La formación morada presentará una proposición de ley en el Congreso para que el Estado se convierta en el accionista mayoritario de la petrolera. Irene Montero critica que el Gobierno otorgue un premio de innovación a quien considera la empresa más contaminante de España, justo cuando Pedro Sánchez viaja a Belém para participar en la cumbre climática más importante del mundo. La propuesta llega en un momento de creciente debate sobre el papel de las grandes energéticas en la transición ecológica.
Podemos ha lanzado su ofensiva más ambiciosa contra Repsol. La formación morada anunció este viernes que presentará próximamente en el Congreso una proposición de ley para convertir al Estado en accionista mayoritario de la petrolera española, en lo que supone una apuesta frontal por recuperar el control público sobre una empresa que fue privatizada hace décadas por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar. El anuncio se produce precisamente cuando arranca en Belém, Brasil, la COP30, la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas que se celebra por primera vez en el corazón de la Amazonía.
La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, protagonizó junto al coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, un acto en la sede del partido en el que expusieron los argumentos de su propuesta. La crítica más contundente de Montero apuntó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por lo que calificó como una flagrante contradicción. «Mientras el presidente está viajando a Brasil para decir muchas palabras bonitas sobre el cambio climático, su propio Gobierno le está dando un premio de innovación del Ministerio de Ciencia a la empresa más contaminante de España, Repsol», señaló la exministra de Igualdad. Montero defendió que su partido quiere volver a gobernar para nacionalizar esta empresa y recuperarla para lo público, después de que fuera entregada a manos privadas por los ejecutivos socialistas y populares.
Podemos justifica su propuesta argumentando que Repsol representa uno de los principales obstáculos en la lucha contra el cambio climático en España. López de Uralde recordó durante el acto que los años 2023, 2024 y 2025 han sido los más calurosos desde que existen registros, evidencia del acelerado calentamiento global que experimenta el planeta. El ecologista citó las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien advirtió que demasiadas corporaciones están obteniendo ganancias récord de la devastación climática y que demasiados líderes siguen cautivos de los intereses de los combustibles fósiles en lugar de proteger el interés público. Según datos del Observatorio de Sostenibilidad, Repsol es responsable del 62% de las emisiones de todas las empresas del Ibex 35, seguida de lejos por Naturgy con un 15%, Iberdrola con un 7% y Endesa con un 4%.
Una historia de privatizaciones
La propuesta de Podemos reabre el debate sobre las privatizaciones de empresas estratégicas que se produjeron en España desde mediados de los años ochenta. Repsol, creada en 1987 por el gobierno de Felipe González para concentrar el negocio petrolero del Estado, comenzó su proceso de privatización apenas dos años después, en 1989, con la venta del 26% de su capital en lo que fue la mayor operación bursátil de la historia española hasta ese momento. El proceso culminó definitivamente en 1997, cuando el gobierno de José María Aznar completó la transferencia total de la compañía al sector privado. Entre ambos ejecutivos, se llevaron a cabo cerca de 130 privatizaciones de empresas públicas que ingresaron en las arcas del Estado más de 50.000 millones de euros, aunque la transparencia y el precio de estas operaciones fueron posteriormente cuestionados por el Tribunal de Cuentas.
La petrolera obtuvo un resultado neto de 1.756 millones de euros en 2024, lo que supone un descenso del 45% respecto al año anterior, en un contexto marcado por menores precios de los hidrocarburos y bajos márgenes de refino. El resultado ajustado alcanzó los 3.327 millones de euros. La compañía prevé inversiones netas entre 3.500 y 4.000 millones de euros para 2025, con unos 2.000 millones destinados a desinversiones y rotaciones. Además, el grupo procederá a recompras de acciones por un mínimo de 700 millones de euros este año. Repsol ha defendido su plan de descarbonización hacia las emisiones cero netas en 2050, aunque organizaciones ecologistas como Greenpeace han criticado que sus objetivos de reducción a corto plazo sean insuficientes y que la compañía continúe apostando por la extracción de petróleo y gas no convencional mediante fracking en Estados Unidos.
La propuesta de nacionalización llega en un momento político delicado. Montero consideró que la legislatura está prácticamente muerta tras el bloqueo anunciado por Junts, que ha decidido no apoyar los Presupuestos Generales del Estado. La dirigente de Podemos advirtió que Sánchez podría utilizar los presupuestos como excusa para convocar elecciones anticipadas, en lugar de intentar sacarlos adelante. La formación morada insiste en que España necesita que vuelva a gobernar una izquierda fuerte con Podemos para hacer las transformaciones que el país requiere, incluida la nacionalización de Repsol. Montero también aprovechó para criticar la política migratoria del Gobierno, al que acusó de financiar centros en Mauritania que consideró cárceles ilegales que atentan contra los derechos humanos, aplicando una política calcada a la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
La COP30 que se celebra del 10 al 21 de noviembre en Belém se presenta como un momento crucial para el futuro climático del planeta. La cumbre, bautizada como la COP de la selva, reúne a más de 50.000 participantes de 197 gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones sociales y delegaciones indígenas. Brasil, anfitrión del evento, ha invertido cerca de 4.700 millones de reales en preparativos e infraestructuras para una conferencia que se desarrolla en una de las ciudades más vulnerables al cambio climático. La cumbre se centra en los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, la presentación de nuevos planes de acción nacionales y los avances en compromisos financieros contraídos en la COP29. La ausencia de Estados Unidos, que abandonó el Acuerdo de París tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, marca esta edición con un vacío diplomático significativo.
El debate sobre la nacionalización de Repsol plantea cuestiones fundamentales sobre el modelo energético español y el papel del Estado en sectores estratégicos. Mientras Podemos argumenta que el control público garantizaría que la energía sea un derecho y el cuidado del planeta una realidad, desde el sector empresarial se defiende que las compañías privadas son más eficientes y que la transición energética requiere inversiones masivas que solo el mercado puede proporcionar. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido abandonar el radicalismo ecologista y desarrollar una estrategia adecuada para reducir emisiones, argumentando que la demanda mundial de petróleo y gas seguirá aumentando durante la próxima década según todos los estudios. La propuesta de Podemos tendrá que sortear un parlamento fragmentado donde el partido cuenta con escasa representación, lo que hace improbable su aprobación, aunque servirá para mantener el debate energético en la agenda política española.
