes gubernamentales reconocen la gravedad de la situación pero subrayan que Junts no quiere hacer caer al Ejecutivo, sino forzar el cumplimiento de los pactos. El Gobierno considera que la ruptura tiene un alto componente táctico y confía en que la legislatura no solo resistirá, sino que servirá para reposicionar a Sánchez como un líder capaz de gestionar la adversidad. La estrategia pasa por ganar tiempo mediante decretos y acuerdos puntuales, aunque reconocen que el margen político y parlamentario se ha reducido al mínimo.
Esta percepción es compartida por las ejecutivas del PSOE y la UGT, que en un encuentro reciente coincidieron en valorar positivamente la continuidad de la legislatura. Según fuentes consultadas, ambas organizaciones consideran que vale la pena seguir peleando y continuar con la legislatura pese a las evidentes dificultades. El análisis interno del Ejecutivo señala que el endurecimiento de Junts responde más a una estrategia de reafirmación interna que a una ruptura definitiva. El precedente de la ley de amnistía pesa en este cálculo, ya que tras semanas de tensión y discursos maximalistas, Junts acabó votando a favor.
El Gobierno ha decidido apoyarse en la reforma del sistema de financiación autonómica como eje de poder que trasciende la aritmética parlamentaria. La negociación, que involucra al ministro Ángel Víctor Torres y a la ministra María Jesús Montero, busca no solo reequilibrar los recursos entre comunidades, sino también aislar a Junts. El cálculo de Moncloa es que si Puigdemont mantiene el veto, tendrá que explicar por qué se opone a una reforma que podría aportar unos 4.500 millones de euros adicionales anuales a Cataluña. En ese escenario, el presidente de la Generalitat Salvador Illa se erigiría como garante de la estabilidad e interlocutor principal de Sánchez en Cataluña.
Feijóo presiona mediante la patronal catalana
El líder del PP eligió Barcelona como escenario para intensificar su ofensiva contra el Gobierno. Ante un auditorio repleto de empresarios en Foment del Treball, Alberto Núñez Feijóo pidió ayuda explícita para convencer a Junts y ERC de sumarse a una moción de censura instrumental contra Sánchez que culminaría en la convocatoria inmediata de elecciones generales. Durante su intervención ante la patronal catalana, encabezada por su presidente Josep Sánchez Llibre, Feijóo subrayó que no le faltan ganas para presentar la moción, sino los votos necesarios para hacerlo.
El presidente del PP se dirigió directamente a los empresarios presentes afirmando que en esa sala había muchas personas que habían votado a Junts o ERC. Feijóo expresó su convencimiento de que la mayoría no comparten la deriva económica, legislativa ni ética del Gobierno. El líder popular reconoció que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos, pero se mostró abierto a impulsar una moción con un único compromiso: convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan decidir en las urnas qué Gobierno quieren. El tono estuvo calculado para transmitir solvencia, moderación y estabilidad institucional frente a lo que describió como un Gobierno inhabilitado por su fragilidad parlamentaria.
La propuesta de Feijóo se formula en un contexto político explosivo. El ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y arquitecto de la moción que llevó a Sánchez a la Moncloa, ha reavivado el discurso del PP sobre la deriva ética del Gobierno. El líder popular insistió en que el sanchismo ha entrado en prisión, un mensaje con fuerte carga simbólica dirigido tanto al empresariado catalán como al conjunto de la opinión pública. Durante su intervención, Feijóo esgrimió un relato que entronca con las inquietudes empresariales: falta de presupuestos, incertidumbre regulatoria, inflación al alza y déficit en infraestructuras en Cataluña.
La respuesta de Junts no se hizo esperar. El secretario general del partido, Jordi Turull, tachó de osadía el llamamiento de Feijóo durante su intervención ante el Consell Nacional de Junts. Turull descartó el volantazo hacia una moción de censura con el PP y exigió al líder popular que pida disculpas por boicotear el uso del catalán en la Unión Europea. El dirigente independentista insistió en que el PP debe pedir perdón por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civil y políticamente a líderes catalanes. También recordó la moción de censura preventiva a Xavier Trias pactada entre PP y PSC que permitió a los socialistas gobernar en Barcelona.
Escenario de máxima incertidumbre
El verdadero impacto del portazo de Junts se mide en términos económicos. Al menos seis de las leyes bloqueadas son indispensables para recibir los próximos pagos de los fondos europeos, que ascienden a más de 90.000 millones de euros pendientes. La decisión de Junts deja en suspenso más de medio centenar de iniciativas legislativas y pone en el aire las principales reformas vinculadas a los fondos Next Generation, cuyo desembolso depende de su aprobación. El problema para el Gobierno es que muchas de estas reformas dependen también de otros grupos como Podemos, que ya ha dejado claro que no respaldará algunas de las exigencias de Junts.
Junts ha dejado abiertas solo tres excepciones al bloqueo: la Ley del Cine, la Ley de Atención al Cliente —ambas con medidas en favor del catalán— y la Ley de Movilidad Sostenible, esencial para liberar una partida de 10.000 millones de euros en fondos europeos. Fuentes de Junts consideran que el decreto aprobado esta semana es un paso dado después de varios acercamientos del Gobierno y lo enmarcan en la necesidad de Sánchez de sostener la legislatura. Los independentistas creen que toca cumplir, que por eso firmaron los pactos, pero siguen desconfiando. Estas fuentes recalcan que estarán atentos a los pasos del PSOE pero afirman que nada cambia la posición que anunciaron al romper con el presidente.
Pese al nuevo escenario, en Moncloa descartan un adelanto electoral. Se puede bloquear el Congreso, pero no al Gobierno, aseguran fuentes del Ejecutivo. La apuesta es mantener viva la legislatura mediante decretos y acuerdos puntuales con diferentes grupos parlamentarios. El Gobierno también ha intentado compensar el bloqueo con gestos en el ámbito europeo. El ministro de Exteriores José Manuel Albares se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola para avanzar en el uso oficial del catalán, euskera y gallego en Bruselas. Se trata de una iniciativa en la que Gobierno y Generalitat cooperan estrechamente, pero que no compensa a ojos de Junts la falta de avances en los compromisos internos.
La legislatura atraviesa un momento de máxima tensión política con un horizonte incierto. El cálculo del Gobierno es que la negociación de la financiación autonómica se desarrollará en paralelo al ciclo electoral que se abrirá con las elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre y se extenderá hasta las autonómicas de Andalucía y Castilla y León. Moncloa pretende aprovechar ese calendario para proyectar una imagen de Ejecutivo que sigue distribuyendo recursos y promoviendo acuerdos, mientras el PP aparece replegado en la oposición y Junts en un bloqueo que el Gobierno considera estéril. La incógnita es si esta estrategia será suficiente para recomponer la relación con los independentistas o si la legislatura terminará consumiéndose en una parálisis parlamentaria definitiva.
