La ejecutiva de Junts per Catalunya aprueba por unanimidad dar por finalizado el pacto de investidura firmado en noviembre de 2023. El líder independentista acusa al PSOE de incumplir los compromisos sobre amnistía, oficialidad del catalán y competencias en inmigración. La decisión se someterá a votación de la militancia entre el miércoles y el jueves. El Gobierno tiende la mano y apuesta por negociar «votación a votación» para salvar la legislatura.
La ejecutiva de Junts per Catalunya aprobó este lunes por unanimidad la propuesta de Carles Puigdemont de romper el pacto de investidura con el Partido Socialista Obrero Español. La decisión, adoptada en una reunión celebrada en la ciudad francesa de Perpiñán, pone fin al acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El anuncio llega en un momento crítico para el Gobierno de coalición, que pierde la mayoría parlamentaria con la que contaba y se enfrenta a su mayor crisis de legislatura. La ruptura se someterá a votación de los cerca de 6.400 militantes de Junts entre el miércoles y el jueves. Los resultados se conocerán el jueves a las 17 horas.
Puigdemont compareció ante la prensa en Perpiñán para explicar las razones de la ruptura. El líder independentista acusó al Gobierno de incumplir los compromisos pactados hace dos años. «Un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto», afirmó. El expresidente de la Generalitat señaló tres grandes bloques de incumplimiento. Primero, la aplicación de la amnistía, que sigue bloqueada por los tribunales y no ha permitido su regreso a España. Segundo, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que permanece estancada pese a las recientes gestiones diplomáticas con Alemania. Tercero, la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el voto en contra de varios partidos, incluido Podemos.
«No hay confianza política entre Junts y el PSOE, y no vemos voluntad para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma», declaró Puigdemont. El dirigente independentista reprochó al Gobierno la falta de información sobre las balanzas fiscales y las cifras de ejecución presupuestaria en Cataluña. «¿Cómo podemos negociar unos presupuestos si no sabemos cómo se han ejecutado los del año anterior?», se preguntó. También mencionó el bloqueo de las leyes de multirreincidencia y okupación, que según denunció «duermen el sueño de los justos». Puigdemont advirtió que el Gobierno «sólo se mueve por el tacticismo del poder» y que los socialistas han ignorado los avisos que Junts ha ido enviando durante meses.
«Podrán ocupar poltronas, pero no gobernar»
El líder de Junts lanzó un mensaje contundente sobre las consecuencias de la ruptura. «El gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no gobernar», afirmó. Puigdemont anunció que a partir de este momento su partido pasará a «ejercer la oposición» y que no votarán las iniciativas del Gobierno de forma automática. Sin embargo, el expresidente catalán no mencionó la posibilidad de presentar una moción de censura junto al Partido Popular y Vox. Fuentes de Junts señalaron que romper el pacto no implica necesariamente tumbar al Ejecutivo, sino retirar el apoyo parlamentario sistemático.
La reacción del Gobierno fue de cautela. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, tendió la mano a Junts. «Vale la pena dialogar, negociar, alcanzar acuerdos», declaró en rueda de prensa. Mínguez subrayó que su formación mantiene «la mano tendida» hacia los independentistas y apostó por «el diálogo» y la «búsqueda de acuerdo» porque cree que «vale la pena» seguir gobernando. Desde Moncloa expresaron «respeto máximo» por las decisiones que toma Junts y recordaron que el Ejecutivo tiene «la mano extendida». Fuentes gubernamentales señalaron que la estrategia será negociar «votación a votación» cada iniciativa legislativa que se presente en el Congreso.
La consulta a la militancia de Junts se celebrará de forma telemática. El método no resulta novedoso para el partido. Puigdemont ya recurrió a esta fórmula en 2022 para que las bases respaldaran su decisión de abandonar el gobierno de Pere Aragonès. También se produjo una consulta en 2023 cuando se sometió a los militantes el pacto con el PSOE firmado en Bruselas. La dirección de Junts confía en que la militancia, mayoritariamente escéptica respecto a los pactos con Moncloa, ratificará la ruptura por amplia mayoría. El resultado se conocerá el jueves y marcará el inicio de una nueva etapa en la legislatura española. El martes se reunirá en Barcelona el Consejo Nacional de Junts para activar los mecanismos internos necesarios para habilitar la votación.
Escenario de incertidumbre
El contexto de la ruptura resulta complejo. Junts lleva meses cayendo en las encuestas, presionado sobre todo por Aliança Catalana, formación de derecha que compite por el mismo electorado. Esa competencia ha llevado al partido de Puigdemont a un giro hacia posiciones más críticas con la inmigración y de mano dura ante la inseguridad. La estrategia resulta cada vez más incompatible con los pactos constantes con un Gobierno de coalición de izquierda. En el primer año de acuerdo, Junts apoyó el 75 por ciento de las propuestas del Gobierno. Sin embargo, la relación se deterioró progresivamente. Los independentistas nunca estuvieron satisfechos con el papel del Ejecutivo respecto a la aplicación de la ley de amnistía por parte de los tribunales.
La ruptura abre un escenario de incertidumbre. Pedro Sánchez gobierna en minoría y necesita negociar con varios grupos de izquierda y nacionalistas para sacar adelante cada una de sus iniciativas parlamentarias. Los siete diputados de Junts resultan clave en un Congreso fraccionado. Sin su apoyo, el Gobierno tendrá serias dificultades para aprobar leyes y presupuestos. Coalición Canaria, socio de investidura del PSOE, pidió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza tras el anuncio de Junts. El presidente ha reiterado en las últimas semanas su intención de agotar la legislatura hasta 2027, incluso sin presupuestos aprobados. No obstante, la situación obliga al Ejecutivo a calibrar si convoca un diálogo urgente, si intenta recomponer mayorías con otros grupos o si prepara una estrategia para gobernar con los apoyos puntuales que pueda conseguir en cada votación.
