El presidente del Gobierno instruye a sus ministros para que aprueben iniciativas sociales sin necesidad de validación parlamentaria: La nueva portavoz, Elma Saiz, justifica públicamente la estrategia afirmando que «hay mucho que se puede hacer que no tenga que tener ese rango legal». El giro táctico responde a las reiteradas dificultades para conseguir apoyos en una Cámara cada vez más fragmentada.
Pedro Sánchez ha ordenado a su gabinete ministerial que prioricen la aprobación de medidas sociales mediante vías reglamentarias y órdenes ministeriales que no requieran la validación del Congreso de los Diputados. La directriz, comunicada durante el Consejo de Ministros del sábado 28 de diciembre, marca un cambio de estrategia del Ejecutivo ante las crecientes dificultades para obtener respaldo parlamentario en una legislatura caracterizada por derrotas como el rechazo en enero pasado del decreto ómnibus que incluía la revalorización de pensiones.
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien asumió el cargo el 23 de diciembre en sustitución de Pilar Alegría, justificó abiertamente esta estrategia en declaraciones este lunes. «Lo raro sería que un Gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente», afirmó Saiz en una entrevista recogida por varios medios, añadiendo que «hay medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Hay mucho que se puede hacer que no tenga que tener ese rango legal». Las palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman un giro táctico del Ejecutivo ante la aritmética parlamentaria adversa.
Entre las iniciativas anunciadas que se tramitarán por vía ejecutiva figuran nuevas prestaciones en materia de dependencia y ayudas a la emancipación juvenil. Sánchez presentó estos planes durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros del sábado, enfatizando que el Gobierno mantiene «la responsabilidad de seguir trabajando por las personas» independientemente de los obstáculos en el Congreso. El presidente evitó hacer referencia explícita a las derrotas parlamentarias sufridas a lo largo de 2025, centrando su discurso en la necesidad de continuar con la agenda social del Ejecutivo.
Fractura parlamentaria que marca la legislatura
El cambio de estrategia de Sánchez responde a una realidad parlamentaria cada vez más compleja. El episodio más traumático para el Gobierno se produjo el 22 de enero de 2025, cuando el Congreso rechazó el decreto ómnibus que incluía la revalorización de pensiones, las ayudas al transporte público y medidas del escudo social. La votación, con 177 votos en contra frente a 171 a favor, evidenció la fragilidad de la mayoría gubernamental cuando PP, Vox y Junts per Catalunya se alinearon para tumbar el texto.
Aquel rechazo tuvo consecuencias directas para millones de españoles. La subida del 2,8% de las pensiones contributivas quedó en suspenso durante semanas, los descuentos del 50% en abonos de transporte público caducaron temporalmente, y las ayudas a hogares vulnerables para evitar cortes de suministros quedaron bloqueadas. El Gobierno necesitó posteriormente trocear el decreto y negociar por separado con diferentes grupos parlamentarios para recuperar esas medidas, un proceso que consumió semanas de negociaciones y desgastó políticamente al Ejecutivo.
Desde entonces, el Ejecutivo ha acumulado otras derrotas o dificultades extremas en votaciones clave. La senda de déficit para 2026-2028 fue rechazada a mediados de diciembre, obligando al Gobierno a aplicar automáticamente los objetivos fiscales remitidos previamente a Bruselas, que dejan menor margen de gasto a las comunidades autónomas. Los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados por tercer año consecutivo, con las cuentas de 2023 todavía vigentes ante la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios para aprobar nuevos presupuestos.
Gobernar sin el Congreso
Elma Saiz, en su primera semana como portavoz gubernamental, ha asumido la defensa pública de la nueva estrategia legislativa. En la entrevista concedida a la Cadena Ser este lunes, la ministra argumentó que la legislatura sigue siendo «viable» pese a la falta de presupuestos aprobados y las derrotas parlamentarias. «Lo es cuando todas las semanas seguimos reduciendo los índices de pobreza, cae la temporalidad, miramos a los ojos a los 22 millones de afiliados, cuando se mejoran las previsiones económicas», declaró Saiz, destacando indicadores macroeconómicos favorables como argumento de estabilidad.
La portavoz rechazó que la estrategia de aprobar medidas ejecutivas represente un intento de eludir el control parlamentario, señalando que se trata de «herramientas legales» a disposición del Gobierno. Sin embargo, sus propias palabras reconocen implícitamente las dificultades aritméticas: al afirmar que «hay mucho que se puede hacer que no tenga que tener ese rango legal», Saiz admite que el Ejecutivo debe buscar vías alternativas al procedimiento legislativo ordinario para cumplir su agenda.
Entre las medidas que Sánchez anunció para tramitación ejecutiva destacan la ampliación de recursos para la atención a la dependencia mediante modificaciones en los baremos y procedimientos administrativos, y un nuevo paquete de ayudas destinadas a facilitar la emancipación de jóvenes que se desarrollará mediante órdenes ministeriales. Estas iniciativas se materializarán a través de desarrollos reglamentarios y modificaciones normativas que no requieren votación en el Congreso, aunque su alcance presupuestario será necesariamente más limitado que el de una ley o un real decreto-ley respaldado parlamentariamente.
La oposición ya ha anunciado que fiscalizará estas iniciativas con lupa. El Partido Popular ha advertido que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que considere una extralimitación de las competencias del Ejecutivo, argumentando que determinadas políticas requieren necesariamente respaldo parlamentario. Desde Junts, por su parte, advierten que la estrategia de sortear al Congreso puede agravar aún más las tensiones con los socios parlamentarios del Gobierno, que interpretan estos movimientos como un desprecio a la función de control de la Cámara.
El giro táctico de Sánchez refleja la extrema fragilidad de su mayoría parlamentaria en la recta final de 2025. Con 121 escaños del PSOE y 31 de Sumar, el Gobierno depende de una constelación de partidos nacionalistas y regionalistas cuyos apoyos se han vuelto cada vez más impredecibles. La aritmética se complica especialmente tras el distanciamiento progresivo de Junts, que con sus siete diputados ha condicionado votaciones clave exigiendo avances en el conflicto catalán y acusando reiteradamente al Ejecutivo de incumplir los acuerdos de investidura.
Saiz insistió en que el Gobierno presentará un proyecto de Presupuestos Generales del Estado durante el primer trimestre de 2026, aunque admitió que las negociaciones requerirán «discreción y perfil bajo». Mientras tanto, el Ejecutivo continuará con las cuentas de 2023 prorrogadas, una situación que la portavoz defendió afirmando que «unos presupuestos prorrogados tan positivos nos permiten esa cohesión social». La estrategia de recurrir cada vez más a medidas ejecutivas sin respaldo parlamentario plantea interrogantes sobre los límites del poder reglamentario del Gobierno y la capacidad del Congreso para ejercer su función de control sobre el Ejecutivo.
