El presidente del Gobierno utilizó su comparecencia en el Congreso para atacar la gestión del PP en las comunidades autónomas y esquivar los casos judiciales que afectan a su entorno. Feijóo exigió elecciones anticipadas mientras presentaba una rebaja fiscal histórica para vivienda. La sesión confirmó la parálisis parlamentaria tras la ruptura de Junts y la ausencia de presupuestos.
Pedro Sánchez compareció en el Congreso para rendir cuentas sobre las últimas cumbres europeas y la corrupción que rodea a su Gobierno, pero transformó la sesión en un ataque frontal contra la gestión sanitaria y las privatizaciones del PP en las comunidades autónomas. El líder socialista dedicó más de 35 minutos a criticar a los presidentes regionales conservadores, mientras evitaba pronunciarse sobre los casos judiciales que afectan a dirigentes de su partido y a personas de su entorno cercano.
El jefe del Ejecutivo centró su estrategia en denunciar lo que calificó como formas de corrupción en las autonomías gobernadas por el PP, incluyendo las privatizaciones de servicios públicos. Sánchez dirigió ataques específicos contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión sanitaria en Madrid, donde aseguró que el hospital privado Quirón siempre gana mientras los ciudadanos pierden, y contra Juanma Moreno Bonilla en Andalucía por la crisis de los cribados del cáncer. El presidente acusó al PP de utilizar fondos públicos para satisfacer a las élites en lugar de contratar más personal sanitario.
Alberto Núñez Feijóo respondió exigiendo la convocatoria inmediata de elecciones y acusando al presidente de estar acorralado por la corrupción y sin mayoría parlamentaria. El líder del PP cuestionó directamente a Sánchez sobre si ya le consta la existencia de Koldo García, la decencia de Santos Cerdán y la solidez de José Luis Ábalos, en referencia a los casos judiciales abiertos. La oposición popular insistió en que la situación es insostenible con un Gobierno sin presupuestos ni capacidad de legislar tras el portazo de Junts.
Sin embargo, Sánchez eludió cualquier mención a las últimas revelaciones sobre el caso Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, pese a que formaba parte del título de la comparecencia urgente solicitada por el PP. El presidente tampoco se refirió a la investigación de la Audiencia Nacional sobre una posible caja B en el PSOE ni a la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se producía simultáneamente en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
La estrategia de Sánchez quedó resumida en palabras de un miembro de su equipo al finalizar la intervención inicial. La Moncloa confirmó que el objetivo era instalar en la agenda política el debate sobre privatizaciones frente al de la corrupción, para crear un nuevo marco de cara al próximo ciclo electoral. El Gobierno busca centrar el discurso en el para qué se quiere gobernar, poniendo el foco en lo que hace el PP donde tiene poder, según fuentes del Ejecutivo.
Feijóo contraataca con rebajas fiscales
El presidente del PP aprovechó su turno para presentar una propuesta sobre vivienda que calificó de audaz y rompedora. Feijóo anunció una rebaja histórica del IVA del 10% al 4% para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes de hasta 40 años. La medida incluye además la posibilidad de prorratear el pago del impuesto a lo largo de toda la vida de la hipoteca, en plazos de 10, 15 o 20 años, lo que según el líder popular eliminaría una importante barrera de entrada al mercado inmobiliario.
El líder de la oposición explicó que para una vivienda media de 300.000 euros a 30 años, en lugar de pagar un IVA de 30.000 euros en el momento de la compra, el impuesto se reduciría a 8.000 euros y se pagaría letra a letra junto con la hipoteca. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP negociarán además extender el beneficio a las compras de segunda mano mediante una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 4%.
Feijóo justificó la medida señalando que la edad media de compra de primera vivienda en España supera los 41 años y que es necesario incentivar fiscalmente su reducción. El presidente popular criticó duramente las políticas intervencionistas del Gobierno en materia de vivienda, que a su juicio han provocado que se disparen los precios al contraer la oferta. La propuesta busca compensar a una generación que, según el PP, ha encontrado con Sánchez una España de propietarios y dejará una España de precarios.
Parálisis legislativa y horizonte electoral
La comparecencia evidenció el bloqueo parlamentario que vive el Gobierno tras la ruptura formal de Junts. Sánchez reiteró su voluntad de llegar a 2027, aunque miembros de su equipo reconocen que hay que evaluar cada semana si se mantiene el apoyo parlamentario necesario. El presidente apenas dedicó 19 minutos de su intervención inicial a mencionar el órdago de los catalanes, sin nombrar de forma expresa al partido de Carles Puigdemont ni a su portavoz Miriam Nogueras.
El Ejecutivo afronta la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, lo que obliga a prorrogar las cuentas actuales aprobadas hace casi dos años. La vicepresidenta María Jesús Montero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar la senda de déficit y el techo de gasto, pero el trámite funcionará como un simple acto formal ante la certeza de que el Congreso tumbará la propuesta igual que hizo en julio pasado.
El ambiente preelectoral que se respira en el Congreso se vio reforzado por las acusaciones cruzadas sobre el modelo de gestión territorial. Sánchez advirtió del riesgo democrático que supone el entendimiento entre PP y Vox, justo cuando se aproximan elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía. El presidente utilizó la crisis valenciana tras la dana y las negociaciones para la sucesión de Carlos Mazón como argumentos para alertar sobre las consecuencias de los pactos con la extrema derecha.
La sesión de control confirmó que la legislatura vive en prórroga constante, sin capacidad real de aprobar reformas ni avanzar en la agenda política. El debate sobre el estado de la región, como lo definieron algunas fuentes parlamentarias, demostró que tanto Gobierno como oposición han iniciado ya la precampaña electoral, con acusaciones de corrupción por un lado y denuncias de privatización por otro, mientras los grandes problemas de la ciudadanía quedan relegados al intercambio de reproches y descalificaciones mutuas.
