El sucesor de Carlos Mazón accede a la presidencia de la Comunidad Valenciana después de cumplir las exigencias de la extrema derecha sobre el Pacto Verde Europeo, la inmigración y la central nuclear de Cofrentes. La investidura se produce en un contexto de fuertes críticas por la gestión de la DANA y tensiones dentro del Partido Popular sobre el rumbo político de la región.
Juan Francisco Pérez Llorca fue investido como octavo presidente de la Generalitat Valenciana con 53 votos a favor y 48 en contra, tras asumir la totalidad de las demandas planteadas por Vox. El antiguo concejal de Urbanismo de Finestrat, que había sido propuesto por Carlos Mazón como su sucesor, accedió al cargo en medio de un clima político marcado por las consecuencias de la DANA del 29 de octubre, que dejó 229 personas fallecidas, y por las crecientes presiones de la extrema derecha para condicionar la agenda política valenciana.
La investidura se produjo después de que el Hemiciclo autonómico presenciara un debate donde las críticas a la gestión de Mazón ocuparon gran parte de las intervenciones. Pérez Llorca defendió su compromiso de «hacer las cosas con un rumbo diferente» y pidió que se hiciera «justicia» respecto a las responsabilidades en la gestión de la catástrofe. Sin embargo, su discurso estuvo dominado por las cesiones realizadas a Vox, necesarias para garantizar el respaldo parlamentario de los 13 diputados de la formación ultraderechista.
El precio de la investidura: cesiones programáticas a Vox
El candidato del PP no dudó en aceptar las condiciones impuestas por Santiago Abascal. En primer lugar, se comprometió a ejecutar un cambio en la posición valenciana respecto al Pacto Verde Europeo, que según los ultras representa una amenaza para los agricultores, ganaderos y pescadores valencianos. Pérez Llorca justificó esta postura afirmando que el acuerdo comunitario supone «más cargas que soluciones» para el sector primario y criticó las «exigencias y controles» que Bruselas impone para permitir la entrada de productos agrícolas de terceros países.
La segunda exigencia cumplida fue el rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes. El nuevo presidente valenciano defendió la continuidad de esta infraestructura como eje de las políticas energéticas de la región, alegando que las consecuencias del cierre de la central en 2030 serían «muy claras» para el territorio. Esta posición representa un giro respecto a la postura mantenida por el Gobierno central y contrasta con los compromisos de España en materia de transición energética.
En materia migratoria, Pérez Llorca anunció que buscará «fórmulas legales» para impedir la acogida de menores extranjeros que están solos en España y que regresan con sus familias, además de dificultar la nacionalidad de los presuntos delincuentes. El presidente valenciano prometió que los ciudadanos «no verán su nivel de vida comprometido» por las políticas migratorias del Gobierno central. También se comprometió a duplicar las deducciones del IRPF y ampliar en dos millones el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, medidas que beneficiarían principalmente a las rentas superiores.
División interna en el PP y críticas de la oposición
La investidura de Pérez Llorca no estuvo exenta de tensiones internas dentro del Partido Popular. Varios diputados autonómicos expresaron reservas sobre el rumbo político acordado con Vox, aunque finalmente respaldaron la propuesta de Mazón. El PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos denunciaron que el nuevo presidente había convertido las exigencias de Vox en su hoja de ruta política. José Muñoz, portavoz socialista, criticó que el PP había «notificado la oposición al reparto de menores migrantes impuesto por el Gobierno de Sánchez» y acusó al nuevo gobierno valenciano de querer «castigar» a las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda.
Desde la bancada de Vox, José María Llanos celebró los compromisos adquiridos por el candidato en materia de inmigración, aunque advirtió que el partido ultraderechista seguirá vigilando el cumplimiento de los pactos. Llanos afirmó que Vox había logrado «profundizar» en algunas de sus demandas y aseguró que la formación no quiere «mirar para otro lado cuando vemos personas que pretenden mantener privilegios» en referencia a las políticas de acogida migratoria.
El líder del PSPV en la Comunidad Valenciana insistió en la necesidad de convocar las Cortes para «reconducir» la situación política tras la catástrofe de la DANA y defendió que el Gobierno central había actuado «en mejores condiciones» que el ejecutivo autonómico durante la gestión de la emergencia. Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, denunció que la investidura había sido «paniaguada» por Vox y sostuvo que el parlamentario valenciano representaba un momento trágico para las familias afectadas por las inundaciones.
Incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo PP-Vox
Aunque Pérez Llorca logró la investidura cumpliendo las demandas de Vox, persiste la incertidumbre sobre la estabilidad futura del pacto. Santiago Abascal declaró que el discurso del nuevo presidente le «sonaba bien», pero varios analistas consideran que las tensiones podrían recrudecer en función de la capacidad del PP para materializar los compromisos adquiridos. El portavoz de Vox en la Comunidad Valenciana advirtió que su formación estará «vigilante» para garantizar el cumplimiento de lo pactado.
La «fórmula valenciana», como la denominan algunos observadores, establece una comunión de intereses entre el PP y Vox que se había ensayado previamente en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y que ahora se consolida en un momento de especial fragilidad política. Esta alianza podría convertirse en referencia para futuros pactos en otras comunidades autónomas, tras los éxitos electorales de la derecha y la extrema derecha en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Baleares.
El nuevo presidente valenciano asume el cargo en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Las consecuencias de la DANA, las divisiones internas del PP sobre el rumbo político territorial y las exigencias de Vox configuran un escenario político incierto para los próximos meses. Pérez Llorca tendrá que demostrar si su compromiso de «hacer las cosas con un rumbo diferente» se traduce en políticas efectivas o si, por el contrario, la Generalitat queda subordinada a las demandas de la extrema derecha.
